El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón enfrenta dos serios problemas que han desatado la polémica y una andanada de dudas sobre el desempeño de dos Administraciones panistas. Por una parte, está la auditoría integral ordenada por el Congreso del Estado para revisar el funcionamiento de la empresa pública durante el trienio del ex alcalde y ahora senador Guillermo Anaya Llamas; por la otra, están las fuertes acusaciones del ex gerente técnico del organismo, Raymundo Rodríguez de la Torre, sobre el manejo supuestamente inadecuado que hace de la paramunicipal el Ayuntamiento encabezado por José Ángel Pérez Hernández. Los dos casos, aparentemente sin relación, tienen su historia y podrían conectarse en un futuro próximo.
En septiembre de 2003, la Comarca Lagunera fue azotada por un fuerte temporal que ocasionó inundaciones en toda la ciudad, las cuales, a su vez, provocaron que varios colectores de la red de drenaje sanitario se colapsaran. Frente a esta contingencia, el Simas asignó directamente la reparación de las atarjeas a varias empresas, entre las que se encontraba Jimsa, propiedad del entonces director de Desarrollo Urbano, Eduardo Jiménez Saracho, quien además es cuñado de Fernando Alatorre Dressel, gerente general de la paramunicipal en esas fechas y Jibe, propiedad de Darío Jiménez Berumen, primo de Eduardo y a la sazón miembro del Consejo de Administración de la empresa de aguas y saneamiento.
El asunto despertó gran controversia al grado que representantes de la Iniciativa Privada pidieron que se investigara el asunto e incluso, que se aplicara una auditoría al Simas. La Administración municipal negó que se haya incurrido en una irregularidad y justificó la asignación directa de las obras. Las severas críticas y cuestionamientos motivaron a Darío Jiménez Berumen a renunciar como consejero en noviembre del mismo año, aunque rechazó haber cometido algún acto ilegal.
Pero el asunto no paró ahí. El Congreso Estatal dio entrada a una denuncia presentada por la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón (CPUT) por el supuesto tráfico de influencias y presunta violación a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.
A mediados de 2004, más colectores se colapsaron y según el diagnóstico del Simas, otros se encontraban en riesgo por las lluvias. Esto obligó al Ayuntamiento a solicitar la autorización de la Cámara de Diputados de Coahuila para gestionar un crédito de poco más de 70 millones de pesos en una institución bancaria. Los legisladores dieron su aprobación, en agosto fueron licitadas las obras de reparación y en diciembre iniciaron los trabajos. No obstante, las dudas sobre la asignación de los primeros colectores nunca fueron disipadas.
En enero de 2006, pocos días después del cambio de Administración municipal, la Iniciativa Privada demandó la realización de una auditoría técnica y contable al Simas para contestar todas los cuestionamientos en torno al desempeño de la paramunicipal en el trienio de Guillermo Anaya. La petición no encontró eco hasta finales de agosto, cuando el Congreso del Estado rechazó las cuentas del Simas correspondientes a los cuatro trimestres de 2004 y tres de 2005, debido a que fueron encontradas presuntas irregularidades tanto en la asignación de las obras de reparación de atarjeas como en el ejercicio de los recursos del crédito autorizado para una parte de los trabajos. Los diputados locales priistas hablaron incluso de ?una confabulación familiar?.
En diciembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó llevar a cabo una auditoría externa a la empresa de aguas y saneamiento para revisar su desempeño durante 2004 y 2005 y la aplicación de los 70 millones de pesos autorizados. La reacción de los panistas no se hizo esperar y acusaron al PRI, que tiene la mayoría en el Congreso, de actuar ?sin fundamento ni principios legales?. El propio ex alcalde Guillermo Anaya los acusó de actuar por ?revanchismo político?.
En un principio, la Administración de José Ángel Pérez dio la bienvenida a la decisión de la Cámara, no obstante, pronto cambió de parecer. Funcionarios municipales y regidores del PAN advirtieron que con la nueva revisión podría violentarse la autonomía municipal y señalaron que las cuentas cuestionadas ya habían sido analizadas en tres ocasiones e incluso auditadas por la Contaduría Mayor de Hacienda. A inicios del presente mes, el presidente municipal declaró que presentaría un recurso de controversia constitucional por la decisión del Congreso local por ?violar su Ley Orgánica?. Hoy, la auditoría y la controversia aún están pendientes.
La historia del otro asunto enunciado al comienzo es más corta, pero no por eso menos grave. El pasado 20 de febrero fue dado de baja Raymundo Rodríguez de la Torre como gerente técnico del Simas luego de 20 años de servicio. El alcalde dijo que el despido se debió ?a la falta de capacidad del ex funcionario para solucionar el problema de las fugas de agua potable?. No obstante, este último dijo que fue cesado porque se convirtió ?en un estorbo para los ?negocios? que se hacen en el Simas con el fin de obtener dinero para financiar la campaña de José Ángel Pérez en sus aspiraciones a la gubernatura del Estado?.
Estas declaraciones motivaron al Ayuntamiento a interponer una denuncia penal por difamación contra Rodríguez de la Torre para ?obligarlo a presentar las pruebas de su acusación?. Se está a la espera de la ratificación de la querella.
Aunque cada caso, el de la auditoría y el de la denuncia, sigue su curso, no debe pasarse por alto una situación: que el ex gerente técnico podría convertirse en una pieza importante en la revisión externa que pretende aplicársele al Simas, ya que ¿quién si no él conoce tanto la infraestructura que se esconde bajo las calles de Torreón? Es aquí donde las dos historias podrían conectarse.
Pero independientemente de que esto suceda, ambos problemas representan un duro golpe a la credibilidad y confianza de la ciudadanía hacia la empresa que ofrece el servicio público municipal más importante y que ejerce uno de los presupuestos más altos de la Administración, solventado -no debe olvidarse- con el dinero de los habitantes de Torreón. Por lo cual, lo mínimo que se le puede exigir al Gobierno local y a los funcionarios de Simas es transparencia en todas las acciones que lleven a cabo y que las dudas expuestas sean aclaradas satisfactoriamente.
