Con el rescate de dos cadáveres, la cifra de fallecidos por el accidente en alta mar de la plataforma Usumacinta de la Sonda de Campeche, se elevó a 21.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche informó que personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Armada de México puso a su disposición otros dos cuerpos, cuyos nombres no le fueron proporcionados.
La dependencia advirtió que hasta el momento no ha citado a declarar ninguno de los 63 sobrevivientes, pues aún están en la fase de inicio de la integración de la averiguación previa.
El martes, la plataforma Usumacinta, propiedad de la empresa La Central, que es contratista de Pemex, colisionó en medio de un temporal provocado por el Frente Frío número 4, con las válvulas del pozo Kab 101, lo que obligó a desalojar a su tripulación en botes salvavidas que zozobraron en alta mar.
En el percance ocurrido en la plataforma de perforación Usumacinta, la empresa Perforadora Central, propietaria de la plataforma, hizo caso omiso de la norma de seguridad que Petróleos Mexicanos (Pemex) les fija a todas las contratistas que le rentan este tipo de equipos.
De acuerdo con el Comité de Normalización de Pemex y Organismos Subsidiarios y la Norma NRF-037-Pemex-2007, en el capítulo Sistema de evacuación, rescate y escape se señala que: “al planear cualquier operación en las plataformas... deben considerarse las condiciones meteorológicas previsibles y... no debe iniciarse ninguna operación en caso de que no sean favorables a la seguridad o puedan tornarse desfavorables con facilidad”.
Sin embargo y a pesar del mal tiempo, la empresa, propiedad de Patricio Álvarez Murphy, decidió continuar con los trabajos de acoplamiento de la plataforma y el pozo.
Perforadora Central habría incumplido la norma de seguridad que ella misma con Pemex Exploración y Producción, Compañía Perforadora México, GOIMAR, Mexdrill Offshore, Nabors Perforaciones de México -filial de Perforadora Central-, Noble Mexico Limited, Perforaciones Marítimas Mexicanas y TODCO México, ayudaron a elaborar en mayo de 2007.
Se buscó a Álvarez Murphy en sus oficinas de Montes Urales en Lomas de Chapultepec, pero no fu posible contactarlo.
La citada norma explica que debido a la ubicación geográfica de las instalaciones petroleras costa fuera éstas deben estar diseñadas y equipadas con dispositivos de seguridad y salvamento que prevengan y salvaguarden al personal que las tripulan, así como contar con sus planes de emergencia, planos de ubicación de los equipos de salvamento e implementar el continuo adiestramiento para el caso de que ocurra alguna contingencia.
Establece también que es responsabilidad del proveedor proporcionar el equipo de salvamento, que consiste fundamentalmente en:
Dos botes de salvamento cerrados -las llamadas mandarinas por su color y forma-, autopropulsados para mínimo 50 personas cada uno con sistema de comunicación operando, provisto de equipo de supervivencia para islas artificiales o plataformas fijas; cuatro balsas inflables con capacidad para 25 personas cada una con pescante de acuerdo al reglamento internacional vigente; se requiere contar abordo con chalecos salvavidas que incluyan silbato de alta frecuencia reflejante y luz de rescate hidrolítica con batería de litio, que al contacto con el agua emita un haz de luz de destello brillante y visible a 1,609 km (1 milla) de distancia como mínimo, con duración de 8 horas de uso continuo.
Pero de acuerdo al saldo que arrojo el incidente, estos equipos y medidas no fueron suficientes o fallaron.
Perforadora Central, que ha obtenido 12 contratos de arrendamiento de plataformas, vía licitaciones, con Pemex entre 2002 y 2006 con un valor de mil 274 millones de pesos más 9 contratos adjudicado directamente, sin licitación alguna, con un valor de 349 millones de pesos, no es la primera vez que está involucrada en escándalos e incidentes de esta naturaleza.
En mayo de 2001, la firma Submersible Systems demandó ante la Corte de Apelación del Quinto Circuito de Estados Unidos a Perforadora Central por incumplimiento de contrato, lo que le costó a la empresa de Álvarez Murphy un pago por daños del orden de 4.2 millones de dólares.
En octubre de 2005, Perforadora Central fue acusada de crear un clima de “extrema explotación de los trabajadores que contrata”.
En aquel entonces, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para que el entonces secretario del Trabajo interviniera para que la empresa contratista cumpliera cabalmente sus obligaciones con los trabajadores.
Documentaron que Perforadora Central firma contratos en blanco, mismos que son llenados por el patrón sin que a los trabajadores se les proporcione copia; obligarlos a afiliarse a sindicatos inexistentes; laborar forzosa y gratuitamente en sus periodos de descanso y no pagar tiempo extra a pesar de que las jornadas de trabajo son de 12 horas diarias en las plataformas.
Incluso, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte acusó a ésta y otras empresas contratistas de Pemex de prácticas ilegales como “proliferación de agentes empleadores con tintes de explotación laboral, pago de salarios bajos y a destiempo, represión y acoso a trabajadores y uso de listas negras, así como simulación en la capacitación del personal”.
