Finalmente, las legislaturas locales –excepción hecha de la de Coahuila– han aprobado en el nivel constitucional la reforma electoral. Falta, desde luego, una que otra notificación oficial de la votación, la declaratoria del Congreso y el decreto presidencial correspondiente para que la reforma tenga plena validez.
Apenas se cumplan estas formalidades y en virtud de uno de los artículos transitorios de la reforma, los legisladores contarán con 30 días naturales para concretar la reforma en el nivel de las leyes secundarias así como para nombrar al nuevo presidente del Instituto Federal Electoral y seleccionar a la primera tanda de consejeros que serán reemplazados.
La lógica recomendaría concentrar la atención en la reforma de las 17 leyes que sufrirán modificaciones porque, como dice el refrán, el diablo está en los detalles, pero la realidad comienza a precipitar el nombramiento del nuevo presidente y de los consejeros.
La lógica, sobra decirlo, no siempre forma parte de la realidad y entonces, habrá que cuidar ambas tareas. Hay poco tiempo ya que no es improbable que a mediados de la semana próxima se entrará en esa fase del proceso, cometer errores en los detalles o fallar en el método de selección del consejo del IFE podría llevar al traste la reforma constitucional.
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El procedimiento de selección del presidente del IFE y de la primera tanda de consejeros –dos de ellos entrarían en funciones de inmediato, junto al presidente– será clave para dotar a esos funcionarios de legitimidad en su desempeño y para asegurar que tengan la capacidad que exige el cargo.
Los términos de selección de esos funcionarios son bastante vagos en el artículo 41 constitucional que sufrió la correspondiente enmienda. Se establecen –si así se quieren ver– tres condiciones: “serán elegidos por dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad”. Luego, la reforma precisa que “la ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes”.
Sobre la base de la precipitación que se está dando en relación con esos nombramientos es claro que los diputados buscarán legislar al respecto cuanto antes, estableciendo “las reglas y el procedimiento correspondientes”. Pasarán, así, a nombrar al nuevo presidente del IFE y a los consejeros de la primera tanda.
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Curiosamente, algunos analistas, legisladores e interesados en esa fase del proceso legislativo están repitiendo el juego del cual hay que escapar.
Algunos barajan, manosean y promueven nombres para incluirlos en la selección y otros están señalando –sin llamarlos por su nombre– a quienes, en su opinión, no deben estar en el consejo del IFE. Eso sí, de las reglas y el procedimiento no dicen una palabra. Todo lo reducen a las personas, sin ni siquiera tomar en serio sus vicios y virtudes.
Si se cae en ese juego, se incurrirá necesariamente en el error que hay que remontar. Si no se establecen claramente “las reglas y el procedimiento” de la selección del presidente y los consejeros, se integrará el nuevo consejo a partir del muy opaco sistema de las cuotas de partido y también de las cuotas de las capillas intelectuales que, desde luego, también juegan sus cartas para tener representantes. Si ese juego prevalece, la “previa realización de una amplia consulta a la sociedad” quedará, otra vez, como una simulación donde el electorado será simplemente el convidado de piedra.
De ahí la importancia de cuidar esas “reglas” y “procedimiento” de selección, cuyo sello no puede ser otro sino el de la transparencia. No más negociaciones en lo oscurito, no más nombres sacados de la manga, no más ejercicios que marginan a la sociedad y no más cuotas que dejan de lado el conocimiento y la experiencia exigibles al presidente y los consejeros del IFE.
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En el ejercicio de la selección de esos funcionarios del IFE, no puede partirse de la idea de descubrir el hilo negro. El país cuenta con varios órganos e instituciones autónomas con mecanismos de selección de sus titulares o integrantes que bien podrían aprovecharse para no partir de cero.
Si, de acuerdo con la reforma constitucional, los nombres de los posibles candidatos al consejo del IFE partirán de la propuesta de los grupos parlamentarios, esa propuesta debe ser clara y manifiesta, es decir, debe ser pública y no secreta. Y esa propuesta, por lo demás, debe acompañarse del currículum vitae documentado de quienes ahí aparezcan para que, después, como ha ocurrido, no vengan las sorpresas. Recuérdese, nada más como detalle, que en la selección del actual consejo hubo casos en los que ni siquiera se contaba con el expediente personal de quienes ocuparon algunos de los asientos o bien, hubo casos donde a pesar de ostentar algún grado académico resultó que éste no estaba acreditado.
Hecha la propuesta, no estaría demás sujetar la aspiración de quienes queden anotados a un concurso de oposición como ocurrió, por ejemplo, con el titular de la Auditoría Superior de la Federación. Sí, las fracciones parlamentarias pueden hacer la propuesta que quieran, pero debe quedar acreditada la capacidad de quienes en ella aparezcan. Qué conocimientos, qué experiencia, qué trayectoria se tiene en relación con los asuntos, con la legislación, con la administración y con la organización de los procesos electorales. Esos datos, claves en el desempeño de los integrantes del consejo del IFE, no pueden ser una mera presunción y mucho menos un secreto de fracciones o capillas.
A partir de esos dos componentes, deberían programarse audiencias públicas, abiertas y transmitidas por el Canal del Congreso con aquellos candidatos al consejo. Y en el examen de esos probables miembros del consejo, deben participar no sólo legisladores sino también especialistas y por qué no, organismos sociales de diversa índole interesados en la cultura y la participación electoral.
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Por la importancia que para el electorado representan el presidente y los consejeros del IFE, es menester cumplir con un método de selección que revista de plena legitimidad y legalidad a quienes finalmente ocupen esos asientos.
Es evidente que el nombramiento del presidente y los consejeros no se dará por unanimidad. Ciertamente, valdrá el señalamiento de que al menos dos tercios de los diputados presentes en la sesión correspondiente determinarán quienes deben formar parte del consejo del IFE y por lo mismo, es fundamental que el método de selección tenga por sello el de la transparencia.
Si los nuevos integrantes del consejo son producto del juego de la precipitación, del “albazo”, la presión, el cobro de rencillas y las revanchas en el escenario del arreglo en corto y la mesa de las negociaciones opacas, de poco valdrá salir del actual consejo y poco valdrá el rediseño legal de la cuestión electoral.
Desatender o descuidar la reforma electoral en su nivel reglamentario podría llevar al traste el esfuerzo puesto en el nivel constitucional, aplicar viejas prácticas y costumbres en la selección del nuevo consejo podría llevar al juego de las simulaciones que, al momento de la elección, se traduce en falta de credibilidad.
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