Qué difícil reconocer el avance político del país cuando, por momentos, los vicios avasallan a las virtudes del Estado de Derecho y la democracia.
De ahí la importancia de la decisión de los ministros de Justicia y los consejeros electorales frente a los abusos cometidos por los grandes concesionarios de radio y televisión, así como por los partidos políticos contra el Estado de Derecho y la democracia. Si ministros y consejeros se doblegan frente a esas dos instancias, podrá decirse entonces que el enorme esfuerzo cívico-ciudadano desplegado durante las últimas dos décadas dio por resultado una democracia defectuosa.
Avalar la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de radio y televisión patrocinada por los grandes concesionarios y el inaceptable gasto de los partidos políticos en los spots propagandístico-electorales sería tanto como legalizar una nueva simulación política: un Estado de privilegios en lugar de un Estado de Derecho, una spotcracia en lugar de una democracia.
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El calendario a veces juega malas pasadas, esta vez se las jugó a los grandes concesionarios de medios de comunicación así como a los partidos políticos. En las mismas fechas, los colocó ante la autoridad judicial y electoral, exhibiendo la perversidad de su asociación.
Esa simple coincidencia en el calendario pone, por accidente, en la vitrina nacional, uno de los principales vicios de la democracia mexicana: el peligro de reducir ésta al binomio partidocracia-mediocracia, donde el ciudadano queda reducido a la condición de elector manipulable, aquel que puede cambiar de canal como puede cambiar partido sin percatarse que, en realidad, ni unos ni otros ofrecen una opción distinta.
No corregir decididamente esa desviación reconcentraría el poder mediático en los grandes concesionarios y remonopolizaría la política en los partidos que, asociados con los primeros, harían del anhelo democrático una frustración política. Dicho de otro modo, avalar y legalizar ese vicio sería ensanchar la puerta de la subcultura política que, supuestamente, se quiere remontar.
En la apariencia, pero sólo en la apariencia, los asuntos que trae la Suprema Corte y el Instituto Federal Electoral son distintos. Es el mismo: el desmesurado peso de la videopolítica sobre la democracia y por consecuencia, el avasallamiento de los medios electrónicos sobre los partidos y de éstos sobre la ciudadanía. Reconcentrar el poder mediático y remonopolizar la política es arrodillar al Estado de Derecho y la democracia y subyugar a la ciudadanía.
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La reforma de la Ley de radio y televisión y el gasto excesivo de los partidos en los medios electrónicos llevan un mensaje que es preciso rechazar.
La reforma a la Ley de radio y televisión deja leer entre líneas que es más fácil comprar una Legislatura y doblar al Poder Ejecutivo que participar, concursar y competir, en condiciones de equilibrio, en el mercado de los servicios de telecomunicaciones sobre la base de una mejor oferta.
El exceso del gasto de los partidos en el rubro de los medios electrónicos de comunicación tiene también un claro mensaje: es más fácil transferir los recursos públicos de los partidos a los medios electrónicos para vencer al inconsciente electoral –a partir de un pertinaz bombardeo de spots, slogans, jingles, ideas huecas y propaganda negra–, que convencer al elector como ciudadano con conciencia de sus derechos.
Detrás de esos mensajes, hay otros no menos peligrosos. Entre ellos, dos destacables. Uno, la democracia mexicana puede convertirse en un simple problema de dinero, donde jueguen los que tengan con qué jugar y los que no que hipotequen al gran capital su conducta política. Dos, desde la óptica de los partidos es más rentable violar la Ley electoral y pagar a plazos la sanción correspondiente que respetar la Ley y no estar en posibilidad de alcanzar el poder.
No son dos asuntos, es un mismo asunto.
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Si ministros y consejeros no tienen claro cuál es el fondo de la materia, van a hacer irreversible la perversión de la democracia mexicana. Van a privilegiar el vicio sobre la virtud para formalizar una democracia defectuosa.
Desde hace años se viene señalando que la democracia no puede reducirse exclusivamente al juego electoral pero, como desde hace años, la política se entregó en monopolio a los partidos, y éstos sólo se han interesado por dos cuestiones: el reparto del poder y el financiamiento para alcanzar la porción de poder correspondiente. Ajeno por completo al interés de los partidos, ha estado el debate sobre el sentido del poder.
Nada extraño es que el acceso a la información previsto en la Constitución desde la última reforma política integral –la de Jesús Reyes Heroles en 1978–, se haya concretado hasta 25 años después.
Como ese derecho, muchos otros le han negado los partidos a la ciudadanía. Lo peor es que, como ellos tienen la llave maestra para modificar el régimen político, del gradualismo han hecho el tortuguismo que garantiza su bienestar en el poder. De la ciudadanía tomaron el impulso para reformar el juego electoral y asegurar el financiamiento de los partidos y, luego, le dieron un portazo a la misma ciudadanía. La democracia electoral mexicana resultó así doblemente cara: cara por querida, cara por costosa.
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Los efectos de ese descuido están a la vista. Expulsada la ciudadanía de la política, se abrió la puerta a la partidocracia. A la monopolización de la política por una élite que, sin base, cada vez requiere de más y más recursos para justificar su prevalencia y conservar su dominio.
Los miles de millones de pesos –recursos públicos– que se entregan a los partidos a través del Instituto Federal Electoral, del Congreso de la Unión, de los institutos electorales estatales, de los congresos locales e incluso de los gobiernos, resultan insuficientes para sostenerse, precisamente, porque no tienen base. Y, si bien es cierto que no hay democracia sin partidos, tampoco hay partidos sin ciudadanía.
Consumado ese divorcio donde a los ciudadanos se les reconoce sólo como electores, los partidos se echaron en brazos de la mercadotecnia. Un recurso que exige como condición constante presencia en los medios electrónicos. Ahí, la partidocracia tuvo que asociarse, abrirle espacio a la mediocracia que, ahora, los doblega como tales y como poderes constituidos, al tiempo que pervierte al Estado de derecho y la democracia. En eso estamos.
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Por ahora, y deseando que no sea producto de su debilidad incurable, los consejeros han descontado de la sanción por el exceso del gasto de los partidos lo correspondiente a las irregularidades detectadas en los spots de radio y televisión. Hay 281 mil spots no acreditados por los partidos, pero los consejeros no pueden demostrar la irregularidad.
Falta por ver si los ministros consideran o no inconstitucional la reforma a la Ley de radio y televisión.
Lo que no pueden desconocer consejeros y ministros es que traen el mismo asunto en las manos: determinar si se quiere un Estado de derecho o de privilegios, si se quiere una democracia plena o defectuosa. Ése es el nombre del juego.
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ÁTICO
Delgado
Aunque no lo parezca, la Corte y el IFE traen un mismo asunto en las manos: un Estado de Derecho o uno de privilegios, una democracia plena o una defectuosa.
