Tamaulipas es uno de los estados en que el PRI se mantiene como fuerza política dominante. Cuando hace tres años Eugenio Hernández Flores ganó la gubernatura en proporción de casi dos por uno (pues obtuvo el 57.6 por ciento de los votos, contra 31.5 de su opositor panista), ganó 40 de las 43 alcaldías en disputa, 35 a solas y cinco en alianza con el Verde. Y en coalición con este partido triunfó en 18 de los 19 distritos. Los pronósticos sobre la elección del próximo domingo apuntan hacia un sentido semejante, un desenlace al que quizá no es ajena la subrayada presencia del narcotráfico en la entidad, rampante a pesar de fuertes golpes en su contra.
Aunque en elecciones municipales y legislativas los porcentajes generales tienen menor importancia que los específicos de cada circunscripción, el PRI ha asegurado que cuenta, según sondeos encargados ex profeso, con el 50 por ciento de las preferencias electorales y el PAN con menos de la mitad, 20 por ciento. Encuestas realizadas por Consulta Mitofsky en la última semana de octubre en las principales ciudades tamaulipecas confirman esa tendencia y aun acentúan los resultados favorables para el tricolor, que va en coalición con Nueva Alianza, el partido de Elba Ester Gordillo, cuyo líder Jorge Kahwagi llegó al estado en las vísperas electorales dispuesto, según dijo con el refinamiento que lo caracteriza, a darle chingadazos al PAN, el partido que gobierna en la república y con el que ha tenido alianza en otras entidades. Se llega al extremo, en Nuevo Laredo, de una probable diferencia de tres a uno a favor del dúo PRI-Panal.
La causa de que así sea fue identificada por un grupo de legisladores panistas hace un mes, el primero de octubre, cuando lanzaron en público una contundente denuncia: “Hoy, lamentablemente, hemos pasado de los delitos comunes electorales al crimen político organizado, al encontrarse la delincuencia organizada y el narcotráfico directamente ligados con el manejo de su estructura en las campañas electorales, operando a favor de los candidatos del gobernador Eugenio Hernández Flores”. Una senadora, cuatro diputados federales y un diputado local, que es además el dirigente estatal del PAN especificaron que algunos de los candidatos de su partido en el proceso que concluye “han sido víctimas de amenazas, actos violentos y secuestros por parte de la delincuencia organizada, lo que ha derivado en algunos casos hasta en la renuncia de algunos candidatos por temor a su integridad física y la de su familia, como en Ciudad Mier, Nuevo Guerrero y Reynosa”. En este último caso la intimidación no surtió efecto, pues si bien fue secuestrado para forzarlo a abandonar su campaña, Gerardo Peña Flores se mantuvo en la contienda. Según Consulta Mitofsky, las preferencias en su favor llegan a 32. 4 por ciento, lejos de las expresadas en torno del priista Óscar Lluebert, que ya una vez encabezó el ayuntamiento, amén de haber sido diputado federal, senador y frustrado aspirante a la gubernatura del estado.
Quizá abona la versión panista el reciente relevo en la Procuraduría estatal. El gobernador Hernández Flores designó, y su mayoría en el Congreso lo confirmó sin dudas el primero de septiembre pasado a José Guadalupe Herrera Bustamante, que ya había sido procurador en el sexenio de Manuel Cavazos Lerma. No disfrutó de buena fama entonces, como no la habían tenido, ni él ni su familia, en años anteriores. Testigos protegidos dijeron en tribunales norteamericanos que el procurador de entonces, que es el de ahora, vendía protección a quienes pasaban droga a Texas. No se formalizó ningún cargo en su contra, pero esa circunstancia tal vez no lo exonera, porque tampoco se procesó a su hermano Ariel, a quien la abogada regiomontana Raquenel Villanueva identificó como el pistolero que el 31 de agosto de 2000 entró en su despacho a matarla.
Asiento de la banda del Golfo, Tamaulipas ha sido minada crecientemente por el narcotráfico cuyo activismo criminal generó la operación llamada México Seguro en junio de 2005, porque en Nuevo Laredo llegó a extremos denunciados por el embajador Antonio Garza, en alarmada actitud que el Gobierno de Vicente Fox no pudo soslayar. La movilización federal de entonces careció de eficacia, como lo muestran los hechos recientes. No sólo no ha amainado la violencia criminal, sino que en octubre pasado se descubrió en la aduana de Altamira un enorme cargamento de cocaína, cerca de doce toneladas, que durante unas semanas fue el más cuantioso de la historia, hasta que se aseguró en Manzanillo uno de dos veces ese volumen. En torno de esa captura se generaron búsquedas y enfrentamientos de militares con sicarios. Significativamente, unas semanas atrás el secretario de Gobierno, Antonio Martínez Torres, había dictaminado que la presencia del Ejército en esa entidad no era necesaria.
Nadie dijo no a otro Ejército, el de los activistas del SNTE que están ya en Tamaulipas para reeditar la operación que en Baja California impidió ganar a Jorge Hank Rohn, aunque en este caso no tengan un adversario tan singularizado. En expresión extrema de pragmatismo, la dupla de Hernández Flores y Elba Ester Gordillo hace ahora armas contra el partido de Felipe Calderón, a cuya votación contribuyeron según constó en la grabación de una conversación que sostuvieron el dos de julio de 2006, notoriamente secuela de otras que antes habrían entablado. Quizá ese practicismo lleva también a aliarse al narco.
