En este espacio hemos sido muy insistentes en la discusión sobre lo que falta por avanzar para configurar las condiciones de una plena democratización del país. En estos tiempos en los que tanto se ha hablado de gobernabilidad democrática hay que enfatizar que ello implica, entre otras cosas, la obligación de los responsables de la administración gubernamental de informar sobre el manejo de la cosa pública. De manera que el avance democrático debe transitar por la profundización de la transparencia y la rendición de cuentas.
Tales son los menesteres en los que siguen empeñados amplios sectores de la sociedad, y a los que al parecer, afortunadamente, son sensibles algunos sectores de la clase política y de los funcionarios públicos. Como expresión de ello, en los últimos años, y particularmente meses, hemos visto surgir iniciativas y concreciones legislativas en esa dirección, lo cual nos confirma la pertinencia de la pauta reflexiva propuesta a ustedes.
Dentro de estos últimos resultados hay que mencionar a la Ley de salarios máximos para los funcionarios públicos, y últimamente la iniciativa en proceso sobre el acceso a la información pública. Falta por ahí una propuesta jurídica que se está atorando sobre el conflicto de intereses en los que incurren los políticos que en la mañana legislan como representantes del Estado y en la tarde litigan contra el mismo en sus despachos privados, Ley antidiego le llaman, quién sabe porque.
Abundemos un poco más sobre el derecho al acceso de la información pública. El pleno de la Cámara de Diputados ya aprobó por una amplia mayoría la reforma al artículo sexto constitucional que convierte en derecho fundamental el acceso a la información pública en los ámbitos federal, estatal y municipal, homogenizando la norma jurídica desde luego. Falta el aval del Senado y de los congresos estatales.
Es comprensible el revuelo que este paso ha suscitado por la forma en que fue progresando de ser una iniciativa avalada por cinco gobernadores pertenecientes a los tres principales partidos políticos, hasta dar resultados legislativos en virtud de un gran consenso de las fuerzas partidarias operantes en la Cámara de Diputados.
También se ha destacado que esta iniciativa Chihuahua, como se le conoce, echada a andar por los gobernadores de Chihuahua, Aguascalientes, Veracruz, Zacatecas y el gobierno del DF, tuvo en cuenta los contenidos asimétricos de las legislaturas estatales sobre transparencia así como una ausencia de cultura en la materia, que le da una dimensión federalista al asunto, lo cual no es menor considerando las múltiples observaciones a nuestro maltrecho sistema federal.
Sin duda se debe tomar nota de estos avances para los cuales, insistimos, ha sido fundamental el empuje de grupos sociales, no pocas veces a contrapelo del ánimo de la clase gobernante y de los grupos fácticos cuyo poderío no ha sufrido una mengua en lo esencial. Es por ello que al mismo tiempo que debemos tomar nota se debe advertir que falta mucho por hacer todavía.
Y precisamente por ello es de llamar la atención que este ordenamiento jurídico no contempla como sujetos del mismo a partidos políticos y sindicatos, siendo que ambas entidades manejan recursos públicos. Los diputados han argumentado que los partidos y los sindicatos no están siendo incluidos como sujetos obligados en esta reforma, ya que dicha obligación debía estar contemplada en la legislación secundaria; sin embargo algunos especialistas apuntan que dichas entidades tienen un estatuto constitucional y no solamente legal, por lo que la reforma a la Carta Magna debe abarcarlos.
Hay que insistir que las adecuaciones legales solamente crean las condiciones formales para el cambio, pero falta lo más complicado: configurar la cultura para un ambiente propicio a la transparencia, que va vaya a contrapelo de décadas de un manejo patrimonialista de la cosa pública, a la que se acostumbraron los funcionarios públicos como un derecho natural.
A este respecto es menester señalar la importancia que tiene crear y profundizar los mecanismos de fiscalización ciudadana, y que también se avance en otros ámbitos para transformar la relación entre el Estado y la sociedad, una cuestión muy olvidada.
Pero hay otro asunto que tiene que ver con la ya conocida sentencia de que en este país nunca pasa nada. Antes eso sucedía por las enormes sombras que cubrían el ejercicio del poder público, ahora que se ha ido echando luz sobre porciones importantes de ello, igualmente no pasa nada, y con ello se corre el riesgo que esto sea un nuevo paisaje costumbrista de la sociedad mexicana.
Por ello el Poder Judicial se perfila como un posible importante factor del derecho a la información junto con el Ministerio Público para que haya una auténtica rendición de cuentas con las implicaciones del caso. Como se ve no hay duda de que en este ámbito todavía hay tareas, mucha tareas.
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