“La mejor inversión que podemos hacer los empresarios es combatir la pobreza”.
Carlos Slim Helú
Santiago, Chile.- Una de las cosas que más llama la atención a un visitante que arriba en Santiago de Chile es la infraestructura de carreteras y viaductos urbanos. Éstos parecen pertenecer a un país desarrollado. Bien trazados y preservados, permiten traslados relativamente rápidos y fáciles a pesar de la importante carga vehicular. En el camino del aeropuerto a los hoteles de la ciudad, por otra parte, puede uno pasar un impresionante túnel de más de seis kilómetros de longitud que atraviesa por debajo del río Mapocho.
Mientras el taxi que me transporta se mueve con rapidez por una de esas autovías, un sonido electrónico se deja escuchar cada determinado tiempo. Le pregunto al conductor qué es ese “bip” constante y me responde: “Es la Televía”. Ante mi evidente confusión, explica: “Ésta es una autovía concesionada. Se paga una cuota, pero no hay que detenerse a pagarla. Esta cajita –me dice señalando un pequeño instrumento fijado en el parabrisas del vehículo— va registrando nuestro paso. Al final del mes cobran el peaje directamente a la cuenta corriente o a la tarjeta de crédito”.
Este sistema de autovías concesionadas a empresa privadas es relativamente nuevo. El Gobierno militar de Augusto Pinochet, que duró de 1973 a 1990, no hizo inversiones significativas en la infraestructura vial a pesar que durante el periodo casi se duplicó el parque vehicular. Los regímenes democráticos buscaron recuperar el atraso recurriendo a la inversión privada en infraestructura. Fue el socialista Ricardo Lagos quien, cuando era ministro de obras públicas del democristiano Eduardo Frei, ideó el sistema de las autovías concesionadas y del cobro por Televía.
El cobro por las autovías concesionadas varía, como es lógico, con el uso que se haga de ellas. Un taxi, por ejemplo, puede pagar una cantidad importante al usar constantemente los viaductos y el túnel del río Mapocho. Pero una persona que los utilice, por ejemplo, dos o tres veces al día terminará pagando unos 60 dólares, 700 pesos mexicanos, al mes.
Los automovilistas pueden obtener de manera gratuita una de las cajas de reconocimiento inalámbrico o comprar una tarjeta electrónica que también se coloca en el parabrisas y es reconocida por los sensores a distancia. Una persona puede elegir no circular por las autovías concesionadas y por lo tanto no comprar la caja electrónica. El sistema electrónico puede detectar las matrículas —las placas— de los vehículos que circulan por las autovías y que no han pagado el peaje. El conductor puede presentarse en los siguientes días a hacer el pago; si no lo hace, se hace acreedor a una multa considerable.
La racionalidad y justicia del sistema son evidentes. La concesión de las vías permitió que unos cuantos años se hiciera una inversión que de otra manera el Gobierno se habría tardado mucho en hacer, quitando además recursos a tareas sociales prioritarias. La inversión generó empleos y ha ayudado a mejorar la vialidad. Un trayecto entre el aeropuerto y el área de Las Condes en Santiago requería antes cuando menos de una hora y cuarto. Hoy el mismo trecho se puede recorrer en 17 minutos. Las autovías concesionadas han mejorado la circulación incluso en vialidades gratuitas, al disminuir el tránsito en ellas y ha bajado también la contaminación.
El sistema permite que los costos de la nueva infraestructura vial sean pagados por quienes más recursos tienen: por los automovilistas que, como en otros lugares del mundo son una minoría privilegiada y en particular por aquellos que utilizan las autovías y que requieren llegar a sus destinos con mayor rapidez.
En México, desafortunadamente, este sistema ha sido rechazado por nuestros políticos. Persiste en ellos la miope idea de que los proyectos de vialidad no pueden ser concesionados a empresas privadas y que su costo debe ser pagado por recursos fiscales, sin considerar lo injusto que esto resulta.
Así, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador construyó el segundo piso del Periférico que ha generado un alivio parcial a la congestionada Ciudad de México. Esta obra ha beneficiado principalmente a los conductores de automóviles del poniente de la Ciudad de México, gente de dinero, pero el costo lo han tenido que absorber por igual pobres y ricos. Al ser el proyecto una obra gubernamental, por otra parte, su manejo ha sido ineficiente. Hoy se está volviendo a repavimentar el Periférico, ya asfaltado varias veces en el transcurso de la obra.
Los políticos capitalinos –incluso los de izquierda— han mantenido el dogma de que las vías de comunicación deben ser gratuitas y su costo debe sufragarse con recursos fiscales. Es otra forma de decir que los pobres deben pagar por la infraestructura que beneficia a los ricos.
MINERAS
Cuando alguien argumenta que los avances de la economía chilena son consecuencia de su apertura económica, siempre surgen voces que señalan que el Gobierno es dueño de la minera Codelco. Efectivamente, el Estado chileno ha mantenido en propiedad esta empresa, la cual se ha beneficiado en los últimos años de los altos precios del cobre. Pero la propiedad gubernamental no significa que Codelco tenga un monopolio, como el de Pemex sobre el petróleo en México. Otras empresas privadas participan en el mercado. De hecho, Minera Escondida, propiedad de un consorcio de firmas extranjeras, rebasó en el primer trimestre de 2007 la producción de cobre de Codelco.
