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Usurpación y fraude, delitos que enfrenta ‘funcionario’

Luis Morales

TORREÓN, COAH.- Usurpación de funciones y fraude en su modalidad de estafa, son los delitos que enfrenta el supuesto inspector de Desarrollo Social del Estado, que fue detenido por policías municipales, a petición de un grupo de personas que demandaba el incumplimiento en la entrega de vales para materiales que previamente habían pagado. Carlos Centeno Aranda, delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC), informó que Miguel Ángel Bravo Olivares, de 22 años, abandonó la mañana del martes la cárcel municipal para llevarlo a las celdas de la Policía Ministerial, mientas concluye el plazo para la integración de su averiguación previa.

Bajo el folio 1249/07, se integra el expediente donde aparecen tres particulares y la función pública, como afectados en la probable comisión de los citados delitos, que en ninguna modalidad son graves y tienen el beneficio de la libertad bajo fianza. Al momento de la detención de Bravo Olivares, la tarde del domingo 26 de agosto, se aseguró en el interior de su camioneta, una lista de dos hojas donde aparecen los nombres de algunos afectados que pagaron los materiales que no han recibido. La captura del supuesto funcionario fue mediante la intervención de un grupo de 10 personas, de las aproximadamente 200 afectadas, que lo retuvieron el domingo en Paseo Tecnológico y Vasconcelos y lo entregaron a las autoridades.

Miguel Ángel Bravo se identificó ante los defraudados como empleado del Estado y aseguró que fue empleado de la Dirección de Participación Ciudadana de Desarrollo Social Municipal, hace un año. Sin embargo, su nombre todavía aparecía como empleado en la página de Internet del Municipio.

Fue la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna quien presentó la denuncia en la PGJE, y la medianoche del lunes 28 se vence el plazo para consignar a Bravo Olivares, o en caso contrario, tendrá que recuperar su libertad mientras se lleva el proceso penal sin estar internado; además falta que en su momento el juez penal decrete la legal retención del involucrado.

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