La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó a recibir los primeros juicios de amparo que se promovieron en contra de las reformas a la nueva Ley del ISSSTE, mediante las cuales se modificó, en abril del presente año, el Sistema de Pensiones que recibirán los trabajadores al servicio del Estado.
De manera gradual, desde la semana pasada, la Corte ha recibido las sentencias que emitió un juez en primera instancia y que fueron atraídas por los ministros del máximo Tribunal para su revisión.
De acuerdo con los pronósticos del presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el máximo Tribunal buscará resolver estos juicios en marzo de 2008.
Los expedientes que ha recibido la Corte se han turnado, de inicio, a los ministros de la Segunda Sala. Se espera que conforme sigan llegando nuevos asuntos, también se les hagan llegar a los integrantes de la Primera Sala, a fin de que todos los ministros participen en la elaboración de los proyectos de resolución.
Desde hace dos meses, previendo lo que iba a pasar, la SCJN creó una comisión especial que se ha abocado al estudio de cada uno de los puntos que han sido impugnados en la Ley.
La Corte decidió que sólo atraería un número representativo de los juicios de amparo que suscribieron alrededor de 600 mil trabajadores del Gobierno, entre los que también se encuentran jueces y magistrados federales, para sentar las bases conforme a las cuáles se deberían resolver todas las demandas que se promovieron en contra de la nueva Ley del ISSSTE.
Para evitar que los trabajadores que impugnaron la Ley queden desprotegidos en tanto la Suprema Corte revisa si las reformas violan o no la Constitución, un juez federal se encargó de concederles una suspensión para que no se les aplique el nuevo régimen que entrará en vigor a partir del primero de enero de 2008.
Desde mayo pasado el Consejo de la Judicatura Federal creó un Juzgado Auxiliar para que se hiciera cargo de todos los juicios promovidos en el país en contra la nueva Ley del ISSSTE, a cargo del juez José Manuel Villeda Ayala.
Dicho juez fue el que se encargó, en primera instancia, de analizar los mecanismos que se establecieron en la nueva Ley para ampliar el periodo de edad que deben cumplir los trabajadores del Gobierno para jubilarse y para que su fondo de retiro sea operado por un organismo que se denominó Pensionissste.
