Dos agentes de la Policía Preventiva de Torreón colocan un chaleco antibalas en unos botes de plástico sobre unas sillas dentro de la sala de tiro de la Academia de Policía. Integrantes del Fideicomiso de Seguridad Pública iban a realizar una prueba de resistencia en los chalecos próximos a adquirir, pero olvidaron solicitar la presencia de un perito en balística, motivo por el cual se suspendió la sesión.
Las acusaciones entre Estado y Municipio han sido constantes y hasta ahora no se ha concretado el proyecto
TORREÓN, COAH.- La designación del sitio para construir el Centro Regional de Control de Crisis anunciada desde el pasado abril por el Estado y el Municipio, con el objetivo de conjuntar el uso de las tecnologías de punta a labores policiacas y servicios de emergencia, se ha convertido en una historia de dimes y diretes.
La discusión ha durado ya 4 meses y sigue sin resolverse, pues han surgido conflictos de los que nadie se había percatado. En el fondo, la necesidad de contar con un centro de reacción policiaca para La Laguna de Coahuila ha sido copada por el conflicto que mantienen el alcalde José Ángel Pérez y el gobernador Humberto Moreira, entre acusaciones de manipulación política y engaños.
Y pese a haberse decidido en forma conjunta la creación del Centro Regional de Control de Crisis, para el cual las instancias de Gobierno apoyarían con 13 millones de pesos cada uno, en el marco del Fideicomiso para la Seguridad Pública, ahora el Municipio acusa al Estado de haber dado línea a los miembros del Fideicomiso para que autorizaran el cambio de sede de Torreón al ejido San Miguel, en Matamoros.
En contraparte, los consejeros y el Estado acusaron al secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Walss Aurioles de “atizarle al fuego y movilizar a los ejidatarios que este martes en la tarde se manifestaron afuera del Instituto Superior de Seguridad Pública, lugar donde se pretende construir el Centro Regional de Control de Crisis, pero ahora, financiado totalmente por el Estado y como resultado de que el alcalde abandonó abruptamente la reunión donde el lunes se autorizó el cambio para erigir la construcción.
El proyecto para construir el centro policiaco que requiere una inversión de 26 millones de pesos, se ha entrampado porque aunque el Municipio ofreció los terrenos para la obra, los cuales se encuentran en el Corralón de Tránsito Municipal a un lado del Vivero, no cuentan con escritura y tampoco se ha conseguido el comodato por parte del Gobierno Federal. El Municipio se comprometió a realizar el trámite desde abril pero no cumplió.
Por su parte el Estado propuso que el proyecto se concretara en terrenos del Instituto Superior de Seguridad ubicado en el ejido San Miguel y que durante algunos meses ha sido el centro de operación de las fuerzas federales de apoyo que operan en La Laguna.
Sin embargo, aunque estos terrenos cuentan con escritura, de la cual tiene copia El Siglo de Torreón, en la que se demuestra que el ex alcalde de Matamoros, Jesús Contreras Pacheco los donó al entonces gobernador, Rogelio Montemayor, el 25 de septiembre de 1997, ayer las autoridades estatales admitieron que las 8 hectáreas que abarca la escritura enfrentan un litigio promovido por ejidatarios, que reclaman la propiedad del predio y otros aledaños, porque aseguran, nunca se les indemnizó.
En abril el Estado y el Municipio anunciaron la creación del centro policiaco y sólo quedaron pendientes de definir el lugar.
En una de esas reuniones José Ángel ofreció opciones de terrenos, uno atrás de Seguridad Pública, otro en La Merced y uno más en el ejido La Joya, motivo por el cual el 24 de abril en reunión de trabajo, el secretario del Fideicomiso de Seguridad Pública, Juan Abusaid, algunos consejeros y los 5 jefes policiacos de los municipios que se integraron en una especie de Comisión, visitarían los terrenos para escoger el idóneo para el centro policiaco. Sin visitar los otros, en forma unánime se decidieron por el terreno ofrecido inicialmente por el Municipio.
Sobre esta decisión, se notificó a los integrantes del Fideicomiso, el 8 de mayo. Un extracto del acta de esa fecha dice: “Se acuerda por los miembros del comité técnico que la instalación del centro de crisis sea en los terrenos proporcionados por el Ayuntamiento de Torreón, ubicado en la carretera Matamoros-Mazatlán, tramo López Sánchez a un costado del Vivero municipal y al norte de la UANE. Por lo cual será estipulado en el convenio a elaborarse previo a la autorización del Cabildo del Municipio”.
Entonces se le pidió al Municipio agilizar el trámite del comodato. En la reunión de junio se anunció la licitación del Centro Policiaco, sin embargo, el problema surgió ante la Secretaría de la Función Pública Estatal, pues el terreno carecía de escritura. Desde esa fecha, el Municipio no avanzó en el trámite.
Al paso del tiempo, los recursos autorizados para la obra y la nula respuesta del Municipio, motivó que el lunes pasado en la reunión extraordinaria del Fideicomiso para la Seguridad Pública, el presidente del mismo Fausto Destenave, hiciera la propuesta para votar el cambio del lugar para el Centro Regional de Control de Crisis, a Matamoros.
Desde entonces, las acusaciones han sido mutuas, pues la reacción del Municipio en voz de Rodolfo Walss Aurioles fue en el sentido de que la decisión fue “revanchismo político, “una zancadilla” y “una represalia por haber presentado la Controversia Constitucional contra el Estado”.
El alcalde José Ángel Pérez pidió el martes al gobernador reconsiderar la decisión y aseguró que los consejeros fueron “cabildeados” previamente a la reunión.
El martes en la tarde, un grupo de ejidatarios de San Miguel se manifestó afuera del Instituto Superior de Seguridad Pública, reclamaron la propiedad de los terrenos e informaron de un litigio que presentaron desde el año pasado sobre las 8 hectáreas que ocupa el instituto, así como 60 hectáreas aledañas. Los quejosos fueron acercados a los medios de comunicación por Rodolfo Walss que incluso los transportó al sitio de la manifestación, según lo reconoció él mismo.
