Actualmente no hay registros firmes sobre la violencia dentro de los planteles; los especialistas coinciden en que falta una política educativa integral para atender el problema. (El Universal)
A pesar de las evidencias, el abuso sexual dentro de las escuelas es un problema poco atendido, no aparece en estadísticas oficiales. Cuando hay denuncias las víctimas se enfrentan a trámites engorrosos y a veces optan por un simple cambio de plantel.
Hace más de tres años, cuando sus hijos ingresaron a la primaria Matilde Acosta, Oli, Lupita y Ceci estaban orgullosas de haber alcanzado un lugar para sus pequeños. No era para menos, las filas de inscripción en esta escuela de calidad -que el entonces presidente Vicente Fox ponía como ejemplo de excelencia y cuyo comedor inauguró su esposa Marta Sahagún- eran largas. A la distancia las cosas cambiaron, la gente ahora prefiere otras opciones donde la integridad de sus niños esté resguardada.
Empezaba el segundo trimestre de 2006, las madres notaron cambios en el comportamiento de sus hijos. Estando en casa, se aislaban o se portaban inusualmente agresivos. Fue hasta que la prima de uno de los niños agredidos sexualmente se enteró que dio aviso a su tía. No era el único caso.
Así comenzó la odisea. Poco a poco se supo que en el grupo se había formado una especie de “banda” conformada por estudiantes de entre 8 y 9 años de edad, imitaban las acciones violentas de otro que había sido rechazado de varios planteles y quien encontró cupo en este centro educativo de tiempo completo -con horario de 8:00 a 16:00 hrs-.
El acoso había rebasado los límites. En un recuento que hacen algunos de los padres de niños afectados, cualquier oportunidad de estar sin la vigilancia de los maestros era aprovechada. A las niñas además de tocarles pechos y vagina, las sometían a una “ceremonia de iniciación” que consistía en recostarlas en el escritorio y abrirles las piernas; a los niños les llegaron a introducir lápices en sus partes íntimas. Quien se oponía terminaba golpeado.
Problema añejo
Aunque esto venía sucediendo meses atrás, hasta ese momento todo salió a relucir. Decenas de padres exigieron a las autoridades una explicación. Cuando la directora habló con ellos, les dijo que ya había notificado del caso a la SEP y aguardaba una respuesta.
Llegaron supervisores escolares. Analizaron la problemática y se resolvió someter a padres y alumnos a terapias. El “líder de la banda” acudiría a la Clínica de la Conducta pero si no quería ir nadie podría obligarlo. No sería expulsado porque atentaría contra su derecho a la educación, tampoco se le separaría del grupo, en todo caso quienes quisieran podrían cambiarse.
Hubo inconformidad. Impotentes, algunos padres dejaron de llevar a sus hijos a clases. Con escritos de denuncia en la mano, se dirigieron a varias dependencias. Los documentos tienen acuse de recibo de: la presidencia de la República, la SEP, la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), la Procuraduría de Justicia y el DIF capitalinos, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que es la instancia competente por ser de carácter federal. Les solicitaban intervención y apoyo.
Padres insistentes
El pasado 27 de octubre, conforme al expediente 2006/2535/1/Q, la CNDH les informó que no se contaba con elementos de convicción de presuntas violaciones a derechos humanos y que las autoridades educativas habían realizado acciones para atender la problemática.
Sin embargo, en vía de orientación, les sugirió que en caso de que el personal de la escuela no ajustara su conducta a las normas legales “presenten su queja ante el Órgano Interno de Control en la SEP, por ser la instancia competente para investigar y sancionar a (sus) servidores públicos”. También aconsejó que acudieran al DIF para recibir orientación social y jurídica.
Así lo hicieron. Las soluciones que hasta entonces les habían planteado no satisfacían porque, según les referían sus hijos, el acoso y las burlas continuaban. Para esa fecha, el grupo demandante se había reducido. Algunos padres sacaron a sus hijos de la escuela, otros no tenían tiempo para acudir a las dependencias -hubo quienes perdieron su trabajo por esta causa- además, según cuentan los padres agraviados, hubo persuasión, las autoridades les pedían abandonar los reclamos por el prestigio de la escuela, todo se trataba de “rumores y alborotadores”.
Pero los padres consideran que el peligro sigue y por eso continúan sus diligencias. Hace unos meses, conscientes de que el agresor es menor de edad y no es sujeto de derecho penal, decidieron presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable por el delito de omisión. Mientras se da resolución a esta demanda, siguen esperando una respuesta por parte de la SEP.
