Uno de los pecados capitales del presidencialismo autoritario fue su proclividad al amiguismo incondicional con los hombres del dinero, léase los grandes empresarios. El Partido Revolucionario Institucional, un instrumento de la voluntad presidencial, aprovechaba esta empatía, para colgarse de sus beneficios. Hubo día en que los dirigentes exploraron la conveniencia de abrir su membresía para crear, dentro del sector popular, una asociación que diera cabida a los capitalistas importantes, medianos y pequeños de la República. Si el partido ya tenía cautivos a los obreros, a los campesinos y a la clase media ¿por qué no jalar también a los inversionistas?
Se recordó entonces cómo, en sus primeros años de vida, el Partido Nacional Revolucionario tenía inscritos en sus filas a los miembros del Ejército Mexicano... entonces ¿qué inconveniente habría para que ocupasen ese mismo espacio, con otro nombre, los civiles integrados en las cámaras industriales, comerciales, de la propiedad inmueble, de la transformación o agrícolas, ganaderas y forestales?
La idea era idiota y encontró oposición, por fortuna, entre los mismos empresarios, sobre todo en unos cuantos proclives al partido Acción Nacional, que en el medio siglo XX era el patito feo de la política mexicana. Para mayor fortuna el PRI y el presidente de la República también meditaron la absurda ponencia y la dejaron morir en paz. En lo individual los empresarios podrían afiliarse al partido de su preferencia.
Pero entre los señores del poder económico, los del poder político y los jerarcas del poder eclesiástico han existido, de antiguo, una mutua atracción. De cóctel en cóctel los jorocones de la iniciativa privada planteaban sus preocupaciones políticas en alegatos de oreja para deslizar sugerencias sobre algunas candidaturas, bendecidas desde antes por los jerarcas religiosos. En estas circunstancias o en otras igual de deleitosas, Televisa habría de ingresar virtualmente al PRI y este partido se sentiría muy complacido. Más todavía cuando don Emilio Azcárraga Vidaurreta decía con discreción que Televisa era institucional. Hubo ocasión en que su heredero, Emilio Azcárraga Milmo, confesó paladinamente que Televisa era priista. Lo que sucedía era que el Gobierno concedía la explotación de un servicio público a Televisa y los concesionarios, es decir los dueños del negocio, le correspondían con trato asaz deferente, al publicitar en sus noticiarios las giras y obras del señor presidente y/o también con la propaganda del PRI y de sus candidatos en tiempos electorales, si no gratis, a precio accesible. Una mancuerna funcional en un mundo feliz.
Pero ya cercano el final del siglo XX los periódicos, los líderes de opinión y las fuerzas políticas empezaron a demandar una reforma política democrática en la República que entró en vigor. Cuando participaron en elecciones los partidos de oposición, relevantemente el PAN y el PRD, los concesionarios de medios electrónicos levantaron la canasta de los costos publicitarios ante el PRI, que debería pagar por los mensajes de propaganda electoral igual que las otras organizaciones políticas. El recién creado Instituto Federal Electoral recomendaba la medida en aras de la equidad ante los otros partidos y ello abrió la espita del dinero fiscal que chorreó hacia el propio IFE y salpicó desde éste a los partidos políticos y a los medios electrónicos. Entonces los empresarios abrieron los ojos y también las bolsas para recibir el pago de las mil millonarias facturaciones por publicidad.
¿Quién habría de decirlo? Ahora hasta flojera entra para pronunciar los miles de millones de pesos que suman los gastos electorales y los subsidios para que los partidos políticos paguen anuncios en los medios electrónicos.
La ambición de Televisa y TV Azteca superó a las radiodifusoras. Con Vicente Fox en la Presidencia los concesionarios de TV aseguraron la permanencia de los dos monopolios –Televisa y Azteca— y de las radiodifusoras ahora concesionadas en las frecuencias y amplitudes reconocidas.
En tres palabras la famosa, por denostada, Ley Televisa, lograría “blindarse” contra cualquier futura competencia, así que con la complicidad de los partidos políticos, representados en la anterior Legislatura federal, logró someter a sus condiciones y caprichos al Gobierno mexicano.
Un grupo de 46 legisladores sensatos y responsables se opuso a la aprobación de la famosa Ley de Medios, pero los líderes de los tres partidos mayoritarios —PAN, PRD y PRI— la sacaron avante.
Quizá un poco resignados aquellos 46 diputados y senadores no quisieron doblar las manos y con gallardía presentaron un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cual será resuelto por el pleno en sesión pública el próximo día 27 de mayo.
El proyecto resolutivo del Ministro Aguirre Anguiano estará a discusión y aprobación, mas todo parece indicar que por contradecir algunos trascendentes artículos de la Ley de Medios aprobada, ya empieza a ser atacado. Televisa y TV Azteca se defienden como gatos boca arriba, mas en la opinión pública el proyecto de sentencia es visto como un antemural para la defensa moral del Estado y apoyo del deber constitucional que tienen los funcionarios de obrar “...mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación” y no por los intereses particulares propios o ajenos. Esto sería enorgullecedor...
