Apenas terminaba una de las semanas más tensas en materia de seguridad pública en la memoria reciente de Torreón, con balaceras y secuestros y rumores de una oleada de violencia, cuando el Municipio amaneció el lunes sin Policía.
Los 400 elementos que debieron presentarse a trabajar en el turno matutino de ayer optaron por no hacerlo. La actual situación de inseguridad, días después de que coronas fúnebres con amenazas del crimen organizado aparecieron en el edificio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tiene a los policías en obvio temor. No es esto para lo que los han equipado.
Con sueldos bajos, equipo precario y preparación insuficiente para hacer frente a la ola de crimen organizado que ha descendido sobre la Comarca, la Policía Municipal tiene bases para sus reclamos. Quizá dejar a la ciudad desprotegida no es la mejor forma de hacer valer sus demandas, pero el mensaje es claro.
Ante esta situación, el alcalde José Ángel Pérez Hernández prefirió bajar su perfil y negociar por teléfono. Igual que hizo con la huelga del Simas, Pérez Hernández decidió enviar emisarios a negociar con la Policía y mantenerse al tanto por teléfono. No se le vio en las pláticas ni estuvo disponible para hacer declaraciones. No se sintió, pues, la presencia de la primera autoridad de la ciudad, aún cuando los policías huelguistas pedían a los hombres del alcalde que éste no enviara intermediarios. Al final, el alcalde dio una rueda de prensa admitiendo que no se logró un acuerdo.
Este es un problema que debió anticiparse desde hace tiempo, al menos desde que la ciudad entró en una nueva dinámica de seguridad pública frente a la penetración del crimen organizado. La demanda de los policías es simple: mejor salario y mejor equipo. En otras palabras, que se cumpla la promesa del alcalde de tener “la mejor Policía del norte del país”.
La primera parte es más compleja dadas las limitaciones del presupuesto municipal. La segunda parte puede resolverse con los recursos del Fideicomiso de Seguridad Pública. El alcalde entregó hace semanas los 20 millones de pesos que el Gobierno del Estado prometió igualar. Ayer, el Estado depositó su parte. La inversión será principalmente para adquirir tecnología como radios y cámaras de video y para un centro de crisis.
Con esta situación, quizá sea necesario replantear el uso que se dará a ese dinero para atender las necesidades más inmediatas de equipamiento.
Pero lo más importante en este momento tenso es que la ciudadanía no se sienta desprotegida y que sienta la presencia de una autoridad que atiende el problema. El alcalde José Ángel Pérez debe ponerse al frente de la negociación con la Policía. El tema es demasiado delicado para dejarlo en manos de intermediarios.
