Se pretende corregir los errores del 2003, pero los partidos se encaminan hacia un nuevo acuerdo cupular para elegir al sustituto de Luis Carlos Ugalde.
Los diputados se aprestan a renovar parcialmente el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante un mecanismo diseñado por ellos mismos que abre a la sociedad algunos de los procesos de elección, pero mantiene bajo el control discrecional del PAN, PRI y PRD la decisión final sobre quiénes serán el nuevo presidente y los dos nuevos consejeros del instituto.
La Cámara de Diputados aprobó el 20 de noviembre una convocatoria que transparenta dos pasos del proceso de selección de consejeros: la postulación de candidatos y las entrevistas a éstos, que serán públicas y se transmitirán por el Canal del Congreso.
Pero la decisión final quedará en manos de la Junta de Coordinación Política, en donde están representados los ocho grupos parlamentarios que conforman la Cámara. Sin embargo, basta el acuerdo de las tres principales fuerzas para que se apruebe la propuesta de nuevos consejeros que la Junta someterá al pleno a mediados de diciembre.
El procedimiento establecido en la convocatoria no resistió la prueba a la que fue sometida el mismo día de su aprobación por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que afirmó en un comunicado que la integración del nuevo Consejo abre espacio a la discrecionalidad, las componendas y a las cuotas de los partidos políticos. La Coparmex retó al Legislativo a someter el proceso de renovación del IFE a una certificación de Transparencia Mexicana, lo cual fue rechazado por los diputados.
Aunque en principio cualquier organización ciudadana puede postular candidatos, e incluso los interesados pueden autopostularse, los mismos diputados reconocen que la decisión final será nuevamente de las tres principales fuerzas políticas.
“Los nombres vendrán de los diferentes grupos parlamentarios, eso será normal. Lo importante es que cuenten con la aceptación de todos los grupos”, admite el panista Rogelio Carbajal, integrante de la Comisión de Gobernación de la Cámara, en la que se revisará la documentación de los aspirantes y los ensayos que deberán presentar al postularse.
Esta comisión también realizará las entrevistas públicas a los candidatos que cumplan con los requisitos exigidos en la convocatoria.
De acuerdo con representantes de los partidos en la negociación, tres ex consejeros electorales aceptaron entrar al proceso de auscultación bajo las normas que fijó la Cámara, para aspirar tanto al cargo de consejero como al de consejero presidente: Mauricio Merino, Jesús Cantú y Jaime Cárdenas.
En el PAN se han manifestado simpatías a Merino mientras que en el PRD se expresan voces a favor de Cantú y Cárdenas.
Se prevé que en los próximos días organizaciones ciudadanas inscriban las candidaturas de académicos como Lorenzo Meyer, Lorenzo Córdova y Clara Jusidman; periodistas como Denise Dresser y Ricardo Rocha; consejeros de los estados como el poblano Alfredo Figueroa, y ex funcionarios como Diego Valadés, ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Desde que se empezó a negociar la reforma electoral, en julio pasado, el acuerdo sobre el IFE es que tenía que responder al consenso de los tres partidos mayoritarios. Aun cuando dos partidos alcancen un acuerdo, el tercero tendría derecho de veto sobre el candidato a presidente consejero en caso de no estar de acuerdo.
El consenso pretende enmendar la experiencia de 2003, cuando sólo el PRI y el PAN acordaron la composición del Consejo General del IFE y el nombramiento como consejero presidente de Luis Carlos Ugalde, lo que provocó que el PRD desconociera de origen la legitimidad del nuevo árbitro electoral, con sus sabidas consecuencias en el proceso electoral del 2006.
Para nombrar al resto de los consejeros, los partidos propondrán nombres surgidos de las propuestas que se inscriban, y sus contrapartes tendrán “derecho de objeción”.
La queja de los pequeños
“La reforma electoral nos condena a desaparecer”, se quejó el senador Dante Delgado, fundador de Convergencia, en una mesa de negociación de la reforma electoral. Su queja la compartían los representantes del PT, el Partido Verde, Nueva Alianza y Alternativa.
Y es que el PAN, el PRD y el PRI los marginaron desde el principio, no sólo por lo que se refiere a la integración del Consejo General del IFE, sino en las reformas planeadas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Uno de los primeros acuerdos en la mesa de negociación fue modificar el régimen de coaliciones para evitar que los partidos pequeños se siguieran beneficiando de la votación de los partidos mayoritarios.
Con la legislación anterior los partidos políticos formaban coaliciones y sus emblemas se fusionaban y aparecían juntos en la boleta. En el proyecto del Cofipe las coaliciones se conservan, pero cada partido estará obligado a presentarse con su propio emblema.
Según sus autores, el espíritu de esa reforma es que cada partido demuestre su verdadero peso electoral y no reciba vida artificial.
