La Comisión de Responsabilidades del Congreso heredará a la siguiente Legislatura los casos del Alcalde de Cuencamé y los regidores del Ayuntamiento de Gómez Palacio, pero tampoco trascenderán pues los funcionarios serán ciudadanos comunes.
El alcalde, Pablo Carrillo quedará sin sanción, pese a su responsabilidad por agresiones contra estudiantes
El Siglo de Durango
La Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado no procederá contra el alcalde de Cuencamé, Pablo Carrillo Montalvo, y los regidores de Gómez Palacio por el caso Proterra debido a que no concretaron acuerdos políticos con el PAN y se les terminó el tiempo para desaforarlos.
Los casos trascenderán a la siguiente Legislatura, que habrá de desecharlos porque no procederá el desafuero una vez que los funcionarios municipales concluyan con su periodo de gobierno y se conviertan en ciudadanos comunes, aseguró el presidente de la citada Comisión, Héctor Carlos Ávalos Quiñones.
El diputado informó que el Presidente Municipal de Cuencamé se quedará sin sanción, pese a su responsabilidad en agresiones físicas contra estudiantes, pues no alcanzaría el tiempo para desaforarlo al terminar su ejercicio el 1 de septiembre.
Sin embargo, como ciudadano común el proceso penal seguirá ante el Ministerio Público, quien podría imponer alguna sanción en su contra.
Y es que señaló que en la negociación al interior de la Comisión con los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) no se lograron acuerdos, al pedirse algunas circunstancias por cumplirse –sin precisar-, pero no se concretó.
“Ya no creo que aborden, ni pasando la elección porque en el caso de Cuencamé tardaría dos meses para desaforar al Alcalde y toda la cuestión constitucional, pero en el periodo extraordinario no se alcanzaría a sacar”, expresó.
Inclusive, Quiñones Ávalos señaló que si en estos momentos se hace el desafuero se tomaría como un golpe político, “lo que no tendría caso porque Pablo Carrillo Montalvo dejará el cargo el 1 de septiembre”.
Respecto de los regidores del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Rafael Ramos Herrera, Gustavo Acosta Vázquez y Antonio Castro Urbina, tampoco serán objeto de sanciones porque aún no se les comprueba el delito de cohecho.
“El caso de los regidores de Gómez Palacio tampoco (procedería) porque duraría dos meses el proceso y tampoco tendría caso porque también concluyen el 1 de septiembre al convertirse en personas normales; además, no se les ha comprobado el delito de cohecho”, indicó.
Y es que los ediles, según se dio a conocer a través de este diario, presuntamente recibieron un soborno de la empresa Proterra para favorecerla con su voto durante la sesión de Cabildo en la que se aprobó el dictamen para la concesión del servicio de limpieza.
Antecedentes
El 4 de enero de 2007, Rafael Ramos Herrera declaró a El Siglo de Torreón haber recibido 14 mil 800 pesos de parte de Mohammed Erfan Elbahra Aranda, representante legal de Proterra, para favorecer a la empresa con su voto durante la sesión de Cabildo en la que se aprobó el dictamen para la concesión.
Luego, señaló que los ediles de Acción Nacional Gustavo Acosta Vázquez (hoy candidato a diputado) y Antonio Castro Urbina también recibieron el soborno. Proterra, su representante y el regidor Acosta Vázquez interpusieron denuncias en su contra por difamación.
En cuanto al alcalde de Cuencamé, Pablo Carrillo Montalvo, el año pasado agredió físicamente a varios estudiantes del CBTIS 115 del municipio, por lo que la Federación de Estudiantes Técnicos del Estado de Durango (FETED) denunció los hechos ante el Congreso local.
