Señalan que inspectores no bajaban a los túneles a revisar las condiciones reales en Pasta de Conchos.
El Siglo de Torreón
SALTILLO, Coah.- Documentos y testimonios que responsabilizan al ex secretario de Trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar Sáenz y a los dueños de Industrial Minera México en la muerte de 65 trabajadores de la carbonera Pasta de Conchos, revelan que desde 1998 la citada dependencia federal no realizaba inspecciones reales dentro de la carbonera que se localiza en San Juan de Sabinas.
Las pruebas, en poder de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, muestran cómo los inspectores del trabajo llegaban a la mina, elaboraban las actas de inspección y avalaban a la empresa en materia de seguridad sin siquiera haber bajado a los túneles.
Para los deudos de los trabajadores muertos, esto evidencia ?una actitud de negligencia y corrupción? en que están involucrados funcionarios y ex funcionarios federales y los dueños y directivos de la empresa concesionaria.
La víspera, familiares de los mineros muertos entregaron a la Procuraduría General de Justicia en el Estado información que se podría utilizar no sólo para procesar a los responsables de la tragedia por homicidio simple doloso, sino por administración fraudulenta, el cual está tipificado como delito grave que no garantiza el derecho a libertad bajo fianza.
Elvira Martínez Espinoza, viuda del minero Jorge Bladimir Muñoz Delgado, informó que los documentos estaban en poder de la Secretaría de Trabajo, quien si bien se resistió a ventilarlos finalmente tuvo que acceder ante la resolución de un amparo.
Señaló que los testimonios son de trabajadores y ex trabajadores de la carbonera, quienes conocen a detalle las condiciones de inseguridad en que ésta operaba.
Las pruebas se consiguieron con el apoyo de la Pastoral Laboral de la Diócesis de Saltillo y del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).
ELEMENTOS
Cristina Auerbach Benavides, representante del Cereal, mencionó que también se demuestra que la explosión en Pasta de Conchos ocurrió ante la conjugación de tres elementos: deficiencias en el sistema eléctrico, elevadas concentraciones de gas metano y la ausencia de polvo inerte indispensable para reducir la explosividad en las carboneras.
De su lado, el abogado Manuel Fuentes, representante de algunos de los deudos, informó que si bien hay bitácoras y oficios de inspección de seguridad en Pasta de Conchos, también existen evidencias en torno a que los inspectores no bajaban a los túneles a revisar las condiciones reales de la excavación.
Mostró copias certificadas de actas de inspección falsas que se elaboraron antes del estallido, donde la Secretaría de Trabajo da por hecho que en Pasta de Conchos ?no existe irregularidad alguna?.
Lo anterior, aún y cuando en el interior de la mina ?había aparatos eléctricos inapropiados y defectuosos, las concentraciones de gas metano eran extraordinarias y el polvo era insuficiente, lo cual indica que los directivos de la empresa sabían que los trabajadores estaban bajo riesgo pero no hicieron nada para solucionarlo?, señaló.
COMPLICIDAD
Manuel Fuentes mencionó la existencia de documentos donde se fundamentan manejos administrativos fraudulentos en perjuicio de los trabajadores, en los que habría existido complicidad tanto de ?altos directivos de IMMSA como de la Secretaría de Trabajo?.
Dijo que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece la obligación que tiene el titular de la Secretaría de Trabajo para vigilar el cumplimiento de las normativas de seguridad en las minas y señaló que de acuerdo con los documentos de la propia dependencia, Salazar Sáenz nunca cumplió con esta responsabilidad.
A su juicio, ?es evidente y con esta información se comprueba de manera plena la negligencia y corrupción que imperaron en Pasta de Conchos antes de la tragedia?.
En este contexto, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, consideró que la Procuraduría General de Justicia en Coahuila tiene en su poder información suficiente para proceder jurídicamente en contra de ?los principales directivos de Industrial Minera México? y de la Secretaría de Trabajo en la anterior Administración Federal y de ?conseguir que esto sirva como ejemplo para el resto de los concesionarios? de yacimientos de carbón.
En entrevista por separado, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, consideró que las aportaciones del Cereal, del obispo Vera López y de las familias de los mineros muertos ?fortalecen la averiguación?, pero advirtió la posibilidad de que ?los culpables estén esperando que salgan las órdenes de aprehensión para ampararse?. Sin embargo confió en que el caso se consigne a un juez en los próximos días.
