“El exceso de leyes corrompe a la república.”
Tácito
Los políticos han recurrido al fácil expediente de acusar a quienes se oponen a la nueva ley electoral -la cual fue aprobada al vapor por el Congreso la semana pasada- de que lo hacen por el dinero de la publicidad de las campañas. Si el motivo de quienes protestan es pecuniario, sugieren, entonces no hay por qué prestarles atención.
Pero aceptemos la propuesta de prohibir la compra de publicidad en los medios electrónicos de comunicación. ¿Hace eso aceptable la reforma? A mi juicio no.
La reforma sigue siendo pésima porque debilita al IFE o a la institución que la suceda, al destituir a los consejeros por un ánimo de revancha de los políticos.
Es mala porque recalca que la decisión es un castigo al destituir a los consejeros del IFE, pero no a los magistrados del Tribunal Electoral.
Es inaceptable porque viola la autonomía del IFE al establecer un contralor interno en la institución que es designado por los legisladores.
Es injusta porque representa una venganza personal contra el consejero presidente del IFE.
Es irresponsable porque no establece criterios para el reemplazo de los consejeros del IFE -además del presidente, señalado desde un principio como blanco de despido inmediato- por lo que obliga a los consejeros a quedar bien con los políticos para no ser destituidos.
Es perversa porque no considera ninguno de los elementos que sí eran necesarios para construir un mejor sistema electoral, como la reducción de los diputados plurinominales, la eliminación de los senadores de lista y los de minoría, la reelección de los legisladores, la reelección de los presidentes municipales y una disminución en el dinero de los partidos, entre otros.
Es corruptora porque no incorpora a los partidos a los criterios de transparencia de la Ley Federal de Acceso a la Información.
Es negativa porque “espotiza” las campañas al impedir que haya mensajes políticos de más de tres minutos en los medios de comunicación puesto que elimina la posibilidad de contar con tiempos largos de medios electrónicos para discutir temas en profundidad.
Es discriminatoria porque prohíbe contratar publicidad política en medios electrónicos, pero no en medios impresos.
Es injusta porque permite a los partidos políticos apropiarse de tiempos comerciales, que no les pertenecen, sin indemnización.
Es cara porque, una vez descontada la expropiación de tiempos comerciales de los medios y la reducción del tiempo de campaña, aumenta los recursos que los partidos pueden utilizar a discreción.
Es contaminante porque, al prohibir la contratación de tiempos de medios electrónicos, pero aumentar el dinero de campaña de los partidos, promueve un mayor uso de los carteles y banderines de plástico que ya saturan al país en cada campaña.
Es censora porque le da a la autoridad electoral la autoridad de suspender transmisiones de radio y televisión con las que no esté de acuerdo sin recurso legal previo.
Es absurda porque pone a la Constitución, que debería ser una ley general que exprese solamente garantías fundamentales, a enumerar los minutos exactos por hora que deben dedicarse en el país a la promoción política.
Es aburrida porque hará que la gente que no se interesa en la política -que es la mayoría- tenga que aguantar verdaderas avalanchas de publicidad de los partidos y candidatos en sus programas de radio y televisión.
Es amordazadora porque no permite a los ciudadanos o a sus asociaciones contratar tiempo en los medios de comunicación para cuestionar a los políticos.
Es promotora de la partidocracia porque, a pesar que de último momento se eliminó la prohibición a las candidaturas independientes, le da a los partidos un monopolio de la contratación de tiempos de medios electrónicos para la promoción de ideas políticas; un candidato independiente no podrá contratar tiempo de medios ni tendrá acceso al que constitucionalmente monopolizarán los partidos.
Quizá sea injusto que los partidos políticos despojen a las empresas de radio y televisión de hasta el 30 por ciento de sus tiempos comerciales. Es una medida que afectará principalmente a las pequeñas emisoras de AM. Pero ésa no es la razón, pese a lo que argumentan los políticos, de que haya tantos cuestionamientos a la nueva ley electoral. Se trata simplemente de una mala ley.
Pero poco han importado los cuestionamientos. Los dirigentes y legisladores de los tres principales partidos políticos del país ya habían tomado la decisión de aprobar esta revancha constitucional contra el IFE y los medios de comunicación. Y en el proceso han demostrado que son el único y verdadero poder fáctico de México.
PARTIDO VERDE
Quizá el partido más afectado por la nueva legislación electoral sea el Verde. Al mantener una estructura interna muy pequeña y negarse a contratar medios contaminantes de difusión, como los carteles y banderines que llenan de basura el territorio nacional en tiempos de elecciones, el PVEM se convirtió en un hábil usuario de los medios electrónicos. La reforma limita ahora su uso de los tiempos públicos, pero además le prohíbe contratar tiempos en los medios electrónicos. Quizá el Verde no tendrá más opción que recurrir a esos carteles y banderines contaminantes que hasta ahora se había negado a emplear.
Página de Internet: www.sergiosarmiento.com
