El Siglo de Torreón
México, df.- La Secretaría de Gobernación determinó clasificar como información ?reservada? los informes sobre la situación de gobernabilidad en el estado de Oaxaca generados por la Unidad de Enlace Federal durante los meses de conflicto entre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el Gobierno de Ulises Ruiz.
Los reportes que sirvieron como base para ordenar la entrada de la Policía Federal Preventiva al Zócalo oaxaqueño el pasado 29 de octubre, con el objetivo de poner fin a más de cinco meses de bloqueos y enfrentamientos, podrían conocerse el año 2019, pues así lo determinó el Comité de Información Pública de la Segob.
En respuesta a una solicitud de información de la AEE sobre la situación de Oaxaca en los meses previos y durante el bloqueo, la dependencia determinó que la información contiene elementos que no pueden darse a conocer a la opinión pública, pues representan un problema que va más allá del estado y que de no resolverse podría constituir una amenaza de mayor alcance.
?La Unidad de Enlace Federal clasifica como reservada parte de la información solicitada, a la que denomina información sensible, y manifiesta que de hacerla del conocimiento público, entorpecería eventualmente el desarrollo de las pláticas institucionales que actualmente se están llevando a cabo y cuyos acuerdos trascenderán lo meramente local?, establece el resolutivo de la Segob.
La dependencia federal apeló al Artículo 14 fracción IV de la Ley Federal de Acceso a la Información en donde se especifican las razones para archivar la información gubernamental.
Dicho precepto establece que ?se considera reservada la información que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva?.
No obstante, el mismo apartado de la Ley de Transparencia aclara que ?no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales?.
Durante los más de cinco meses que duró el bloqueo de la capital oaxaqueña originado a raíz de las exigencias salariales de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), distintas organizaciones de Derechos Humanos ?nacionales y extranjeras- alertaron sobre la reiterada violación de las garantías fundamentales, no sólo de los inconformes, sino también de la población que se vio afectada por el conflicto social.
