“Aquel que busca venganza debe cavar dos tumbas: la de su enemigo y la propia”.
Proverbio chino
Uno de los grandes riesgos a los que se enfrentan los funcionarios públicos en el México actual es el de tomar decisiones. Quien tiene una responsabilidad gubernamental vive bajo un régimen de terror. Por eso nadie quiere firmar nada. La Secretaría de la Función Pública está obsesionada con la idea de encontrar “peces gordos” a los cuales aplastar. El caso de Raúl Muñoz Leos, director general de Pemex de diciembre de 2000 a octubre de 2004, es un ejemplo notable.
La Secretaría de la Función Pública ha sancionado a Muñoz Leos y a Juan Carlos Soriano, ex abogado general de Pemex, con una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos. Además, pretende imponer una multa de 862 millones de pesos a cada uno. Todo su patrimonio, seguramente, no alcanzaría para cubrirla.
¿Por qué una sanción tan salvaje? ¿Se les acusa, acaso, de haber robado dinero de Pemex para enriquecerse de manera ilícita? Nada de eso. La sanción se da por la suscripción de un convenio laboral (el 10275/04) con el Sindicato Petrolero sin la autorización del Consejo de Administración de Pemex o de las secretarías de Hacienda y Energía y sin que el gasto estuviese contemplado en el presupuesto.
La primera y fundamental pregunta es si el director general de Pemex tenía facultades para firmar este convenio laboral sin autorización del Consejo. La Ley Orgánica de Pemex dice claramente que sí. El Artículo 11, fracción VIII, establece que al director general le corresponde “ejercer las facultades que en materia laboral determinen la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo”. El Artículo 12 le otorga facultades como mandatario general para “pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio”. El Artículo 13, fracción III, lo faculta a “convenir con el sindicato el Contrato Colectivo de Trabajo”. Lo mismo dice la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que en su Artículo 59, fracción XIII, señala entre las facultades de los directores generales “suscribir… los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales…”.
¿Podía Muñoz Leos negociar un contrato laboral cuyo costo no estuviera incluido en el presupuesto? Así son muchas de las modificaciones salariales en el Gobierno, porque no se sabe en el momento de presupuestar cuánto importarán. Ahí está como ejemplo los convenios que tantas veces se han hecho con el Sindicato de Maestros. De hecho, todo el acuerdo salarial con el Sindicato Petrolero implicó una modificación presupuestaria. La objeción se hizo solamente al reconocimiento de adeudos anteriores.
Efectivamente, a Muñoz Leos se le está castigando por haber reconocido acuerdos laborales firmados con anterioridad y por haber transparentado pagos que se hacían por debajo del agua. Se le persigue a pesar que durante su gestión no se desembolsó ni un centavo de ese convenio. Los pagos se hicieron en 2005, cuando él ya no era director de Pemex. Es difícil pensar que estas acusaciones son algo más que una simple venganza política.
El Sindicato Petrolero emplazó a huelga a Pemex en el año 2004 porque la empresa no había cumplido acuerdos laborales anteriores. En la negociación Muñoz Leos redujo la cantidad que el sindicato demandaba y obtuvo además que éste regresara a México y devolviera a la empresa los 47 millones de dólares depositados en el extranjero como consecuencia del llamado Pemexgate. El convenio hizo ajustes entre adeudos de Pemex con el sindicato y del sindicato con Pemex; transparentó pagos, como los que se hacen por festejos, que la empresa siempre le había hecho al sindicato por debajo del agua; pero lo más importante es que evitó una huelga que habría sido legal, porque era consecuencia del incumplimiento de Pemex de obligaciones contraídas.
Cuando el acuerdo estuvo listo, se sometió al Consejo de Administración, en el que están representados Hacienda y Energía. Así se había hecho siempre y así se sigue haciendo ahora. El Consejo no autoriza los acuerdos laborales, sino que toma nota de ellos.
¿Por qué no se notificó al Consejo durante la negociación? Porque la Ley no lo obliga. Pero, además, porque ¡el sindicato tiene cuatro representantes en el Consejo! No se puede negociar con un sindicato si se le anticipan las posiciones de la empresa.
Una vez entregado al Consejo, el convenio fue cuestionado por el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Esto llevó a la disputa que terminó con la salida de Muñoz Leos de Pemex en octubre. El nuevo director, Luis Ramírez Corzo, renegoció algunas partes del convenio, pero al final pagó lo convenido.
Perseguir a un funcionario por firmar un convenio laboral para cuya negociación tiene facultades expresas es cuestionable. Ponerle una multa que lo despojaría no sólo de lo percibido durante su gestión sino de muchas veces su patrimonio es perverso. Con razón los funcionarios tienen tanto miedo de firmar cualquier documento.
BAJA CALIFORNIA
La elección de este 5 de agosto será aparentemente muy cerrada. Las encuestas colocan al panista José Guadalupe Osuna y al priista Jorge Hank Rhon del PRI en un virtual empate en la lucha por el Gobierno de Baja California. En estas condiciones, la participación será crucial en el resultado. Los bajacalifornianos han mostrado un enorme desinterés electoral en los últimos años. Pero este domingo ganará el partido que muestre mayor capacidad de sacar a votar a sus simpatizantes.
