Diversos sectores de la sociedad duranguense consideran que hoy más que nunca resulta necesario implementar el programa México Seguro en el territorio estatal.
Piden empresarios y políticos al Gobierno Estatal ya no menospreciar el nivel de inseguridad
El Siglo de Durango
Los sectores patronal y político coincidieron en que el Gobierno del Estado ya no debe desdeñar el nivel de inseguridad que vive Durango.
Hoy más que nunca –dijeron- resulta necesario implementar el programa México Seguro en todo el territorio estatal.
Mientras, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dijo que la violencia que se vive en la entidad vulnera el derecho de los duranguenses a la paz y a la tranquilidad.
Por ello, la CEDH consideró viable pedir más apoyo de las fuerzas federales y militares en la entidad, pese a los riesgos de que dicha presencia vulnere ciertos derechos como el de libre tránsito.
El líder empresarial Francisco Quiñones Gallegos, presidente de Coparmex, manifestó que los ataques con granadas a la Subprocuraduría de Justicia y la Secretaría de Protección y Vialidad en Gómez Palacio, es un reto amenazador del crimen organizado al Estado.
“Sabemos que es parte del discurso decir que la inseguridad no es exclusiva de Durango, pues está en todo el país; sin embargo, no es suficiente que nos digan eso y que se sigan minimizando los hechos”, expuso el vocero del sindicato patronal duranguense.
En tanto, el diputado federal Gustavo Pedro Cortez dejó claro que la presencia del crimen organizado al más alto nivel es innegable en Durango, pero, de manera contrastante lamentó que desde hace tiempo la batalla la hayan perdido las corporaciones de seguridad.
El legislador duranguense del Partido del Trabajo (PT) dijo que los hechos más recientes demuestran que el problema de la inseguridad está fuera de control, porque ahora suceden cosas que hace muchos años no pasaban en esta entidad.
“Lo de Gómez Palacio es un asunto muy grave y creo que este asunto ya rebasó al Gobierno. Por eso creemos que lo menos que debe hacer el Estado es pedir el programa México Seguro para intentar equilibrar la situación”, abundó el también líder de la Organización de Defensa Campesina.
Se le preguntó si podría tratarse de algún mensaje al Estado tras la balacera del sábado 21 de marzo donde murieron tres agentes de la DEI, y ahora este atentado en Gómez Palacio, que deja un muerto y varios heridos.
Y respondió: “Es un reto, porque han sido tocados los cuerpos de élite. Está claro que los cuerpos delictivos quieren ir a fondo y, por lo tanto, se tiene que dar una respuesta de ese mismo tamaño”.
El diputado federal consideró que en Durango puede ocurrir lo que sucedió en Nuevo León, donde el mandatario de aquella entidad quiso minimizar los hechos que ocurrían, pero los aceptó y pidió auxilio cuando ya tenía severamente rebasada la capacidad de reacción de sus fuerzas policiacas.
Opinión personal
Carlos García Carranza, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Durango (CEDHD), consideró que cualquier indicio de violencia provoca entre la sociedad la sensación de inseguridad e incertidumbre.
En ese sentido, reconoció que los hechos violentos reportados en esta entidad en las últimas semanas, pero en especial en los últimos días, tienen a la ciudadanía con temor ya que se le ha violentado su derecho a vivir en calma, el derecho a la paz y la tranquilidad.
García Carranza en lo personal estimó favorable que se instale el programa México Seguro en Durango, dadas las circunstancias en las que se han presentado con mayor frecuencia hechos violentos vinculados al narco y al crimen organizado.
En ese sentido, cuestionado acerca de los riesgos de que se vulneren derechos humanos elementales como el libre tránsito con una mayor presencia militar y policial en Durango, el ombudsman puntualizó que en ese caso se valoraría.
“En materia de derechos humanos siempre ponderamos, pues en ese tipo de acciones siempre habrá un derecho vulnerado, pero ponderamos el bienestar colectivo sobre alguna violación particular que pudiera ocurrir”, agregó.
Dejó claro, finalmente, que la CEDH está en pro de la seguridad pública, pero, siempre y cuando se apeguen a derecho las acciones que hagan las corporaciones policiacas con ese fin.
