Con base en evidencia científica y con fundamento en el marco jurídico vigente, el Gobierno Mexicano llevará a cabo consultas con el de Estados Unidos sobre el impacto ambiental derivado de la construcción de un muro. (Archivo)
El Gobierno mexicano, a través de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Relaciones Exteriores (SRE), intensificó las acciones de evaluación del impacto ambiental en la frontera por la construcción del muro de Estados Unidos.
En un comunicado, ambas dependencias destacaron el compromiso del Gobierno de México con la protección del medio ambiente establecido por la administración del presidente Felipe Calderón en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
En ese sentido, recordaron la existencia de un marco jurídico bilateral en la materia, contenido en el Convenio sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza de 1983 y el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte.
Indicaron que ambos instrumentos prevén mecanismos de solución de controversias, a fin de dar curso a las situaciones de daño ambiental transfronterizo, en principio con la obligación de llevar a cabo consultas sobre proyectos que puedan afectar la zona fronteriza.
Con base en evidencia científica y con fundamento en el marco jurídico vigente, el Gobierno Mexicano llevará a cabo consultas con el de Estados Unidos sobre el impacto ambiental derivado de la construcción de esa barrera física, a fin de buscar soluciones, indicaron.
En este contexto, recordaron que el 30 de julio pasado se dieron a conocer los resultados del taller “Afectaciones al medio ambiente por la construcción del muro fronterizo”.
Señalaron que acciones como la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el programa Proárbol, pretenden que México avance hacia un desarrollo sustentable para mejorar el bienestar de la población, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
La Semarnat y la SRE reconocieron que la edificación de esa barrera física por parte de la Unión Americana ha generado preocupación entre la sociedad civil, las Organizaciones no Gubernamentales ambientales y las autoridades mexicanas.
