“Para los que quieren represión en la ciudad, de una vez les digo: se van a quedar con las ganas. No vamos a reprimir a nadie”.
Marcelo Ebrard
Cuando los activistas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, empezaron a construir unos muros de tabique y cemento fuera de las oficinas del ISSSTE en la Ciudad de México, el Gobierno del Distrito Federal se apresuró a negociar con ellos y los “convenció” de que tiraran los muros.
No fue difícil. En parte porque estos muros, de pequeñas dimensiones, se levantaron sin ningún tipo de cimentación o estructura: estaban hechos para lanzar un mensaje político y ser derribados inmediatamente después. La negociación se facilitó también por el hecho de que los grupos que han mantenido el plantón son afines a los que el año pasado llevaron a cabo el bloqueo del Paseo de la Reforma en apoyo a Andrés Manuel López Obrador. La negociación, en otras palabras, se hizo con amigos y no con rivales.
Al plantón frente al ISSSTE han estado llegando representantes de la Convención Nacional Democrática de López Obrador y de los sindicatos de la UNAM y de la UAM. Son grupos muy cercanos al Gobierno del Distrito Federal. El retiro de los muros estaba seguramente negociado de antemano.
La remoción de los muros de tabique, sin embargo, no significa una mejoría en la situación de los vecinos de la plaza en que la CNTE ha establecido su plantón. Las tiendas de campañas y construcciones de madera se han mantenido. Es parte del acuerdo. El Gobierno capitalino ha sentado un precedente paradójico: sobre las aceras del Distrito Federal no se permiten las construcciones de tabique… pero sí las de madera.
La jurisprudencia de Ebrard es, de hecho, más compleja. El jefe de Gobierno ha ratificado la posición de los Gobiernos anteriores del PRD en la capital del país en el sentido de que no se utilizará la fuerza pública para desalojar plantones, bloqueos o manifestaciones. Y, sin embargo, hay un “pero” muy importante. La represión no se aplica cuando las manifestaciones y los plantones los realizan miembros del PRD o de organizaciones afines a este partido. ¿O acaso podemos olvidar que la fuerza pública sí se utilizó en contra de los grupos que se manifestaron en Tepito en contra de las expropiaciones de vecindades?
La jurisprudencia completa es, por lo tanto, la siguiente: en aceras, plazas o vías públicas no se permite las construcciones de tabique, pero sí las de madera y eso siempre y cuando sean parte de plantones y manifestaciones de grupos afines al partido de Gobierno, al PRD.
No podemos culpar a los habitantes del Distrito Federal por mostrarse confundidos. Las señales del Gobierno simplemente no son claras. Pero la verdadera inquietud debe provenir de otra fuente. El mensaje realmente de fondo es que la aplicación de la Ley en la capital es discrecional.
Parte del problema surge, por supuesto, de la misma concepción que el jefe de Gobierno tiene de la aplicación de la Ley. La llama “represión”, cuando se aplica contra plantones de grupos afines al PRD y en la palabra misma se encuentra el problema.
Nadie objeta, por supuesto, la libertad de manifestación, de expresión o de protesta. Ése no es el tema a discusión, a pesar que los grupos que realizan o apoyan estos actos así lo afirman. El asunto es si la autoridad debe seguir permitiendo que, con el pretexto de manifestaciones y plantones, se violen los derechos de terceros.
Los grupos políticos han aprovechado la tibieza de las autoridades para tomar de manera sistemática a los ciudadanos como rehenes de sus causas. El año pasado la ciudad tuvo que aguantar varias semanas de un bloqueo del Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, el cual significó cientos o miles de millones de pesos en pérdidas para los capitalinos cuyos intereses deberían ser representados por el Gobierno. Los oaxaqueños debieron aceptar un bloqueo de meses enteros de su ciudad capital.
A los contribuyentes no sólo se nos pide que aguantemos con paciencia estos plantones sino que además se nos obliga a subsidiarlos. Los integrantes y dirigentes de la CNTE sólo pueden permanecer en plantones permanentes debido a que sus sueldos como maestros o líderes sindicales salen de nuestros impuestos. Los apoyos que brindan Gobiernos como el del Distrito Federal a estos movimientos son también sufragados por los contribuyentes. Sin estos respaldos, los activistas no tendrían forma de subsistir meses enteros en plantón sin trabajar.
El hecho de que los plantones y bloqueos se hayan convertido en una realidad cotidiana es producto de la idea de algunos funcionarios públicos, como Marcelo Ebrard, de que aplicar la Ley para permitir el libre tránsito y el uso público de espacios públicos equivale a represión. Pero incluso en esta locura hay un orden perverso. La Ley o la represión, después de todo, sí se aplican ocasionalmente en la Ciudad de México, pero sólo cuando quienes se manifiestan pertenecen a grupos que no son cercanos al PRD.
SÚMATE
En Venezuela, ese país que tanto nos presentan como ejemplo de lo que debería estar buscando México, las protestas se pagan muy caras. Quienes pertenecen a organizaciones críticas del Gobierno son objeto de constantes presiones y hostigamiento. Quizá deberían hacer plantones permanentes en Caracas y construir casas de tabique en las calles para medir la paciencia de Hugo Chávez. Seguramente el presidente venezolano permitiría estas expresiones de insatisfacción, como lo haría Fidel Castro en Cuba.
