La Iniciativa Mérida reconfirma las limitaciones de un Gobierno incapaz de elaborar un plan integral para el combate al crimen organizado. Urge una doctrina de seguridad nacional propia de país democrático.
El 22 de octubre el Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores difundieron, en sus respectivas capitales, dos comunicados para informar que el presidente George W. Bush solicitaría al Congreso 1,400 millones de dólares para desarrollar una estrategia contra el crimen organizado. Ese mismo día, el presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental, el representante Eliot L. Engel, sacó su propio comunicado quejándose de que el “Congreso no fue consultado mientras se desarrollaba el Plan”.
A esta iniciativa le falta información, mucha información y una visión integral de la amenaza. El comunicado del Departamento de Estado tiene 5,457 caracteres y el mexicano 2,085. El estadounidense es un poquitito más nutritivo porque al menos aclara que el dinero también servirá para combatir al terrorismo y ese tráfico de armas que asola nuestro país. Al mexicano le falta tanto contenido que termina convirtiéndose en una fiel reproducción de la realidad.
En materia de seguridad nuestro Gobierno está extenuado. Desde 1987 los presidentes proclaman que el narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad nacional y 20 años después la amenaza sigue creciendo y todavía no elaboran una cartografía del riesgo, bosquejan una política integral y coherente de mediano plazo, sistematizan esa información en bruto que acumulan sin ton ni son. En lugar de eso nos atiborran con estadísticas sobre decomisos y encarcelados disociadas de la historia y sus tendencias.
Ignoramos mucho más de lo que sabemos. Faltan diagnósticos más finos sobre el tamaño de las exportaciones, las tasas de aumento del consumo, las rutas por las que entran millones de armas. Nadie se ha preocupado por estimar cuántos desertores del Ejército terminan de sicarios, cuáles campañas electorales ya fueron penetradas por el crimen organizado, cuál es la contribución de aduanas y migración a la porosidad de las fronteras. Y para confirmarlo ahí está el calor recibido por Zhen li Ye Gon de los gobiernos federal y estatales.
El desierto conceptual deslumbra. Recurren a categorías y conceptos acuñados bajo el autoritarismo porque carecen de una doctrina de seguridad nacional adecuada a la defensa de la soberanía y acorde con la lógica de una democracia. Un ejemplo. Nadie considera saludable que las Fuerzas Armadas sean el sostén de la lucha contra el narco porque podrían corromperse o llevar a una militarización de la sociedad. Se acepta como un mal necesario porque es la última reserva confiable del monopolio de la fuerza y porque desde el Gobierno se insiste en que la presencia de los uniformados es temporal. Jamás nos han aclarado en cuál escenario y bajo qué condiciones regresarían a los cuarteles.
Tampoco aclaran el papel de Estados Unidos. Basta recordar la historia u observar el agresivo unilateralismo de la actualidad para preocuparse sobre los efectos del acercamiento entre los aparatos de Seguridad e Inteligencia de los dos países. Washington no engaña. Su prioridad número uno es combatir el terrorismo y para ello ya redefinieron el perímetro de seguridad regional y crearon el Comando Norte (Northcom) en cuyo escudo aparecemos como parte de su territorio. ¿Lograrán meternos en su guerra contra el terrorismo o sabremos poner murallas de contención? Las preguntas se multiplican cuando se incluyen tendencias futuras ¿cómo nos afectará el repliegue del poder estadounidense y el posible triunfo demócrata en las presidenciales de 2008?
A eso se deben las reticencias frente a la Iniciativa Mérida. El Gobierno de Felipe Calderón las evade y ensalza la cooperación del vecino sin insertarla en una visión más amplia. La formación académica de la secretaria Patricia Espinosa no aparece por ningún lado; prefiere refugiarse en las frases gastadas por los gobernantes de otra época. Lógico que así sea porque nuestro Gobierno carece del marco teórico o de la información para alimentarlo.
¿Por qué tanta inapetencia intelectual, por qué tan pocas ganas de saber? La única explicación plausible es que nuestros gobernantes prefieren la ignorancia porque el conocimiento abriría el arcón del horror; es decir, la relación simbiótica entre política y narcotráfico. Ésa ha sido, por cierto, una de las constantes en la obra de Luis Astorga que vuelve a recuperar en su último libro (Seguridad, traficantes y militares. El poder y la sombra, Tusquets, 2007).
Vicente Fox acusó a Manlio Fabio Beltrones de tener vínculos con el narcotráfico, pero le faltó la valentía para proceder judicialmente contra el priista o la visión de estadista para ordenar la elaboración de un Libro Blanco sobre el narco. Fue un adorador del oscurantismo que recurrió a una retórica triunfalista para maquillar el deterioro del aparato de Seguridad e Inteligencia. Van, a manera de ejemplo, algunas declaraciones bien reveladoras aparecidas durante el agitado octubre.
General secretario de la Defensa: “los equipos y materiales de guerra del Estado Mexicano son obsoletos”. Secretaría de Marina: los buques y aeronaves se caracterizan por la “antigüedad y obsolescencia” de sus equipos. José Elías Romero Apis vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de la PGR: la flota aérea de la PGR “está a punto de entrar en crisis por falta de mantenimiento”. (Citas tomadas de La Jornada 10, 12 y 18 de octubre). Como gran final podríamos recurrir al pesimista diagnóstico sobre el Cisen presentado al Congreso por el oportuno secretario de Gobernación.
Es la hora del Congreso. Además de cumplir con las tareas de monitorear todo lo relacionado con la Iniciativa podrían auspiciar las investigaciones que se requieren para hacer un diagnóstico integral sobre lo que sucede en el campo del crimen organizado para, con esa base, elaborar una doctrina de seguridad propia de país democrático. Para esa tarea el país ya cuenta con una nueva generación de especialistas en seguridad.
La Iniciativa Mérida desnuda nuestras flaquezas, pero también puede ser el detonante de una doctrina y política construidas sobre el triángulo dorado de una relación conceptualmente armónica entre la seguridad, la soberanía y la democracia.
Nota. Agradezco la colaboración del doctor Abelardo Rodríguez Sumano.
