“Lo que es de todos, no es de nadie”.
Anónimo
Escoja usted la versión que más correcta le parezca. Alejandro Bautista afirma que presentó su renuncia ayer como procurador del ambiente de la Procuraduría de Justicia del Estado de México porque no contaba con los instrumentos legales para hacer su trabajo. Por otra parte, el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto asevera que no hubo renuncia: que él destituyó a Bautista para fortalecer esa área de Gobierno.
El hecho es que el caso de la tala ilegal en Ocuilan ha provocado hasta ahora el asesinato del joven Aldo Zamora, hijo de un comisario ejidal que trataba de evitar esa actividad y un ataque a balazos contra el Palacio Municipal. Quizá era inevitable que tuviera también una víctima política.
Lo que hay que entender, sin embargo, es que este caso es producto de una legislación forestal que inhibe la actividad económica y la preservación del ambiente. Si no volvemos la vista a las verdaderas causas de éste y de otros conflictos en todo el país, seguiremos viendo tala ilegal y depredadora, así como corrupción de guardias forestales cuya función es impedir esta actividad y una pobreza cada vez más opresiva en el campo.
La mayor parte de las zonas forestales de México pertenece a comunidades indígenas y ejidos. Pero la legislación vigente impide o dificulta la actividad forestal. Esto genera un fuerte incentivo para la tala ilegal que, de manera natural, se vuelve depredadora.
La forma en que el Gobierno de México ha decidido resolver este asunto es creando organizaciones burocráticas para dar apoyo a las zonas forestales. Así, tenemos el Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor), el Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de los Recursos Forestales en México (Procymaf) y el Programa para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan), entre otros. Pero estos programas gubernamentales no han impedido que la pobreza siga campeando en las zonas forestales.
Otros países del mundo han resuelto el problema de mejor manera. En lugar de obstaculizar la producción maderera y crear organismos burocráticos, han establecido reglas que permiten la producción sustentable. El resultado es que países como Finlandia y Canadá, que tienen una intensa producción maderera, muchas veces superior a la nuestra, están ampliando sus fronteras forestales mientras que nosotros, que fomentamos que esta producción se realice con frecuencia de forma clandestina, estamos perdiendo bosques y selvas a una gran velocidad.
No hemos aprendido la lección de otras naciones. La mejor manera de preservar los recursos naturales renovables es darles un valor económico. Si tienen ese valor, habrá un incentivo no sólo para preservarlos sino para ampliarlos.
Los gobernantes de países como Finlandia y Canadá han entendido que otorgar permisos de explotación maderera es la mejor manera de preservar los bosques.
Éstos se conceden en tierras privadas, en las que el dueño será el primer interesado en mantener una producción sustentable en el largo plazo porque así preservará el valor de su tierra y de los recursos en ella o en tierras públicas, con concesiones de largo plazo y certeza jurídica que generan incentivos para preservar la tierra y con compromisos de conservación atados a la concesión.
Lo peor que puede uno hacer es precisamente lo que hacemos en México. Aquí la propiedad forestal es en buena medida colectiva. Está en manos de comunidades indígenas o ejidos, lo cual implica que todo el mundo tiene un interés en tratar de obtener el máximo beneficio posible de corto plazo del recurso natural, pero nadie de preservarlo en el largo plazo. Lo que es de todos no es de nadie y lo que no es de nadie es depredado.
Lo peor de todo es que, con mucha frecuencia, la autoridad simplemente trata de prohibir la explotación forestal en estas tierras colectivas. Esto significa que para la comunidad es más beneficiosa la tierra desmontada, que por lo menos puede producir algunos kilos de maíz, que el bosque original que no se puede aprovechar.
Un bosque bien cuidado, explotado de manera sustentable, es muchas veces más productivo que un terreno desmontado que en general sólo puede permitir una agricultura de subsistencia. El problema es que en México en éste, como en otros temas, las leyes han tratado de ir en contra de las fuerzas del mercado.
Si en lugar de prohibir la producción forestal damos reglas claras para ella, además de los incentivos necesarios para que le convenga al productor cuidar su terreno en el largo plazo, estaremos promoviendo no sólo una mayor prosperidad en el campo sino también una mejor preservación del ambiente. Evitaremos además tragedias como la que le costó la vida al joven Aldo Zamora.
CONCESIONES
La Suprema Corte de Justicia ha tomado su decisión más importante hasta ahora en la discusión sobre la Ley de Radio y Televisión. Al término de sus concesiones, los concesionarios tendrán que licitar nuevamente por las frecuencias que hayan venido operando. Los incentivos para invertir en el largo plazo desaparecen. Al contrario de lo que ocurre en países democráticos, como Estados Unidos, Canadá, Japón o los de Europa occidental, donde las concesiones se renuevan automáticamente, aquí la certeza jurídica durará sólo el tiempo de la concesión… si acaso. Se abre la puerta a la cancelación de concesiones incómodas, a la manera del venezolano Hugo Chávez. Como periodista que trabaja en varios medios electrónicos y como mexicano, lamento profundamente el fallo.
