“La visión de la economía que tiene el Gobierno puede resumirse en unas cuantas frases. Si se mueve, cóbrale impuesto. Si se sigue moviendo, regúlalo. Si deja de moverse, subsídialo”.
Ronald Reagan
Ea Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados comenzó ayer la revisión de la propuesta de reforma fiscal de la Secretaría de Hacienda. Es muy difícil saber en este momento cuál será el resultado de la discusión, pero por lo pronto no deja de sorprender que estas siete iniciativas hayan logrado algo que parecía imposible: unificar a los grandes empresarios con Andrés Manuel López Obrador.
El rechazo de los empresarios y el perredista a la propuesta del secretario Agustín Carstens tiene, por supuesto, bases muy distintas. Los primeros ven en la reforma un intento por cargar el costo de un aumento en la recaudación a quienes ya tributan en lugar de buscar la contribución de quienes evaden impuestos o actúan en la economía informal. López Obrador encuentra, por el contrario, que la reforma no toca a las grandes empresas y les carga la mano a los pequeños contribuyentes.
Los empresarios se quejan, en particular, de que la Contribución Empresarial de Tasa Única, la CETU, un impuesto mínimo que reemplaza al impuesto al activo, aumenta la carga fiscal de las empresas. Y ciertamente parece que lo hace, cuando menos en algunos casos. Los funcionarios de Hacienda afirman que este aumento sólo afectará a las empresas que tengan beneficios especiales o que lleven a cabo un aprovechamiento “indebidamente agresivo” de las leyes fiscales del país. Pero quienes se verán afectados afirman que se amenaza la propia supervivencia de sus empresas.
López Obrador no se mete en detalles, que seguramente no maneja, pero sostiene que se están dejando intactos los privilegios de las grandes empresas y que el “único propósito” de la reforma es “exprimir los bolsillos de las clases bajas y medias, así como de los pequeños y medianos comerciantes y empresarios”.
La Secretaría de Hacienda dice que espera lograr un aumento de tres puntos porcentuales del PIB con los cambios a las reglas fiscales. De esto, alrededor de dos puntos beneficiarían al Gobierno Federal, especialmente por la aplicación de la CETU y en menor medida de otros gravámenes, que incluirían un “impuesto a la informalidad” de 2 por ciento a los depósitos en efectivo en los bancos. Hay dudas serias de si éste afectaría a la economía informal, puesto que quienes viven en la ilegalidad podrían simplemente no depositar dinero en los bancos, pero al parecer sí afectaría a empresas formales que hacen buena parte de sus ventas en efectivo.
Un punto porcentual adicional provendría de impuestos especiales cobrados por los estados a productos como las bebidas alcohólicas y la gasolina. Pero estos productos ya se encuentran excesivamente gravados. En el caso de las bebidas, el nuevo gravamen podría promover un aumento de un amplio mercado negro que amenaza la salud pública.
A la pregunta de para qué se utilizaría el dinero adicional que se recaudaría, la Secretaría de Hacienda dice constantemente que se seguirían las pautas del Plan Nacional de Desarrollo. En otras palabras, se emplearían los recursos para fortalecer los programas de apoyo a los pobres y para invertir en infraestructura. Los críticos apuntan que el Gobierno no ha mostrado hasta ahora que está gastando mejor el dinero público de lo que lo hacían Gobiernos pasados.
Independientemente de las diferencias políticas a las que ya estamos acostumbrados en nuestro país, y que hacen habitual que los partidos de Oposición cuestionen cualquier iniciativa que proviene del Ejecutivo, hay dudas serias acerca de una iniciativa que trataría de arrancar del sector privado tres puntos porcentuales del PIB en recaudación –contra 11 que se obtienen ahora— para dárselos al Gobierno para gastar.
Si bien es evidente que necesitamos una reforma que le dé más equidad al sistema fiscal de nuestro país, no me queda claro que las modificaciones a las reglas fiscales puedan lograr eso. Ciertamente retirar una gran cantidad de dinero de la economía privada para dársela al Gobierno debería preocuparnos. Mucho más fácil sería si el Gobierno ya hubiera mostrado una mejor capacidad de gasto.
Hace días señalé en esta columna que debemos tener en mente las razones por las que necesitamos una reforma fiscal. No la queremos, dije, para darle más dinero al Gobierno, porque el Gobierno no ha demostrado que sabe gastar lo que ya tiene. La necesitamos para hacer más competitiva nuestra economía, lo cual generaría más actividad económica y prosperidad.
Pero si bien no puedo negar que hay puntos positivos en la propuesta, encuentro demasiados negativos como para pensar que ésta es la solución a los problemas fiscales de nuestro país. Quizá la única virtud evidente que ha mostrado la reforma hasta ahora es que ha logrado lo que parecía imposible: unificar a los grandes empresarios y a López Obrador. El problema es que los está uniendo no en defensa de la iniciativa sino en su contra.
PROPUESTAS
Tras una reunión de sus gobernadores, líderes sindicales y dirigentes de partido, el PRD ha anunciado que presentará su propia propuesta de reforma fiscal. Es una buena idea. Es muy fácil criticar lo que proponen los demás, especialmente el Gobierno y muy difícil impulsar una iniciativa constructiva. Sería bueno, de hecho, que también el sector privado hiciera su propuesta. El tema es suficientemente importante para que todos aporten algo.
