Los ganadores son la élite colombiana, los terratenientes, políticos y empresas que financiaron a esas milicias. Los perdedores son los pobres que fueron asesinados u obligados a entregar sus tierras en Colombia.
AP
SAN ONOFRE, Colombia.- Bajo el disfraz de una campaña contrainsurgente, las milicias derechistas privadas se apoderaron metódica y brutalmente en la década pasada de millones de hectáreas de las mejores tierras rurales de Colombia que pertenecían a campesinos.
Ahora, mientras el Gobierno desmantela a los grupo paramilitares, una investigación descubrió que se hace muy poco para que las víctimas puedan recuperar sus tierras.
El Gobierno del presidente Álvaro Uribe dice que obligará a los jefes desmovilizados de esas milicias a entregar los bienes malhabidos, pero está respaldando políticas que permitirían a los ladrones conservar la vasta mayoría de las propiedades robadas.
Los ganadores son la élite colombiana, los terratenientes, políticos y empresas que financiaron a esas milicias y las utilizaron para aumentar su riqueza. Los perdedores son los pobres que fueron asesinados u obligados a entregar sus tierras y unirse a los cientos de miles de personas desplazados por el conflicto.
?¿Qué esperanzas se pueden tener??, dijo Luis Francisco García, quien fue desterrado de su finca hace tres años y medio junto a su familia. ?Antes tenía una granja, ¿y ahora tengo que suplicar por un plato de comida??
Los grupos paramilitares surgieron en la década de los ochenta, financiados por hacendados para enfrentar las extorsiones de las guerrillas izquierdistas y terminaron convirtiéndose en mafias con uniformes camuflados.
Cuando la guerrilla comenzó a retroceder, los paramilitares se enriquecieron mediante el tráfico de cocaína, robos y extorsiones, especialmente en la costa del Caribe, un territorio que llegaron a dominar. La Policía y los oficiales militares se hacían los ciegos y con frecuencia hasta les brindaban una mano.
En 2002 Uribe fue elegido y se transformó en un firme aliado de Estados Unidos en un continente donde varios países giraron a la izquierda en los últimos años. Uribe endureció la ofensiva del Gobierno contra las guerrillas a la vez que negoció un acuerdo de paz con los paramilitares.
Más de 31 mil combatientes se desmovilizaron bajo un pacto de paz del 2003 con el Gobierno de Uribe, el cual da a los ex paramilitares de un estipendio mensual de casi 200 dólares, los ayuda a encontrar trabajo y acuerda sentencias reducidas para los líderes, a cambio de que confiesen todos los crímenes que cometieron.
PODER POLÍTICO
Pero una buena parte de la élite política del país sigue en deuda con los cabecillas paramilitares, según el senador opositor Gustavo Petro, uno de los principales críticos del proceso de paz. Argumenta que esos ejércitos privados siguen siendo herramientas de misteriosos personajes que se han beneficiado del despojo de tierras.
?En el corazón de esta crisis está la relación entre el poder político y la posesión de la tierra?, dijo un agrónomo de la Organización de las Naciones Unidas, Darío Fajardo.
Con información que fue difundida inicialmente por Petro, la Corte Suprema comenzó investigaciones en los últimos meses. Senadores y congresistas se han visto arrinconados por investigadores de la Corte Suprema por sindicaciones de recibir ayuda de caciques paramilitares para que fueran elegidos, mediante la intimidación de votantes, a cambio del financiamiento con fondos públicos de sus organizaciones.
Salvatore Mancuso, el primer cabecilla paramilitar en rendir testimonio como parte del proceso de desmovilización, dijo en enero que las milicias inclusive presionaron a la población para que votara por Uribe en 2002. Uribe negó conocer la campaña de intimidación a su favor y no ha sido implicado en el escándalo.
Otros políticos, sin embargo, han admitido haber cooperado con los paramilitares. Un congresista reveló que él y otros 29 líderes políticos firmaron un pacto de colaboración con los paramilitares en el 2001.
Miles de ganaderos firmaron recientemente una desafiante carta abierta en la que aceptaron haberle pagado a los grupos paramilitares.
Esos desembolsos ocurrieron antes de que Uribe fuera elegido presidente, pero las políticas de su Gobierno están consagrando el robo de tierras bajo escudos legales.
Un proyecto de Ley que el ministro de Agricultura presentó al Congreso permitiría que alguien obtenga un título de propiedad con sólo probar que ha estado en su posesión de un terreno durante cinco años.
El grupo de derechos humanos Comisión Colombiana de Juristas dice que la propuesta legislativa ?mantiene, expande y legaliza el control que los paramilitares establecieron a sangre y fuego sobre millones de hectáreas de tierra?.
Pero incluso si el Gobierno lo quisiera, devolverle las tierras a sus verdaderos dueños sería un reto monumental. Los líderes paramilitares han ocultado hábilmente las parcelas saqueadas detrás de hombres de fachada. Registradores catastrales han sido asesinados. Numerosos registros inmobiliarios han desaparecidos en sospechosos incendios.
El proceso de desmovilización no ha logrado que los paramilitares entreguen sus tierras, como las víctimas esperaban.
