Desde hace varios años son piedra de escándalo los altos salarios que paga el sector público; en especial los que reciben algunos funcionarios de la Federación, de los estados de la República y en algunos casos de los municipios. A la contra, cobran muy poco dinero los jefes de departamento y menos, mucho menos, los que siguen en la escala jerárquica descendente hasta llegar a los modestos empleos de intendencia que ganan salarios de hambre.
Los más altos sueldos son, desde luego, para el presidente de la República y los secretarios de Estado; los miembros de su equipo inmediato de apoyo y quienes encabezan a los otros dos poderes ?Legislativo y Judicial?pero los que alcanzan el calificativo de irritantes son aquellos que se autoasignan los líderes y legisladores del Congreso de la Unión, impulsados por las adiciones ?extra? cuya cereza en el helado son los bonos periódicos y de salida que reparten sin mesura las dos Cámaras del Poder Legislativo federal.
No se quedan atrás los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, ni los Magistrados, ni los Jueces de Distrito y mucho menos los integrantes del Consejo de la Judicatura que parte, reparte y comparte el queso presupuestal. Estos últimos arguyen que los bonos proceden de los ahorros que logran ?con muchos sacrificios? en las partidas de egresos.
Simples botones de muestra, porque sucede lo mismo en cada una de las 31 entidades federativas de la República y el Distrito Federal, faltaría más. Funcionarios de los Ejecutivos estatales, diputados locales y magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia también llevan dinero a su cochinito; y como se les ha permitido el manejo discrecional de los respectivos presupuestos, se sirven con la cuchara grande en detrimento del gasto fijo, del programa de obras públicas indispensables o necesarias así como la debida asistencia social a las clases de precaria condición económica.
Todo esto alarmó al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, al grado de ordenar un estudio comparativo de cargos, responsabilidades y percepciones totales, desde el suyo hasta los de directores generales y subdirectores de área en dependencias federales, pero también en los gobiernos estatales y municipales. Parece cuento, pero no lo es: hay funcionarios federales y estatales con mucho menos responsabilidades y carga de trabajo que el Jefe del Poder Ejecutivo Federal, y sin embargo ganan mucho más que éste.
De tal estudio nació, seguramente, la propuesta presidencial de acotar las exageradas percepciones salariales en los ámbitos federal y estatales del país, lo cual constituye una intromisión (federal) en la vida de los Estados y de los Municipios, según expresó el líder de los diputados locales coahuilenses.
Es de sobra conocida la resistencia del diputado Horacio del Bosque a cualquier sugerencia de limitar los salarios y otras percepciones de los padres conscriptos. No hace mucho planteó lo mismo el propio gobernador de Coahuila, profesor Humberto Moreira Valdés, pero el encargado de la Junta de Gobierno de la Legislatura local hizo como que la Virgen le hablaba y no actuó en consonancia con el comentario público del gobernante. Obvio: su salario cercano a 180 mil pesos mensuales resulta notoriamente superior al de Moreira y al de Calderón.
Ahora Del Bosque opina que en su corral no manda un pastor ajeno o sea el federal; ni uno propio o sea el local. De ahí la alarma: ?¡Qué barbaridad! ¿Cómo se atreven a lesionar al federalismo vigente (¿...?) en el sesquicentenario de la Constitución. Resulta una intromisión intolerable? y ?...en esa lógica al ratito se va a legislar para definir un porcentaje del ingreso de los Estados a una determinada materia de inversión, a la obra pública, a la (de) salud o a la educación?.
Quizá haya influido el espíritu federalista del ilustre paisano del diputado Del Bosque, Don Miguel Ramos Arizpe, para formular esta declaración tan a la defensiva. El columnista está de acuerdo en que cualquier intromisión central en la vida de las entidades federativas resulta inconveniente, pero esta causa ideológica no empareja y aún se empobrece al ser esgrimida para rechazar la propuesta de regulación legislativa en las percepciones de funcionarios públicos. Defienda Del Bosque al federalismo aunque lo sepamos inexistente; pero primero normalice en términos austeros las dietas de sus diputados y de los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial. Sería imposible aspirar a que la alta burocracia viviera ahora en la honrosa medianía de ingresos que tuvieron don Benito Juárez y los liberales del medio siglo XIX, pero tampoco es aceptable que insistan en cobrar como si fueran estrellas del cine ?joligudesco? o del deporte profesional.
La mejor manera de defender el virtual federalismo que vivimos es decirles al presidente y al gobernador: ?Miren, señores, no hay necesidad de transgredir una de nuestras definiciones sobre la forma del Estado y del Gobierno: el federalismo. Sin que ustedes lo hayan solicitado oficialmente, hemos tornado al sistema de normal de ingresos para los servidores de los tres Poderes del Estado. Y el que no quiera trabajar, que renuncie...?. Así los diputados podrían ganar en autoridad moral y crédito político lo que dejado de percibir en dinero contante y sonante. ¿Les interesa la propuesta?
