La mayoría de los especialistas exigen un cambio en la CETU de lo contrario ven efectos negativos en las empresas.
México, DF.- En la medida en que no se modifique la Contribución Empresarial a Tasa Unica (CETU), incluida en la propuesta de reforma fiscal del Ejecutivo, representará un enorme retroceso para México, advirtió la firma Ernst & Young (EY).
El socio director de la Práctica de Consultoría en Impuestos de la compañía, Carlos Cárdenas Guzmán, expuso que con la CETU el Gobierno Federal pretende elevar la recaudación en 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Con una mayor eficiencia recaudatoria prevé incrementar los niveles en 1.2 por ciento del PIB, y así, en conjunto, la reforma fiscal aumentaría los ingresos en tres por ciento como proporción del PIB, lo cual equivaldría a 300 mil millones de pesos, añadió. En su análisis titulado “Un retroceso en la competitividad de nuestro esquema fiscal”, reconoció que es impostergable incrementar de manera importante los niveles de recaudación de México, pero, en su opinión, la CETU debe estar acompañada de dos premisas.
La primera es que el esquema fiscal no pierda competitividad en el entorno internacional y que los impuestos establecidos en diferentes leyes, en este caso la CETU, obliguen a los contribuyentes a aportar al gasto público de manera proporcional y equitativa, como lo establece la Constitución, sin afectar a grupos en particular.
“Lamentablemente la iniciativa de la CETU no cumple con estas premisas, por lo que, en la medida en que no se modifique, representará un enorme retroceso en materia fiscal para nuestro país, y no veo muy claro cómo, en la práctica, se vaya a poder modificar en todos los puntos que requiere”, sostuvo.
A la fecha, dijo, ninguno de los 34 países con los que México tiene tratados para evitar la doble tributación reconocen a la CETU como un Impuesto sobre la Renta (ISR) y no aceptan su acreditamiento, lo cual generaría una doble tributación para aquellos contribuyentes que sean subsidiarias de empresas extranjeras.
Además, la CETU se concibió ignorando el pasado fiscal de los contribuyentes (inversiones en activos fijos, adquisición de inventarios, pérdidas fiscales, acreditamientos de impuestos pagados, entre otros), como si todo naciera a partir del 1 de enero de 2008, cuando entraría en vigor.
El socio de esta consultoría comentó que tampoco incluye un esquema efectivo de coexistencia entre la CETU y el ISR, generándose, en muchos casos, duplicidad en el pago del impuesto. Además, afirmó, existen innumerables disposiciones que afectan de manera improcedente a diversas ramas de la industria, comercio o servicios, así como a grupos de contribuyentes en lo particular.
Precisó que el impacto fundamental de la CETU se dará dentro del núcleo de contribuyentes que integran la economía formal, que según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) representa 40 por ciento de la economía, y el restante 60 por ciento se encuentra en el sector informal-ilegal.
Estamos, dijo, en presencia de una iniciativa de reforma que “encarecerá” el esquema fiscal en 300 mil millones de pesos para 40 por ciento de la economía que está en la formalidad, y no combate seriamente al restante que se encuentra en la informalidad.
Cárdenas Guzmán consideró urgente que de una vez por todas se implemente la reforma hacendaria que México requiere, porque así estaría en posibilidad de ser competitivo con su esquema fiscal en el contexto mundial y, en consecuencia, podría alcanzar niveles internacionales en materia de recaudación.
“Es urgente que nuestro país capte mucha más inversión extranjera para fomentar el empleo. El tiempo se está agotando.
Confiamos en que al final de todo, prevalezca la razón”, añadió Cárdenas Guzmán. Recordó que México es el país con la más baja recaudación entre los que integran la OCDE, con solo diez por ciento del PIB, mientras que la media en esa organización alcanza 25 por ciento y la media en América Latina se ubica en niveles de 15 por ciento.
Más que una reforma
Para detonar la inversión en infraestructura no sólo se requiere de una Reforma Fiscal, también es fundamental mantener y mejorar la fortaleza financiera del Estado mexicano y los organismos descentralizados.
-El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) estimó que también debe fortalecerse el marco jurídico en niveles federal, estatal y municipal en materia de inversión en
infraestructura, que incluya una asignación eficiente y equitativa de los riesgos en los contratos. A su vez, es indispensable mejorar los procesos de planeación y desarrollo de proyectos integrales y fortalecer la información y transparencia, añadió el organismo en su análisis estratégico semanal.
-En el documento titulado “Infraestructura: Impulso al crecimiento”, el CEESP expuso que la participación del sector privado en la inversión en infraestructura depende de la disponibilidad de financiamiento. Para fortalecer esa disponibilidad, abundó, las políticas públicas deben asegurar la estabilidad económica; el diseño de proyectos viables; marcos jurídicos a niveles federal,
estatal y municipal sólidos; y la fortaleza financiera del Estado y los organismos descentralizados.
-Asimismo, claridad y seguridad en la fuente de pago, así como bases y contratos sólidos y
financiables que incluyan reglas de terminación anticipada adecuadas; distribución equitativa
de los riesgos y mecanismos de solución de controversias, indicó.
-Señaló que el vínculo entre infraestructura básica y el crecimiento económico es importante, ya que el gasto en inversión tiene un impacto positivo en la demanda agregada y en la capacidad productiva de una nación, y la infraestructura tiene un efecto detonador o multiplicador en la inversión privada. Pero además de los beneficios económicos, destacó, la apertura de oportunidades y el desarrollo que la provisión de infraestructura básica conlleva tiene efectos favorables en la reducción de la desigualdad y la pobreza, la violencia y el crimen.
