La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aplazó sin fecha su sentencia sobre la elección de gobernador de Baja California, que había anunciado para anteayer martes 23. Aunque pesa sobre ese órgano el término fatal que concluye el 31 de octubre, pues el Ejecutivo debe tomar posesión el primero de noviembre (o declararse su ausencia), no se fijó día para la emisión del fallo definitivo.
Tampoco se produjo explicación formal sobre el aplazamiento. Ya muy tarde en la víspera, a las 23.40 del lunes se publicó un aviso de que el asunto sería diferido, es decir que no se abordaría en la sesión del martes, si bien el asunto permaneció en la lista. Se dijo extraoficialmente que los magistrados están recibiendo todavía a los interesados que buscan reforzar con argumentos expresados oralmente los que establecieron en sus piezas procesales y que debían bastar a los juzgadores para elaborar la sentencia, Y que “han obtenido información adicional que deben agregar al expediente”
Ante la falta de explicación oficial, y dado que el ponente es el magistrado Flavio Galván Rivera, se pensaría que sus problemas de salud son la causa de la lentitud con que se aborda este caso delicado. Hay que recordar que hace apenas dos meses dicho juzgador renunció a la presidencia del Tribunal, forzado por la “necesidad de someterse a un tratamiento médico que le impide dedicar el tiempo que requiere el ejercicio de la presidencia”, tiempo que, pienso por mi parte, no es sustancialmente distinto al que se requiere para el desempeño de las funciones propiamente jurisdiccionales, a las que no renunció.
Galván Rivera trajo consigo a la nueva época del Tribunal la opacidad con que se procedió en la porción final del anterior ejercicio, no en balde fue el secretario general de acuerdos de la sala superior durante los diez años de aquella primera etapa. Por eso no sorprendió que se le eligiera presidente en noviembre pasado, no sólo por su experiencia en el desempeño judicial sino porque se premiaba de ese modo su participación en los tortuosos procedimientos con que el Tribunal contribuyó de modo principalísimo a la duda de un sector de la población sobre la legalidad del desenlace del proceso presidencial (que se agrega a la certidumbre de otra parte sustantiva de la sociedad de que dicho desenlace fue ilegal).
A Galván Rivera le correspondió, entre otros actos, presentar los dos documentos centrales de la actuación del Tribunal, cuya ilegalidad fue manifiesta aunque no impugnada por nadie en vista de la naturaleza terminal de la función de ese órgano. El 28 de agosto de 2006 Leyó la sentencia con que la sala superior resolvió los 375 juicios de inconformidad presentados por partidos y ciudadanos. Y el cinco de septiembre el dictamen de calificación del proceso y declaratoria de presidente electo. En el primer caso, los magistrados y el secretario de acuerdos desacataron abiertamente la Ley general del sistema de medios de impugnación, el código procesal electoral. Su Artículo 24 establece claramente que para emitir sentencia “se procederá a exponer cada uno de los asuntos listados”. Por lógica, por sentido común y porque así lo previene la Ley no es admisible resolver en una sola sentencia 375 situaciones diferentes. Y sin embargo así procedió el Tribunal cuyo secretario fue elegido después magistrado y presidente de la sala superior. Y ya no es necesario recordar las incongruencias del dictamen de calificación, en donde no obstante admitir una variedad de violaciones a la Ley por diversas personas y grupos, entre ellos el propio presidente de la república, el órgano calificador se negó a extraer de esas infracciones las consecuencias jurídicas correspondientes.
Galván fue presidente del Tribunal nueve meses y medio. Intempestivamente, el 16 de agosto renunció a su cargo, afectado según expresó por padecimientos intestinales y de circulación. Se mantuvo, sin embargo, en sus funciones de magistrado. De inmediato, sin embargo, surgió del propio Tribunal información sobre irregularidades administrativas en que habría incurrido personal cercano a Galván, y que rayaban en la delincuencia. Se dijo que en la adquisición de un edificio se había sugerido o intentado cobrar una comisión. El órgano interno de control admitió que estaba en curso una investigación al respecto, sin que se supiera el desenlace de ese trámite administrativo. Sí se conoció, en cambio, que renunció a su puesto la coordinadora de asesores del presidente, Norma Inés Aguilar León, a quien se había atribuido aquella maniobra. No sabemos si se marchó por la consecuencia lógica de la dimisión de su jefe (a quien ya no era necesario asesorar como presidente) o porque había quedado desguarnecida en el caso en que efectivamente hubiera pretendido obtener provecho indebido.
Esa inclinación a la opacidad conduce a la preocupación por el modo en que se resuelva el caso de Baja California. Ya sorprendió que el Tribunal federal autorizara la candidatura de Jorge Hank Rohn, no obstante la violación de una norma expresa de la legislación local como había considerado el Tribunal bajacaliforniano. Desconcierta que ahora se le otorgara audiencia de último minuto, si es que la solicitó con demora, o que habiéndola pedido oportunamente sólo fuera recibido el día fijado para la resolución del caso.
Mala es la hora en que ese órgano de justicia electoral, que debía ser transparente y confiable, no acredite serlo.
