El jefe de seguridad del Departamento de Estado renunció el miércoles en medio del escándalo provocado por la muerte de 17 iraquíes a manos de guardias de la empresa Blackwater USA el mes pasado.
La renuncia se produjo en momentos en que crecen las interrogantes sobre el uso de contratistas privados para proteger a diplomáticos en Irak.
Richard Griffin, subsecretario de Estado para la Oficina de Seguridad de Diplomáticos, no mencionó dicho escándalo en su carta de renuncia dirigida al presidente George W. Bush y a la secretaria de Estado Condoleezza Rice. Pero su decisión de irse se produjo en un momento en que el departamento enfrenta intensas críticas en Irak y el Congreso estadounidense por sus prácticas de seguridad.
Griffin presentó su misiva apenas un día después de que se diera a conocer un informe encargado por Rice, el cual halló graves omisiones en la supervisión de los guardias privados de seguridad, que son empleados por el buró de Griffin y le reportan al mismo.
Rice aceptó la renuncia, efectiva a partir del 1 de noviembre, dijo Sean McCormack, portavoz del Departamento de Estado. Griffin será reemplazado interinamente por uno de sus adjuntos, Gregory Starr, dijo McCormack.
"La secretaria Rice agradece al embajador Griffin su largo historial de servicio ejemplar a la nación", dijo McCormack. "El se ha distinguido durante una carrera de 36 años con el gobierno estadounidense, sirviendo en algunos de los puestos más exigentes y delicados".
Griffin, un funcionario con rango de embajador que previamente había sido subdirector del Servicio Secreto e inspector general del Departamento de Asuntos de Veteranos, ha ocupado el cargo actual desde junio del 2005.
Su breve carta de renuncia elogió a "los valientes hombres y mujeres" de Seguridad de Diplomáticos que "están en las líneas del frente en la guerra contra el terrorismo", y solamente dijo que renunciaba para "enfrentar nuevos retos", de acuerdo con una copia del documento entregada a The Associated Press.
No fue posible contactar a Griffin para que comentase al respecto, y funcionarios del Departamento de Estado declinaron comentar si él había renunciado o se le había pedido que lo hiciese.
Sin embargo, su partida se produce en un momento crítico en el debate sobre el uso que hace el Departamento de Estado de compañías privadas de seguridad y las reglas bajo las que éstas operan, luego del tiroteo del 16 de septiembre en el que guardias de Blackwater están acusados de haber matado a 17 civiles iraquíes.
