Entre estos 85 policías ministeriales se encuentran los 15 elementos pertenecientes a la Subprocuraduría en la Región Lagunera de Durango y cuyas plazas aún no han sido ocupadas por nuevo personal, desde octubre de 2006.
Desde octubre de 2006 esos lugares no se han ocupado en la Procuraduría General de Justicia de Durango
GÓMEZ PALACIO, DGO.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Durango (PGJED) no ha podido recuperar las plazas de los 85 agentes de la Policía Ministerial que fueron dados de baja hace dos años por dar positivo al consumo de alguna droga, debido a que al menos el 90 por ciento apeló la determinación de la dependencia.
Entre estos 85 policías ministeriales se encuentran los 15 elementos pertenecientes a la Subprocuraduría en la Región Lagunera de Durango y cuyas plazas aún no han sido ocupadas por nuevo personal, desde octubre de 2006.
Jesús Gutiérrez Vargas, titular de la PGJED, reconoció que “hace dos años que iniciamos esta acción, por parte de la Procuraduría están concluidos los procedimientos, nosotros en tres meses concluimos”.
Precisó que dichos elementos tienen el mismo derecho como cualquier ciudadano y funcionario público, por lo cual acudieron a las instancias competentes para hacer valer sus derechos.
“De los más de 85 casos, el 90 por ciento se fue a las instancias a recurrir la resolución de la Procuraduría, sólo el 10 por ciento llegamos a un arreglo por así decirlo, donde aceptaban su responsabilidad, no solicitaban ni un peso”, dijo Gutiérrez Vargas sobre la situación que guarda el citado proceso.
El funcionario estatal señaló que las demandas y solicitudes de salarios caídos fueron interpuestas en diversas instancias, como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Además de establecer que mientras no se cuente con la resolución de las citadas instituciones no pueden ocuparse las vacantes existentes.
“No podemos disponer de estas plazas porque ellos (los policías) están demandando, evidentemente, sus salarios caídos”, puntualizó Jesús Gutiérrez Vargas.
Ante tal situación, el funcionario estatal destacó que aun así dicho procedimiento puede tardarse aún más, ya que “hasta que no se resuelva jurídicamente, hasta la última instancia legal, que puede ser hasta un Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podemos disponer de ello”.
Gutiérrez Vargas admitió que dicha situación burocrática es “motivo de preocupación y motivo de propuesta ante las instancias legislativas correspondientes”, para poder legislar y que conforme a derecho se puedan tener procedimientos más rápidos y ágiles que permitan prescindir de los elementos que den positivo a un examen antidoping.
