Desde 2003 las autoridades desoyeron las advertencias sobre el riesgo de una gran inundación.
En el problema de las inundaciones en Villahermosa, Tabasco, pesaron más las restricciones presupuestales o el deficiente manejo de los recursos que obligaron a diferir hasta tres años las obras de protección para el control de inundaciones, que las advertencias sobre las graves consecuencias que se podrían presentar si quedaban inconclusas, por lo que el capítulo de más inundaciones en esa entidad no está cerrado.
Todos desoyeron las advertencias a pesar de tener en sus manos, desde 2003, modelos de simulación matemática ISIS Flow de las empresas Sir William Halcrow & Partners Ltd. y HR Wallingford Ltd., para el pronóstico de inundaciones y presentación de manchas de inundación en la entidad, sobre todo en las zonas urbanas como Villahermosa.
Dichos modelos detectaron con mucha antelación que los sectores más afectados serían los correspondientes a viviendas (de diferente nivel socioeconómico), zonas agrícolas, vialidades urbanas e interurbanas, planteles escolares, unidades médicas, y otros daños (entre los que destacan las zonas ganaderas, atención a la emergencia, suministro de agua potable, electricidad y comunicaciones, entre otros).
La información del modelo matemático dio cuenta que una inundación mayor a la que se presentó en 1995 y 1999, cuando las autoridades de Protección Civil estimaron pérdidas cuantificables superiores a los 3 mil millones de pesos, podría traer daños severos a la región en caso de presentarse, tal y como ocurrió:
La atención por damnificado en el momento de la emergencia se cuantificó en mil 180 pesos (pesos de 2003); una hectárea de ganadería inundada tendría un costo de pérdida inmediata de 644 pesos; un kilómetro de infraestructura carretera dañado 547 mil 812 pesos; una hectárea inundada de infraestructura de CFE y Pemex 3 mil 217 y 68 pesos, respectivamente.
Además, una hectárea inundada de infraestructura de agua potable y alcantarillado 9 mil 259 pesos; el costo de abastecimiento de agua potable por damnificado 558 pesos; una hectárea inundada vial urbana 20 mil 702 pesos; una de infraestructura recreativa y comercial urbana 7 mil 72; una de industria de la construcción 3 mil 591; y, una de infraestructura y operación hotelera 5 mil 894 pesos.
A ello habría que agregar que una hectárea de infraestructura y productos en central de abasto se cuantificó en 126 mil 750 pesos; daños a mobiliario, equipo, vehículos, inventarios e inmuebles industriales por hectárea 118 mil 974 pesos; daños por hectárea a mobiliario, equipo, vehículos, inventarios e inmuebles comerciales 9 mil 930; daños por hectárea a mobiliario, equipo, vehículos, inventarios e inmuebles de servicios 6 mil 465; y, pérdida de utilidades por hectárea inundada 5 mil 418 pesos.
Desoyen alertas
Las subdirecciones General de Programación Regional Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y subdirección técnica de Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil de CFF habían reportado a sus superiores constantemente que “el peligro de inundación en la ciudad de Villahermosa y zona conurbada”, estaba latente y que los daños no sólo serían cuantiosos, sino que detallaron un escenario catastrófico que finalmente se presentó.
En el informe final del proyecto Evaluación Socioeconómica a Nivel de Factibilidad del Proyecto Integral para la Protección contra Inundaciones de la Planicie de los Ríos Grijalva y Usumacinta (PICI), quedó claro que este proyecto fue diseñado exclusivamente para la construcción de bordos, canales y otras obras hidráulicas, cuya finalidad era proteger a las zonas bajas de la planicie tabasqueña, en especial a la ciudad de Villahermosa y su zona conurbada,
Los modelos de simulación matemáticos contratos demostraban que “a pesar de que el escurrimiento del río Grijalva está prácticamente controlado antes de entrar en la zona de la llanura, gracias a los grandes almacenamientos de las presas La Angostura y Malpaso, el peligro de inundación en la ciudad de Villahermosa, así como en otras zonas urbanas y rurales en el estado de Tabasco, está presente y que los daños potenciales se han incrementado por el crecimiento urbano descontrolado, por el incremento de la erosión en sus partes altas y por el cambio de uso de suelo con fines productivos y de comunicación, en zonas que en forma natural permitían la regulación y el drenaje de las crecientes”.
Estas circunstancias, añade el documento, afectan particularmente a la ciudad de Villahermosa y a la zona del centro del estado, donde en los últimos años los niveles máximos alcanzados han rebasado las condiciones críticas, aun cuando los fenómenos meteorológicos no han presentado condiciones extremas y sin considerar un evento extraordinario que pudiese provocar el derrame en la presa Peñitas, tal y como ocurrieron el pasado miércoles 31 de octubre.
Como quiera que sea, las obras que debieron empezar en 2003 y concluir en 2006 no se concretaron y será hasta 2008 y probablemente 2009 cuando estén terminadas, lo que evidencia que en materia de inundaciones en Tabasco, el capítulo todavía no se cierra.
Busca Gobierno 250 mdp para reabrir hospitales
El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, aseguró que se hará lo que sea necesario para obtener recursos por unos 250 millones de pesos para que antes de que termine el año estén en operación las unidades de salud en Tabasco.
Entrevistado en el marco de la entrega del premio Empresario 2007 de Funsalud, reconoció que lo más difícil es la reconstrucción, ya que es urgente que lo antes posible estén disponibles los servicios de salud para atender a la población y evitar epidemias.
Explicó que parte de los recursos que servirán para el rescate y reconstrucción de las 130 unidades de la Secretaría de Salud (Ssa) dañadas por las inundaciones, se obtendrá de los seguros, otra parte vendrá del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y otra de los recursos que no se hayan aplicado durante 2007 que está por cerrar su ejercicio.
Integran Consejo Ciudadano para Reconstrucción
Ambientalistas, académicos, escritores y empresarios integrarán el Consejo Ciudadano para la Reconstrucción de Tabasco, de acuerdo con una lista entregada por la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura.
La lista de los 17 integrantes es encabezada por la empresaria Marinela Servitje y la ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) -ya desaparecida-, Julia Carabias Lillo.
Ayer, el grupo sostuvo una reunión con el gobernador Andrés Granier Melo, a la que también asistió la escritora tabasqueña Gabriela Gutiérrez y el empresario local Luis Arcadio Gutiérrez León.
La secretaria ejecutiva de la Gubernatura, Lorena Beauregard de los Santos, indicó que los integrantes del Consejo Ciudadano garantizarán la transparencia y el manejo responsable de los recursos aportados por la sociedad civil para la reconstrucción de Tabasco tras las inundaciones.
