Todo se pensaría, menos que de la dependencia encargada de perseguir a los delincuentes y ejercitar acción penal, sufriera la afrenta de que en su interior se cometiera el delito de robo, aparentemente por el propio personal que ahí trabaja. Los oficios sustraídos, cuyo paradero se ignora, eran parte de la averiguación previa iniciada con motivo de la denuncia interpuesta contra quien resultara responsable por uso de documentos falsos. El legajo que los contenía sirvió en su oportunidad a la Secretaría del Trabajo para tener por acreditado a Elías Morales como dirigente del Sindicato de Mineros, en el año de 2006. El sindicato envía a la Secretaría del Trabajo el oficio que contiene la designación de su dirigente y los originales de diversas constancias que apuntalan su decisión, concretándose la autoridad a tomar nota con la consecuencia inherente de formalizar el cargo. En el caso, fue dentro de esa averiguación donde peritos de la PGR que elaboraron dictámenes periciales conducentes al esclarecimiento de los hechos, encontraron falsificaciones. Todos esos papeles, cinco actas y la toma de nota, desaparecieron misteriosamente de las instalaciones de la delegación metropolitana de la PGR. Se dice que las chapas del estante, en que se guardaban los expedientes, habían sido violentadas.
Lo anterior lo informó la PGR quien recabó otro juego original de los documentos en la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, constatándose que contienen firma autógrafa de quienes los suscriben, considerando concluido el procedimiento de reposición. Esto lo sabían los que se llevaron con rumbo desconocido la documentación, por lo que queda la duda de ¿hasta dónde querían llegar los ladrones? Su estrategia no tenía futuro al existir duplicados. Es difícil saber las intenciones. Lo que sí se puede tener a la mano es el motivo que los orilló a perpetrar el hecho. Podemos descartar el dinero, sin que deje de ser una probabilidad, atendiendo a aquello de que todo mundo tenemos un precio. Lo que es una posibilidad más firme es que hubo una motivación de índole política. Los que lo hicieron tenían acceso al lugar donde no cualquier hijo de vecino puede llegar, dado que hay vigilancia día y noche. El destrozo indica que los malandrines quisieron dejar huellas para despistar a los investigadores, dejando falsa constancia de que fueron gente de fuera. El procurador Eduardo Medina-Mora no es de los que se chupan el dedo. De inmediato y a reserva de otras medidas cesó al delegado Armando del Río Leal quien, junto con otros funcionarios, quedó sujeto a investigación.
No importa quién sea el dueño de la razón. Lo que no se debe permitir, bajo ninguna circunstancia, es que en las oficinas de la PGR se cometan actos reñidos con la legalidad. Eso es un cartucho de dinamita que puede traer consecuencias indeseables. El que se hayan recuperado documentos idénticos no excluye que personas interesadas hayan efectuado un robo con fractura, ni que los peritajes sobre esos documentos dejen de tener valor probatorio. El hecho asoma el sombrío rostro de una pugna intersindical en que alguna de las partes está dispuesta a cualquier cosa con tal de mantener el statu quo que le permita mantener el control de la organización. Los investigadores de la PGR no tendrán que quebrarse la cabeza para encontrar a los autores del delito. Bastará que se pregunten ¿a quién o a quiénes beneficiaría que los documentos desaparecieran?
Hay en la agenda nacional otros asuntos cuya resolución no ha sido un dechado de virtuosidad, enrareciendo el clima social, dejando que la duda prevalezca por encima de la verdad. Tales son la muerte de una indígena mazahua en la sierra de Zongolica, Estado de Veracruz, y el hecho donde resultó acribillado un periodista en el puerto turístico de Acapulco. En ambos casos la actuación de las autoridades no se ha concretado en algo confiable, aunque puede ser que todo parta de la poca credibilidad con la que se han conducido en el pasado, con el pretenso deseo de tapar el sol con un dedo. En el primer caso se dice que una anciana de 73 años de edad falleció a causa de haber sido atacada sexualmente, según un primer dictamen médico, que contradice el resultado de una segunda necrópsia donde se afirma que el deceso se derivó de una anemia aguda. En el segundo caso, el periodista Amado Ramírez Dillanes fue tiroteado por sicarios del crimen organizado, deteniéndose posteriormente a dos sujetos dejándose correr la versión de que el leit motive del crimen tuvo su origen en un lío de faldas. En fin, todo esto, que debería ser transparente y terso como el agua, por el contrario, se está volviendo turbio y cenagoso.
POST SCRIPTUM.- Ayer, al término del comentario que antecede, las autoridades que se ocupan de los asuntos laborales le comunicaron a Napoleón Gómez Urrutia la toma de nota que le restituye en la dirección de Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, con lo que quedará cerrado este espinoso capítulo, aunque habrá que recordar que aún están pendientes dos órdenes de aprehensión. El 17 de este mes, al celebrar su convención nacional extraordinaria será el sindicato el que diga la última palabra.
