pues no. La Suprema Corte de Justicia paró en seco la esperanza. El Pleno canceló de momento la posibilidad –la mera posibilidad- de suponer, imaginar, fantasear con la idea de que la justicia en México es posible, que el abuso de poder puede ser sancionado, que los poderosos no siempre ganan.
La semana pasada escribí que Lydia Cacho -periodista y defensora de los derechos humanos que lleva año y medio luchando para que se le haga justicia a ella y las víctimas de pederastia que defiende- con paciencia, tesón y enorme valentía había traído de la mano la esperanza de que un país sin impunidad y con justicia es posible.
Y es que tras cinco meses de investigación, el ministro de la Corte, Juan N. Silva Meza, concluyó que autoridades de Puebla y Quintana Roo SÍ habían violado las garantías individuales de Lydia Cacho.
Este proyecto, sin precedentes en nuestra historia, abría la puerta a la esperanza; porque, al menos por una vez, enviaría el mensaje a los siempre todopoderosos gobernadores, procuradores de justicia, jueces, autoridades en general, que no se pueden violar las garantías individuales de la ciudadanía si se tiene el valor y la tenacidad y la paciencia de llevar el caso a sus últimas consecuencias, como lo hace Lydia.
Pero siempre no. El Pleno de la SCJN nos dio la espalda.
El pasado martes 26, por ocho votos contra tres, la SCJN rechazó el dictamen con el argumento que se debe garantizar el derecho de audiencia de los funcionarios considerados responsables. Y aplazaron –sin precisar fecha- la discusión del asunto, hasta que emitan un acuerdo general que regule su facultad de investigación.
Traducción: La investigación no se da por concluida y se revisará la forma en que se realizó (lo cual de alguna manera descalifica la conclusión presentada por el ministro Silva) y los funcionarios tendrán más tiempo aún para buscar elementos de defensa o apostar al olvido.
El ministro Silva Meza se opuso a la resolución (junto a los ministros Genaro Góngora y Sergio Valls) y señaló que “El gobernador de Puebla en todo momento tuvo, ha tenido y tiene conocimiento de la investigación constitucional, en la cual ha intervenido alegando lo que ha considerado oportuno y ofreciendo las pruebas que estimó convenientes”. Asimismo, dijo que la investigación estaba concluida y sólo faltaba la aprobación o no del Pleno; y afirmó que parecería que se harían reglas ad hoc para esta investigación.
De acuerdo con información de La Jornada (junio 27), en sus conclusiones el ministro Silva señaló que se citaron a declarar a 117 personas, se analizaron grabaciones telefónicas, publicaciones, informes oficiales, reportes de telefonía, expedientes, actuaciones judiciales y ministeriales de autoridades de Puebla y Cancún. Y su conclusión es que “sí existió concierto de autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo para violar los derechos de Lydia Cacho, transgrediendo principios democráticos de federalismo y división de poderes, particularmente la independencia judicial”.
Apunta también que autoridades de Puebla se condujeron “en forma falaz al narrar los acontecimientos” para que no se llegara a conocer el concierto de acciones del gobernador Marín Torres; de la procuradora, Blanca Laura Villeda; del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido y del procurador de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez, para violar los derechos de la periodista.
Afirma que Lydia Cacho fue torturada en su traslado de Cancún a Puebla; trayectoria en la cual gente cercana al empresario Kamel Nacif “escoltó” el vehículo oficial.
En fin, el dictamen de más de mil hojas, señala que hubo aprovechamiento y uso ilegítimo del aparato de Gobierno.
¿Ve por qué decía que la esperanza, traída de la mano de Lydia, se asomaba? Pero siempre no. El Pleno de la SCJN la paró en seco.
Desde luego ha de ser una coincidencia que Fabián Aguinaco, uno de los abogados del gobernador Marín, sea hijo del ex presidente de la Corte, José Vicente Aguinaco, compañero y amigo de muchos de los actuales ministros. (Por cierto, ¿de dónde salen los honorarios y todos los gastos que ocasiona la defensa del gober? Na’más pregunto).
Para colmo de males, este aplazamiento deja de lado el meollo de todo el asunto: la explotación sexual infantil y las redes de poder que, por acción u omisión, cobijan este delito. Y es que no hay que olvidar que se violaron las garantías de Lydia precisamente por darle seguimiento a un caso de pederastia en el que están involucrados hombres con mucho poder.
Total, parece ser que el mensaje de la SCJN es que siempre no es momento de abrigar esperanzas por un país mejor. Ni hablar, a veces duele vivir en México.
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cecilialavalle@hotmail.com
