El titular de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, rechazó que haya una “cacería de brujas” contra los movimientos sociales o sus líderes y puntualizó que lo único que ha hecho el Gobierno es pedir al EPR conducirse con responsabilidad. (Archivo)
Niega el secretario de Gobernación que exista una ‘guerra sucia’ contra los rebeldes.
MÉXICO, DF.- El Gobierno Federal exigió al Ejército Popular Revolucionario (EPR) cesar su “campaña de hostigamiento” pues carece de razones válidas para sostener que existe una “guerra sucia” en su contra y al considerar que sus demandas para que se investigue la desaparición de dos de sus integrantes está siendo atendida.
Este comunicado responde a informes que llegaron al Gobierno Federal de que el EPR activó una célula para realizar una acción armada.
La Secretaría de Gobernación pide al EPR ser congruente con su posicionamiento y detener su campaña de hostigamiento, pero también advierte que “sin importar la motivación de sus autores, hará todo lo que esté de su parte para impedir nuevos actos de sabotaje en contra de los mexicanos y sus instituciones, y para castigar a los responsables”.
El comunicado dividido en dos puntos “¿La Guerra Sucia?” Y “Los Desaparecidos”, pretende demostrar en su primera parte que la “guerra sucia del Gobierno Federal (contra el EPR) es un invento”
En el segundo punto, enumera diversas contradicciones en los comunicados del EPR respecto a la desaparición de sus compañeros, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya el 25 de mayo pasado.
“Para el EPR la prueba contundente de la guerra sucia es la desaparición de sus compañeros, atribuyéndolo al Gobierno Federal. El problema es que esa última afirmación carece de sustento, lo que se deriva de la lectura de sus comunicados”.
Los pasados meses de septiembre y julio el EPR ejecutó atentados contra instalaciones de Petróleos Mexicanos. Los primeros en Celaya y Salamanca, Guanajuato, y en Coroneo, Querétaro. Posteriormente atacaron en Veracruz y Tlaxcala.
“La primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos; ello implica la vigencia del Estado de Derecho. Ésa es razón suficiente para que el Gobierno Federal investigue la presunta desaparición de las dos personas de esa organización. La PGR inició la averiguación previa desde el 11 de julio de este año y posteriormente el presidente Felipe Calderón instruyó al Cisen a colaborar decididamente con la Procuraduría en el esclarecimiento del paradero de esas dos personas. Se está haciendo, con estricto apego a la Ley. Se tienen varias hipótesis generales que no descartan ninguna posibilidad, y cada una de ellas tiene un conjunto de líneas de investigación, que se están abordando de manera ordenada, sistemática y con mucho rigor. La tarea no será fácil, pues la información inicial es escasa debido que los familiares de los presuntos desaparecidos proporcionaron pocos datos”, explica la Secretaría de Gobernación.
Para ser congruentes con su posicionamiento, el EPR debiera cesar su “campaña de hostigamiento”. En primer lugar, porque su demanda está siendo atendida. En segundo, porque la supuesta guerra sucia de la cual serían víctimas no existe. Y en tercer lugar ¿Con qué autoridad moral le demandan al Estado la vigencia del Estado de Derecho si ellos se otorgan el derecho de violarlo (realizar actos de sabotaje) cada vez que quieran? Si a pesar de estas tres razones, deciden continuar con la violencia en contra de los mexicanos, quedará claro que su demanda no es real y tienen otros motivos para agredir. Estarían mintiendo.
¿Dónde están?
A 200 días de la desaparición de los militantes del EPR, Alberto Cruz y Edmundo Amaya, ninguna persona, grupo armado o autoridad dice saber dónde se encuentran o qué fue de ellos.
De acuerdo a las amenazas eperristas, este 10 de diciembre podría ser un día de atentados a instalaciones federales, toda vez que en noviembre no atacaron, como correspondía en su planteamiento original de realizar actos violentos los días 10 de cada dos meses.
Aun así, tan previsible calendarización de acciones resulta extraña a los expertos en seguridad nacional, toda vez que el factor sorpresa y de incertidumbre es una de las principales ventajas de los grupos guerrilleros.
El Gobierno Federal, en voz del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña y del director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés han afirmado que existe el interés presidencial en aclarar el caso, pero que no se sabe dónde están Cruz y Reyes.
Las evidencias del trabajo de Inteligencia civil y militar apuntan a pistas tan diversas como contradictorias, lo que permite concluir que, en efecto, el Gobierno Federal no tendría idea del paradero de estos dos hombres que, al irse, se llevaron una parte de la tranquilidad social.
En menos de un mes, además del EPR, se han pronunciado en alerta las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos y Tendencia Democrática Revolucionaria, quienes en sendos comunicados han manifestado su disposición a dejar de lado sus diferencias programáticas para unirse a la exigencia de que Cruz y Reyes sean presentados y responsabilizan al Gobierno Federal de su desaparición.
Incluso el EZLN, que a su vez denuncia un actual acoso a sus comunidades de base, se ha solidarizado con la búsqueda de los eperristas.
Movimientos sociales de corte radical, aunque no armado, como el de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, los opositores a la presa La Parota, la Organización Campesina de la Sierra del Sur, los miembros de la APPO y los presos de Atenco incluyeron en sus respectivas reivindicaciones la del esclarecimiento de este caso.
Hasta la Convención Nacional Democrática que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en su resolutivo sobre derechos humanos pidió el pasado 18 de noviembre libertad para los presos políticos, en particular Cruz y Reyes.
Se configura un escenario de choque y violencia, en la medida en que quienes deberían saber de los desaparecidos ignoran o esconden el destino de aquéllos. En todo caso, la principal responsabilidad en desactivar esta bomba recae en el Gobierno.