Los partidos pequeños demostraron su molestia el 12 de septiembre, al votar en contra de la reforma constitucional; después fueron hallando coincidencias en sus argumentos para protestar contra las nuevas reglas electorales:
En las coaliciones, sostienen, los candidatos los ponen los partidos mayoritarios. En el momento de la votación, los electores votan por el partido que pone al candidato. En el caso de 2006, el elector hubiera asociado a López Obrador con el PRD y hubiera votado por ese emblema y no por el de Convergencia o el PT.
Como una medida para conservar su registro, los partidos emergentes propusieron la “cláusula de la vida eterna”: el partido grande se compromete a compensar los votos de su socio menor. Si dos partidos van coaligados y uno de ellos no alcanza el 2 por ciento, el partido grande le cederá los votos necesarios para alcanzar ese porcentaje y darle vida otros tres años.
Adicionalmente, se flexibilizan los requisitos para las coaliciones. Ahora los partidos podrán ir juntos en la boleta para la elección de presidente de la República y tener cada uno sus candidatos a diputados y senadores, o hacer coaliciones en uno o varios distritos sin que implique ir en una alianza nacional.
El grupo de los diez
Desde el principio, la reforma electoral, la salida de Ugalde y la renovación escalonada del IFE fue un asunto de los tres partidos grandes, que incluso acercó posiciones entre el PAN y el PRD.
Hubiera sido una buena fotografía: el secretario general del PRD entrando a las oficinas de los senadores del PAN, la Torre Azul de Paseo de la Reforma. Era un domingo de verano y la histórica avenida cerraba sus carriles centrales a los automóviles y se convertía en una pista de bicicletas. Guadalupe Acosta Naranjo cruzaba la calle, subía una corta escalera y entraba al edificio sin que se advirtiera su presencia desde el exterior.
En el sexto piso lo esperaba el senador Ricardo García Cervantes, cercano entre los panistas al presidente Felipe Calderón. En los sillones rojos de la oficina del senador, junto a dos banderas de México descoloridas por la resolana, ambos dirigentes discutían sobre el proyecto de reforma electoral. A ambos unía la convicción de modificar las reglas del juego que un año atrás habían llevado al país a una crisis postelectoral.
La reforma electoral se negociaba en secreto, en conversaciones en las que participaban también representantes del PRI. Fuera de esa mesa de negociación, el PRD y el PAN se enfrentaban públicamente por temas de coyuntura como la reforma fiscal y el Primer Informe de Gobierno de Calderón.
Cada partido nombró a tres para la mesa: un senador, un diputado y un representante del Comité Ejecutivo Nacional. Por el PRI acudieron el senador Jesús Murillo Karam, el diputado Carlos Armando Biebrich y Felipe Solís Acero.
Del PAN fueron el senador García Cervantes, y los diputados Diódoro Carrasco y Adrián Fernández, éste último en representación del CEN panista. Del PRD acudieron el senador Arturo Núñez, el diputado Juan Guerra y Acosta Naranjo. Se llamó “el grupo de los 10” porque a ella se integró Jorge Alcocer como moderador.
Los negociadores usaron el razonamiento de que el mejor lugar para esconder una carta es entre un montón de cartas, y se citaron en donde abundan las reuniones: la torre del Caballito, sede de las oficinas de los senadores del PRI y el PRD. La primera reunión fue el 9 de julio. Desde entonces “los 10” se verían tres o cuatro veces por semana y hasta dos veces el mismo día.
Acosta Naranjo incorporó como secretario de la mesa a Rafael Hernández Estrada, que se desempeña también como secretario técnico de la Convención Nacional Democrática, además de ser parte de la corriente reformista Nueva Izquierda.
Cuando se hizo pública la reforma constitucional, el décimo congreso nacional del Sol Azteca había abierto el camino para la negociación de las reformas en las cámaras.
Era el arranque de una negociación con la que los tres partidos pretenden, además, hacer el ajuste de cuentas con el 2006.
Buscan 15 ser consejeros
Ayer continuó la recepción de documentos, en la Cámara de Diputados, de los aspirantes a consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y Gerardo García Rojas fue el número 15 en concluir el trámite de su registro.
García Rojas llegó poco antes de las 11:00 horas a las oficinas de la Presidencia de la Mesa Directiva de la cámara baja, donde dijo residir en el Distrito Federal y haber estudiado Administración de Empresas.
Luego de que se constató que presentó todo los documentos que se le requirieron, de acuerdo con la convocatoria, se le hizo entrega del acuse de recibo respectivo, por lo que se convirtió en el aspirante número 15 en cumplir con el trámite.
Hasta el momento se han registrado Arturo Martínez Nateras, Alma Rosa Martínez Manríquez, Evaristo Benítez Castro, Jaime Arturo Ortiz González, Antonio Eduardo Mercader Díaz de León, Salvador García de la Paz y Francisco Javier Jiménez Jurado.
Asimismo, David Alvarado López, José Manuel Domínguez Camacho, Álvaro García Villicaña, Jesús Alberto Navarro Olvera, Aron Reyes Schimelfard, Florencio Martínez Martínez, Arturo Gallegos González y Gerardo García Rojas.
