Los buenos deseos y la sobrestimación de las capacidades gubernamentales son, otra vez, las características principales del Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado por el Presidente Felipe Calderón el pasado 31 de mayo. Su administración confía hacerlo realidad con los recursos que espera obtener de su reforma tributaria, enviada al Congreso el miércoles 20 de Junio y que califique como insuficiente y mediática en mi nota de la semana pasada.
En esencia, el PND recoge la tradición de la planeación económica en México, desde la década de los años treinta del siglo pasado, al presentar un catálogo de buenas intenciones para transformar al país y convertirlo en una nación desarrollada. Los resultados económicos y sociales a la fecha son una demostración del fracaso de los planes anteriores, y me temo que este nuevo PND correrá con la misma suerte, porque finca en la acción del gobierno, más que en la de los particulares, el éxito del desarrollo.
Como en otras ocasiones, este PND señala que es resultado de una consulta nacional en la que participaron 51,997 personas “a través de 205 foros de consulta popular”, mientras que “79,921 participaron individualmente enviando sus opiniones y propuestas por distintas vías”. En contraste, el PND que presentó la administración de Ernesto Zedillo, por ejemplo, realizó 97 foros y recibió aportaciones de 300 mil personas.
Este señalamiento de los foros y personas que participaron en la “consulta” nacional para la elaboración del PND, aparece en cada nueva versión del mismo, con el propósito de presentarlo como un esfuerzo democrático y participativo, cuando en la práctica la gran mayoría de esas ideas y sugerencias no fueron siquiera contempladas a la hora en que unas cuantas personas se dedicaron a la redacción del mismo.
No puede ser de otra manera, dado el tiempo y la capacidad de evaluación, diagnóstico y síntesis que serían necesarios para que los responsables de la elaboración del plan pudieran siquiera dar un vistazo general, no digamos una revisión profunda y detallada, a cada una de las miles de sugerencias que se reciben en cada ocasión.
Pero más allá de este esfuerzo de relaciones públicas que hace ver el PND como un producto en el que estuvieron involucrados miles de mexicanos, está el hecho de que los planes están cada vez más llenos de “estrategias y líneas de acción” y menos de metas cuantitativas que permitan medir los resultados de los mismos.
Esta práctica no necesariamente es negativa, pero llama la atención que se convirtió en la manera de operar desde la administración de Ernesto Zedillo, ya que antes documentos como el PND eran elaborados con muchos detalles y cifras que la realidad, por diversas circunstancias, se encargaba de desacreditar.
La retórica en este PND, en esencia, no difiere de la que caracterizó los planes anteriores. Por ejemplo, el objetivo estratégico fundamental del PND 1995-2000 era “promover un crecimiento económico vigoroso y sustentable que….redunde en el bienestar social de todos los mexicanos y en una convivencia fincada en la democracia y la justicia”.
Seis años después, en la administración de Vicente Fox, el PND tuvo como objetivo “promover un crecimiento con calidad de la economía”, que fuera sostenido y dinámico, que permitiera crear empleos, abatir la pobreza y abrir espacios a los emprendedores, así como que avanzara en la igualdad de oportunidades entre regiones y fuera sustentable.
Y así como el PND de Fox tuvo como pauta de largo plazo la visión de México en el año 2025, el PND de Calderón nos habla ahora de la Visión México 2030. En ambos casos, sin embargo, el contenido es para todo fin práctico el mismo. Una economía de alta competitividad, con crecimiento incluyente y sostenido, que reduzca las diferencias económicas y sociales, así como que brinde igualdad de oportunidades con un respeto al medio ambiente.
Como todos los documentos de este tipo, el PND 2007-2012 es rico en objetivos muy loables, pero pobre en la descripción de los instrumentos que pudieran alcanzarlos. Su meta de crecimiento es menos ambiciosa y regresa a la establecida por la administración de Zedillo, del 5 por ciento anual. Por otra parte, su optimismo no es tan desbordado como el que caracterizó al que estuvo vigente en el sexenio anterior, pero plantea los mismos temas centrales que se manejan desde la segunda mitad del siglo pasado.
El PND, al abundar en los qué, pero no en los cómo, saca la vuelta a la difícil pero necesaria tarea de plantear la urgente necesidad de profundizar en reformas estructurales que transformen el mercado laboral y el sector educativo, así como que se abandone la peregrina y errónea idea de que el sector energético necesita estar en manos del gobierno (léase los sindicatos de las empresas públicas). Sin un cambio substancial en estos aspectos será imposible lograr los objetivos del PND.
Por otra parte, la preocupación por un desarrollo sustentable, no se acompaña de un reconocimiento de que lo verde también cuesta. No se trata de conservar a ultranza el medio ambiente, sino de reconocer que todas las acciones humanas entrañan costos y beneficios, por lo que una solución eficiente a esta problemática requiere que las políticas públicas y las decisiones privadas tomen en consideración ambos aspectos.
En síntesis, aunque conviene tener un marco claro de referencia sobre lo que razonablemente cabe esperar de la política económica oficial, este PND probablemente se agregará a la lista de otras buenas intenciones fracasadas, todas ellas tratando de lograr, mediante la intervención oficial, un desarrollo económico con demasiados atributos que, por lo mismo, resulta prácticamente inalcanzable.