El silencio de la SEP
Consultada sobre el caso, la directora María del Rosario Ramírez reconoció que se trata de una situación personal de un menor y que la SEP tiene toda la información del caso.
Aseguró que la escuela sigue trabajando normalmente: “tenemos una demanda muy alta pero hay situaciones excepcionales que nosotros no podemos evidenciar, no porque estén ocurriendo cosas sino porque a veces tenemos alumnos con determinadas características, en este caso expedientes confidenciales de salud de los niños”.
Dijo que el expediente del menor es de carácter confidencial y por tanto “no puedo presentarlo a nadie”. No quiso abundar en el tema, sólo dijo que la coordinadora sectorial de Educación Primaria, Isaura Hernández, conoce del caso.
Se buscó la postura de la dependencia federal pero, según el área de comunicación social, por cuestiones de reestructuración aún no hay agenda para entrevistas ni un responsable que pueda hablar del tema.
Subregistros de abuso sexual
De acuerdo con expertos en la materia, este tipo de casos se dan con regularidad y cuando hay violaciones difícilmente son denunciadas. No hay registros firmes sobre la violencia dentro de los planteles; los especialistas coinciden en que falta una política educativa integral para atender el problema. Advierten que debe hacerse un trabajo interdisciplinario en conjunto donde participe el gobierno, las organizaciones que protegen los derechos de los niños, los padres y maestros.
La SEP, el DIF, las procuradurías de justicia, las comisiones de derechos humanos y organizaciones defensoras de los niños, no cuentan con estadísticas sobre abusos sexuales entre compañeros de clase, sólo reconocen que es un problema muy grave que debe tratarse con cuidado para no afectar al menor.
Gerardo Sauri, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, señala que a diferencia de EU y España -que manejan el fenómeno del “bullying”-, donde se estudia de forma regular cómo viven los chicos en su entorno escolar, en nuestro país no se está investigando, “no hay datos, ni estudios no se están invirtiendo recursos en esta problemática”.
A propósito, Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas violadas (Adivac), dice que la violencia sexual infantil siempre ha existido en cifras alarmantes, sucede no sólo en los hogares, también entre amigos y en las escuelas. Asegura que no hay estadísticas precisas al respecto y de haberlas, “la magnitud del problema es tal que sería mucho más grave de lo que éstas pudieran reflejar”.
Educar para la paz
Malú Valenzuela, fundadora del Grupo de Educación Popular con Mujeres (GEM), explica que hacer un diagnóstico de la problemática es difícil porque no hay instancias ni mecanismos para saber cómo está. Afirma que hay casos similares a lo sucedido en la primaria “Matilde Acosta” y preocupa que el fenómeno del “bullying” sea cada vez mayor, “los niños se maltratan todo el día, llegan a violentarse y a tener conductas antisociales”.
Ha constatado casos parecidos gracias a la promoción que hace del proyecto de la UNICEF “Educación para la paz”, que se lleva a las escuelas con problemas de violencia. “Todos los días hay casos de esa naturaleza. Esto genera una enorme angustia, los maestros o directores a veces se meten como si fueran ministerio público”, comenta.
Asegura que el problema está en cómo se detecta y quiénes lo atienden. La especialista de la Universidad Pedagógica Nacional opina que el profesorado no tiene la capacidad de enfrentar la problemática, “es común que ante alguna denuncia, las instituciones pasan el problema de un lado a otro”. En ocasiones, abunda, los maestros no saben o no quieren denunciar; puede pasar que cuando están involucrados los profesores se les protege.
Abuso, una forma de violencia
En la Comisión de Derechos Humanos del DF se trabajan programas de prevención del maltrato y abuso sexual con maestros y alumnos. Daniel Ponce, director de Educación y Promoción de los Derechos Humanos, destaca que el abuso sexual es una forma de violencia a los niños y a pesar que ha habido avance en la política pública de la SEP sobre el tema de la violencia, “hay retroceso en el tema de violencia sexual; siempre ha sido tabú”.
Refiere que según las cifras de la SEP, en el ciclo 2003-2004, su Unidad de Atención y Maltrato Sexual, reportó 482 denuncias en las escuelas sobre maltrato y abuso, pero muchos desistían de presentar una demanda. “Es un trabajo que implica una reforma jurídica, donde todas las partes hagan su tarea para que esto funcione”.
Explica que los maestros tienen la obligación de reportar los casos de abuso o violencia que detecten, pero no siempre sucede porque son requeridos en audiencias y ha sabido de casos, en donde los directores les aconsejan “no te metas en problemas”. Es un tema delicado y muchas veces las instancias no quieren comprometerse.
