A un año de haber iniciado el conflicto social en Oaxaca, los maestros de la Sección 22 del SNTE volvieron a tomar las calles para demandar la renuncia del gobernador Ulises Ruiz. (El Universal)
Conmemoran con multitudinaria marcha el primer aniversario del fallido desalojo policial del centro de Oaxaca.
El magisterio oaxaqueño conmemoró el primer aniversario del fallido desalojo policial del centro de Oaxaca con una multitudinaria marcha en la que anunció que intensificará sus movilizaciones la semana entrante y emplazó al Gobierno Federal a que responda a sus demandas, en las que reiteró la renuncia del gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz.
Los maestros también exigen la liberación de sus compañeros detenidos durante el movimiento magisterial y la devolución de 188 escuelas ocupadas por militantes priistas.
El secretario de Organización de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ezequiel Rosales Carreño, admitió que de 27 demandas incluidas en su pliego petitorio presentado en mayo pasado, hay avances en el tema económico con el ofrecimiento gubernamental de 208 millones de pesos de un primer paquete multianual de mil millones.
“Ante la falta de respuestas de la Secretaría de Gobernación a las demandas sociales, educativas y sobre todo, políticas, el magisterio reitera su disposición a movilizarse en los próximos días”, dijo Rosales Carreño al término de una marcha que se extendió casi 15 kilómetros y duró cinco horas sin incidentes, a pesar que no hubo vigilancia especial como en otras ocasiones.
Según los organizadores, la marcha, que bajo la consigna “¡14 de junio ni perdón ni olvido!” y que inició en el crucero al aeropuerto y concluyó en el zócalo, reunió a cien mil personas, aunque la Policía estimó 25 mil y otros observadores unas 50 mil. Junto a los maestros oaxaqueños marcharon profesores representantes de Guerrero, Chiapas, Tlaxcala y Morelos.
El año pasado, durante un paro para exigir la rezonificación salarial, el 22 de mayo los maestros instalaron un campamento que se extendió 55 cuadras del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, de donde la Policía intentó desalojarlos la madrugada del 14 de junio, con lo que se agravó el conflicto que se prolongó cinco meses hasta exigir la renuncia del gobernador del estado, Ulises Ruiz.
Durante el recorrido por la amplia avenida Símbolos Patrios, Marcelino Coache Verano, detenido casi al final del conflicto junto a Flavio Sosa Villavicencio, uno de los principales dirigentes del movimiento, agradeció a los maestros “por enseñarme a luchar” y tras advertir que “ni con la cárcel el Gobierno me espantó”, pidió a los dirigentes magisteriales y de la APPO que no traicionen al pueblo.
En el trayecto sólo se registraron incidentes menores con algunos automovilistas, ya que lo pobladores ofrecieron agua y frutas a los maestros que marcharon coreando consignas que acompañaron al movimiento el año pasado como la de “¡Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó!” y “¡Presos políticos libertad!” o en contra del PRI y el PAN por apoyar la represión contra los maestros.
Ya concentrados en el zócalo, que se cubrió de mantas y carteles de protesta, Felipa Cruz reiteró la postura de la APPO establecida el 19 de junio de 2006, cinco días después del frustrado desalojo. “La salida de Ulises Ruiz Ortiz es una demanda que no se negocia y es irrenunciable, es urgente el castigo contra los responsables de la represión, la tortura y los asesinatos, es necesaria la libertad de los presos políticos y llamamos a los oaxaqueños a luchar por la transformación política y económica de Oaxaca”, reiteró.
“Vamos por una nueva Constitución”, agregó luego de descalificar la reforma política propuesta por el Gobierno de Oaxaca.
“La libertad de los presos políticos es necesaria, pero ahí no termina la lucha”, dijo por su parte Beatriz Castañeda, esposa de Flavio Sosa Villavicencio, aún preso en el penal de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México. También se recibió un saludo de los presos de Loxicha, pueblo zapoteco de la Sierra Sur de Oaxaca, acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Al final de la concentración, Rosales Carreño negó que se tengan acuerdos “bajo la mesa” con el Gobierno de Oaxaca y demandó la “inmediata devolución” de 188 escuelas de varias regiones del estado, tomadas por maestros, padres de familia y autoridades vinculadas al PRI.
Hoy viernes poco más de 70 mil maestros realizarán asambleas para decidir una fecha para instalar un “plantón representativo” en el zócalo oaxaqueño.
Divide a la Corte caso Oaxaca
La Suprema Corte de Justicia protagonizó ayer un duro debate para determinar si investigará las presuntas violaciones graves de garantías individuales durante el conflicto del año pasado en Oaxaca.
El tema será resuelto en la sesión del próximo lunes. Están pendientes las opiniones de los ministros Guillermo Ortiz, Margarita Luna y Olga Sánchez, que este año aceptaron el caso de San Salvador Atenco, en el que la Corte intervino por votación de 7-4.
El proyecto del ministro Juan Silva Meza no sólo propone designar una comisión investigadora, sino que además da por hecho que existieron violaciones graves por parte de las autoridades, con base en la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Entre 1917 y 2006, la Corte sólo aceptó en tres ocasiones ejercer la facultad de investigación que le da el artículo 97 de la Constitución; si entra al caso Oaxaca, será la tercera vez que acepta en los últimos 13 meses.
En una intervención dramática, Genaro Góngora comparó la detención del dirigente de la APPO, Flavio Sosa, con el arresto del rebelde haitiano Toussaint Louverture, traicionado en 1800 por las autoridades de la Francia napoleónica, aunque luego retiró la analogía.
“Si bien Oaxaca no continúa en llamas, está ardiendo internamente”, dijo Góngora.
Otros ministros, como José Ramón Cossío y Fernando Franco, fueron más técnicos en su apoyo a la investigación y aclararon que la comisión será designada precisamente para determinar si hubo violaciones graves de garantías.
Salvador Aguirre replicó que fueron “grupos de particulares” los que afectaron la paz social en Oaxaca, en alusión a la APPO y que las autoridades tuvieron que intervenir para restablecer el orden.
Sergio Valls, Mariano Azuela y José de Jesús Gudiño también se opusieron, como en el caso Atenco.
Esta minoría enfatizó los nulos efectos que tienen los informes que rinde la Corte luego de estas investigaciones, ya que no generan obligación alguna para las autoridades.
