Urgen centro policiaco, donde sea
TORREÓN, COAH.- Al Consejo de Seguridad Pública no le interesa dónde se ubique el Centro Regional de Control de Crisis, sino que ya comience la construcción, pues de lo contrario no podrá iniciar operaciones este año. Baltazar Villarreal Montemayor, presidente del Consejo de Seguridad Pública, dijo que ya son más de tres meses los que las autoridades municipales y estatales se la han pasado gestionando el lugar para que se instale el Centro de Crisis.
“No afecta dónde lo hagan, pero necesitamos que ya comience la construcción. Matamoros o Torreón, no afecta, pero vemos que el Municipio todavía no desalojaba los vehículos que tenía en el corralón, que era una de las opciones y de plano se durmieron, no tienen el lugar para comenzar ya”.
El lunes el Fideicomiso aprobó que el Centro se construyera en el ejido San Miguel en Matamoros y no en predios del corralón de Torreón que son propiedad federal. Sin embargo, el miércoles el Estado reconoció que existe un litigio en el Tribunal Agrario por los terrenos en Matamoros, pero que no afectaba la construcción del Centro.
Por su parte, Homero Ramos Gloria, secretario del Gobierno del Estado, dijo que no se descarta la posibilidad de cambiar de nuevo la ubicación del Centro, en caso de que los consejeros determinen que no se instale en Matamoros. Afirmó que el Gobierno del Estado tiene “alternativas” para encontrar un nuevo inmueble.
A pesar que desde mayo se decidió el terreno donde se construiría el Centro en Torreón, Rodolfo Walss, secretario del Ayuntamiento, reconoció que hasta hace dos semanas el Municipio inició los trámites para lograr la desincorporación de los terrenos del área federal.
Villarreal Montemayor dijo que “el Municipio debió echarle más ganas al asunto, pero no se movió, lo ideal es que el Centro de Crisis hubiera quedado en Torreón”.
Los consejeros exhortaron a las autoridades locales a trabajar en conjunto con el Estado en esta obra.
Por su parte, el ex alcalde de Matamoros, Jesús Contreras Pacheco, quien a nombre del Municipio donó en 1997 al Estado las 8 hectáreas de terreno en San Miguel, aseguró que fueron entre 600 y 800 mil pesos los que el Estado pagó a ocho personas de indemnización, por lo que tiene las escrituras. Entre ellos se encontraba el actual comisariado ejidal, Roberto Ramírez.
