Durango

Ronda corrupción en impartición de justicia

Iván Soto Hernández

Hay “coyotes” que litigan sin ser abogado, con cédulas ajenas y medidas de presión: Miranda Martínez

El Siglo de Durango

La Barra de Abogados reconoció que en Durango hay litigantes que sostienen acuerdos económicos con agentes del Ministerio Público para ejercer la profesión en forma indebida al amparo del cohecho y la corrupción.

Además, admitió que el coyotaje es un problema existente en el campo de la procuración de justicia penal, pues hay gente que litiga sin ser abogado, con cédulas ajenas o con medidas de presión social para sacar adelante sus asuntos.

Romualdo Miranda Martínez, líder de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Durango, señaló que hay avances, pero todavía existen irregularidades graves en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Sin embargo, para evitar anomalías de este tipo recomendó a la ciudadanía que cuando requiera abogados los contrate en despachos establecidos y que los litigantes expidan un contrato de servicios profesionales para evitar abusos.

El abogado penalista Juan Francisco Arroyo Herrera, ex titular de la Procuraduría de Justicia y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UJED, denunció que hay innumerables vicios que imperan en la justicia penal.

Se refirió a anomalías como la corrupción, el coyotaje, la improvisación y la ignorancia en agentes del Ministerio Público y jueces penales de primera instancia. A su vez lamentó que prevalezca la impartición de justicia “a la carta”.

En ese sentido, Miranda Martínez coincidió en casi todo con Juan Francisco Arroyo, pues resaltó que el proceso penal “está viciado de origen”, ya que un MP atiende la etapa de la averiguación y es otro distinto el que sigue el juicio.

Aunque consideró que una de las causas se debe también a los bajos sueldos y la falta de capacitación y profesionalización en los agentes del Ministerio Público de la Procuraduría Estatal.

A ese respecto, Romualdo comparó que en promedio un agente del MP Federal es supervisado y vigilado y por cada 100 consignaciones que emite apenas pierde del 10 al 15 por ciento de los casos, mientras que los MP estatales en Durango ganan a lo mucho el 10 ó 15 por ciento y pierden el resto.

“La realidad es que ningún abogado de medio pelo aceptará ser Ministerio Público con un sueldo de ocho mil pesos al mes, pues mientras el encargado de una defensa puede llegar a cobrar 100 mil pesos por un caso, el MP gana ocho mil al mes y tiene que ver 40 casos por el mismo ingreso”, dijo.

Manifestó que, aunque no se justifica, el factor del sueldo alimenta que los agentes investigadores entren a la corrupción, por lo cual Miranda insistió que debe existir una reforma integral de fondo para que se cuente con una representación social capaz en la figura de los MP.

El Presidente de la Barra de Abogados estimó que con las reformas para la oralidad de los juicios penales se podría evitar en buena parte la corrupción, ya que esto transparentaría los procesos, combatiría la corrupción y obligaría a los abogados a que se prepararan más.

Ideas

En la entrevista que concedió a El Siglo de Durango, el ex procurador de Justicia del Estado de Durango, Juan Francisco Arroyo Herrera, hizo críticas diversas acerca de los errores y las anomalías que hay en la justicia penal:

--Denunció que la corrupción llega al grado de que en Durango hay despachos de abogados que ya tienen asignados como exclusivos a los agentes del Ministerio Público que trabajan siempre sus asuntos en la PGJED.

--Explicó que el coyotaje se da mucho en materia penal, y se trata de litigantes que trabajan confabulados con jueces y Ministerios Públicos para ofrecer “arreglos rápidos” a los clientes a cambio de sumas importantes.

--También expuso que hay gestores o líderes sociales que a veces se meten como defensores o litigantes, lo cual de alguna manera corrompe o enrarece toda la materia penal pues usan la presión social en los juicios.

--Lamentó que en ocasiones de manera obsesiva los agentes del MP o los jueces tienen toda la intención de consignar aunque se den cuenta que no hay delito qué perseguir.

Fuente: Entrevista publicada por El Siglo de Durango el viernes 16 de marzo de 2007.

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