“¿Acaso no sé que la única forma de conocer al mal es a través de la verdad? El mal y el bien sólo se reconocen renunciando a su secreto cara a cara”.
Djuna Barnes
Se fue y no tan rápido como corre el ratoncito animado de la Warner Bros. Se fue luego de varios meses de polémica y de gritos desesperados de los demócratas que pedían darle cuello. Se fue dejando un desafortunado legado en el Departamento de Justicia estadounidense. Pero Alberto Gonzales también se fue sentando el precedente de haber sido el primer hispano en ocupar el cargo de Procurador de Justicia, se fue llevándose el título del mexicoamericano más poderoso en el Gobierno Federal estadounidense.
Por mérito propio, este hijo de un albañil de bajos recursos consiguió una beca que lo llevó a Harvard a estudiar leyes a inicios de los años 80. Posteriormente, ya en la década de los 90, se convirtió en el protegido del entonces gobernador George W. Bush, quien lo llevó al terreno de la política al nombrarlo su consejero legal y posteriormente lo postuló a la Suprema Corte de Justicia de Texas.
Fiel siempre a su amigo y protector, Gonzales construyó rápidamente un historial de juez conservador, pero liberal en temas como el aborto. Con la llegada de Bush a la Presidencia en 2001, Gonzales fue nombrado el encargado de los asuntos jurídicos de la Casa Blanca. En ese puesto se ganó el descontento de la Oposición demócrata por haber sido el responsable de redactar el borrador de la controvertida Ley Patriota y de recomendar que Estados Unidos no acatara la Convención de Ginebra para encerrar a los prisioneros talibanes en la prisión de Guantánamo sin un juicio previo. También en ese puesto y por encargo del estratega electoral Karl Rove, el hispano redactó la fallida enmienda constitucional para prohibir los matrimonios entre parejas del mismo sexo, que ayudó a su jefe a conseguir la reelección en 2004.
Cuando el conservador John Ashcroft renunció al Departamento de Justicia en 2005, Gonzales fue casi inmediatamente propuesto por el presidente Bush para el cargo. Varios analistas vieron en la movida sólo un paso intermedio para que Gonzales llegara a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, como procurador general el abogado destruyó su oportunidad de convertirse en el primer hispano en llegar al máximo Tribunal estadounidense.
Como secretario de Justicia Gonzales defendió el ensanchamiento de los poderes de la Presidencia, sirviendo de tapadera a las polémicas artimañas legales de la Casa Blanca en el combate al terrorismo. En numerosas ocasiones el procurador hispano fue llamado al Congreso a dar testimonio de medidas como el espionaje telefónico. Una y otra vez, el funcionario, irónicamente encargado de defender la Constitución y los derechos civiles de los estadounidenses, justificó la violación de tales derechos bajo el combate al terrorismo.
La gota que derramó el vaso fue el despido de ocho fiscales federales en el año 2006. Si bien el procurador general de Justicia tiene la facultad de remover de su cargo a los fiscales que no están desempeñando una labor eficiente, el despido de esos fiscales se debió no a su desempeño, sino a que la Casa Blanca quería en esos puestos a personajes más cercanos al Partido Republicano. Gonzales, falto de independencia de la Presidencia, acató la orden al pie de la letra y posteriormente se guardó sus secretos y mintió ante el Congreso sobre su participación directa en esos despidos.
La salida de Gonzales se da apenas unas semanas después de la de Karl Rove, el cerebro político de Bush. Esos movimientos lo único que confirman son el desangramiento de una Presidencia que va de salida, pero a las acciones de esos tres personajes, junto a las de otros funcionarios del Gobierno de Bush, se deben la anemia que sufre hoy el sistema político estadounidense y la leucemia que vive el Oriente Medio. Cayó uno más, pero aún queda el principal…
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