“Tengan cuidado: ellos tienen armas y no tienen opciones”.
Riszard Kapuscinski
Parecería que no han transcurrido 10 años desde la matanza de Acteal. Los intentos por aprovechar políticamente el asesinato de cuando menos 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997 siguen estando presentes. El sistema de justicia de México sigue haciendo gala de incapacidad. Las condiciones que promovieron la matanza aún están presentes. No hemos avanzado nada.
Este sábado 22 de diciembre, el grupo tzotzil de Las Abejas, cercano al EZLN y al que pertenecían las víctimas de la matanza, reiteró su vieja acusación de que el responsable real del ataque a su comunidad fue Ernesto Zedillo, quien en 1997 era presidente de México. “El plan de la matanza fue diseñado por el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León —señaló este sábado la organización en un documento—. Esta brutal matanza se inscribió en un contexto de guerra en el que las acciones paramilitares fueron parte clave de la estrategia contrainsurgente implementada por el Gobierno mexicano en el estado de Chiapas”. El mismo lenguaje laberíntico y lleno de terminajos supuestamente técnicos no es de los indígenas de nuestro país sino el de las organizaciones políticas que viven de ellos.
El Gobierno del estado de Chiapas detuvo este fin de semana a uno de los presuntos responsables por la matanza de hace 10 años. Se trata de Antonio Santiz López, a quien varios testigos señalan como uno de los instigadores de la matanza y una de las personas que proporcionó armas a los grupos que se oponían al EZLN. Pero no se le acusa por su presunta participación en la matanza, de la cual fue ya absuelto por un juez “debido a la deficiencia de las pruebas de cargo”, sino de algunos de los robos con violencia y daños a la comunidad de Las Abejas que tuvieron lugar antes de la matanza como parte de una serie de enfrentamientos entre zapatistas y no zapatistas.
Mientras tanto, alrededor de 70 indígenas han permanecido presos cerca de 10 años por la matanza de Acteal. Muchos de ellos no han sido siquiera sentenciados en primera instancia. En la enorme mayoría de los casos se trata de simples chivos expiatorios. No hay pruebas concretas en contra de la mayoría de los acusados. Algunos, de hecho, se encontraban muy lejos del lugar de los hechos. Las acusaciones en su contra fueron políticas.
Los sobrevivientes de la matanza primero señalaron que no habían podido ver a los atacantes, pero después identificaron a más de un centenar de responsables de listas de indígenas opuestos al EZLN. ¿Quién les dio esas listas? No sabemos. De lo que no cabe duda es que más que un intento por lograr justicia ante uno de los hechos más lamentables de nuestra historia, las acciones de la Procuraduría General de la República se convirtieron en una cacería de brujas en contra de quienes se oponían al EZLN.
Hoy el gobernador Juan Sabines, ha iniciado una nueva investigación sobre lo acontecido hace 10 años en Acteal. Es saludable que lo haga. Son muchas las preguntas que aún quedan sobre la peor matanza de la historia reciente de México.
Pero lo que sí sabemos es que la matanza fue la conclusión de una serie de enfrentamientos en que participaban grupos simpatizantes y adversarios del EZLN. La violencia de estas acciones fue aumentando debido a que las autoridades estatales y federales se negaron a intervenir. Lo que sabemos es que la matanza fue un acto de venganza por homicidios y robos cometidos con anterioridad por simpatizantes del EZLN. Quienes participaron en esa matanza estaban armados y no tenían opciones ante una justicia que había decidido cruzarse de brazos.
La principal lección de la matanza de Acteal es que el Estado no puede abdicar de su responsabilidad fundamental. Al permitir que los simpatizantes del EZLN estuvieran armados, y expropiaran tierras y recursos de otras comunidades indígenas sólo por ser miembros o simpatizantes del EZLN, el Gobierno Federal creó las condiciones que llevaron al establecimiento de otros grupos armados que buscaban defender sus intereses frente a los zapatistas.
Si no queremos que se repita en el futuro alguna matanza como la de Acteal, es importante que los políticos mexicanos entiendan cuál es la razón de ser del Estado. Éste debe proporcionar seguridad a todos los habitantes de un país. En el momento en que el Estado abdica del monopolio el uso de la fuerza, como sucedió en Chiapas en los años noventa, los gobernados no tendrán más opción que dirimir sus diferencias por la fuerza.
CONTRA LA CENSURA
Un grupo de intelectuales encabezado por Federico Reyes Heroles está buscando un amparo contra las enmiendas a la Constitución realizadas como parte de la reforma electoral. Su argumento es que estas enmiendas, al prohibir a quienes no sean partidos políticos la contratación de tiempos de radio y televisión para defender sus ideas políticas, violan la garantía de libertad de expresión plasmada en el artículo sexto de la Constitución. Muchos jueces consideran que no es posible otorgar un amparo contra un Artículo de la Constitución. Pero ¿qué ocurre cuando una enmienda viola una garantía fundamental de nuestra Carta Magna? Este amparo, y otros presentados por distintas organizaciones, buscan resolver este problema. Ojalá la Suprema Corte de Justicia termine por atraer estos juicios.
Página de internet:
www.sergiosarmiento.com
