El Siglo de Torreón
Gómez Palacio, Dgo.- Ante el señalamiento del IFAI de que la aplicación de altos cobros para obtener información pública representa una traba para que la ciudadanía acceda a este derecho, el alcalde Octaviano Rendón Arce admite que los cobros se realizan sólo cuando se piden documentos certificados, pero al pedir copias simples se cobra únicamente el costo del material a utilizar.
“Que la ciudadanía no tenga temor de tener la posibilidad de acceder a la información que requieran, haciendo su trámite correspondiente a un costo muy accesible, siempre y cuando no soliciten que sea certificado ese documento”, indicó Rendón Arce.
Lo anterior lo expresó en relación a las declaraciones vertidas por María Marván Laborde, comisionada del Instituto Federal de Accesos a la Información (IFAI), sobre la existencia de leyes de transparencia de simulación en Durango y Gómez Palacio, donde la aplicación de altos cobros por obtener información certificada inhibe la transparencia.
El presidente municipal consideró que los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública son correctos pues el costo es mínimo, sin embargo, destacó que el costo se incrementa cuando se solicita certificado porque “tienen un procedimiento diverso y lo que cuesta es la certificación”. Rendón Arce detalló que la certificación se realiza para un procedimiento de carácter legal, mas no es necesario en materia civil.
“Que no tengan la duda el ciudadano de que el documento que le expida la autoridad, por el hecho de no decir certificado pierde su valor, ya que es expedido por una autoridad competente y tiene validez, pues debe ir firmado por la autoridad, jefe de departamento, secretario o director del área que corresponda”, señaló Rendón Arce.
Tabulador
La Dirección Jurídica del Ayuntamiento descartó el emitir un tabulador de precios para cobrar a la ciudadanía por el trabajo que implica la recuperación de información que soliciten a la Unidad Municipal de Transparencia, pues reconoció que éste ya existe.
Vicente Reyes Solís, director jurídico del Ayuntamiento reconoció que el titular de la Comisión de Accesos a la Información Pública del Estado de Durango (Caiped), Mario Humberto Burciaga Hernández tenía razón al establecer que no puede cobrarse el trabajo que implica recopilar la información. “Y es que dicho cobro ya existe en la misma Ley de Ingresos, donde se establece el cobro de uno a cinco salarios mínimos de copias de documentos existentes en los archivos de las oficinas municipales, por primera hoja y hoja subsecuente”, advirtió Reyes Solís.
