Las familias asentadas irregularmente en el antiguo cauce del Arroyo Seco recurrieron al juicio de amparo.
El Siglo de Durango
“A las personas que están en el Arroyo Seco no las sacan ni ahorita, ni nunca”, sostuvo Mario Guillermo Moreno Calzada, abogado de las familias que viven allí y que han interpuesto el recurso de amparo.
Tal y como lo anunció Benito Hernández González, líder de la Organización de Vecinos Independientes de la Colonia Constitución, ayer se sostuvo una nueva reunión en el Palacio de Gobierno para hablar sobre esta posesión anómala de bienes inmuebles federales, propiedad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En esta ocasión, fue su abogado quien dio a conocer los pormenores del encuentro y, según dijo, ya no se puede actuar en contra de los “paracaidistas”.
La denuncia formal por la invasión de terrenos federales por parte de la Conagua ante la Procuraduría General de la República (PGR) existe desde agosto del año en curso en la Mesa Dos de Trámite. El agente del Ministerio Público integra los casos de 154 poseedores que interpusieron el recurso de amparo para ver si hay alguna responsabilidad jurídica.
Pero no existe delito qué perseguir conforme lo explicó el entrevistado: “La prescripción para interponer una denuncia o querella son 365 días hábiles contados a partir de que se tiene conocimiento de la posesión legal o ilegal de las personas de bienes nacionales”.
Lo argumentado por el litigante es que la Conagua sabe que las personas que se encuentran en el Arroyo Seco son poseedoras de los predios desde el 2005. “Ha transcurrido en demasía el término legal que nos marca la ley para poner la querella correspondiente, es un año para poder interponer la denuncia”, dijo.
Las cientos de personas que en estos momentos se ostentan como poseedoras de los terrenos ubicados en el antiguo cauce del Arroyo Seco solicitaron al Gobierno del Estado la desincorporación de los bienes nacionales para poder estar en condiciones de comprarlos o enajenarlos.
“La Conagua ha dicho que, efectivamente, pueden ser sujetos de desincorporarlos siempre y cuando se hagan los estudios hidrológicos, técnicos, topográficos para saber si son factibles para ser ocupados por casa-habitación”, agregó Moreno.
Y mientras concluye el proceso jurídico, los duranguenses que participan en la posesión irregular se sienten tranquilos con el recurso de amparo ya que no se puede actuar para su desalojo.
RESPUESTA
La postura del Gobierno del Estado es de estricto apego a la ley y el respeto a la propiedad, por lo que rechaza cualquier tipo de invasión de terrenos para la creación de asentamientos que sólo ponen en riesgo la vida de quienes ahí se instalan, notificó Otniel García Navarro, responsable del IVED.
El Instituto de la Vivienda del Estado de Durango (IVED), dijo, tiene el interés de salvaguardar la integridad física de las familias que se encuentran asentadas en los márgenes del Arroyo Seco, por lo que no hay que esperar fenómenos naturales como el que ocurrió en Tabasco.
Se busca prevenir cualquier tipo de contingencia, pues donde se encuentran asentados es considerada por la Comisión Nacional del Agua como una zona de alto riesgo para uso habitacional. La postura gubernamental es de no a las invasiones que sólo dañan el crecimiento ordenado de las ciudades.
