Habrá mano dura contra distribuidores que influyan en el precio de la tortilla, advierten.
El Siglo de Torreón
Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha un agresivo operativo de verificación y vigilancia para detectar prácticas abusivas y de acaparamiento en las bodegas y centros de acopio de los principales distribuidores de maíz en todo el país.
Entrevistado por la AEE, el titular de la Profeco, Antonio Morales de la Peña, explicó que con este nuevo esquema se busca detectar prácticas desleales o abusivas, acciones de acaparamiento u ocultamiento de granos, o incluso negativas explícitas para vender maíz, con la finalidad de limitar la oferta y encarecer los precios.
Y es que a pesar del Pacto Nacional para estabilizar el precio de la tortilla en 8.50 pesos que firmó el presidente Felipe Calderón hace unos días, no se ha logrado contener el encarecimiento de ese producto básico.
Por ello, aseveró Morales de la Peña, la Procuraduría Federal del Consumidor endurecerá sus medidas de supervisión para documentar posibles casos de acaparamiento y de ser el caso, presentar las denuncias pertinentes ante la PGR.
?Insistimos en que el consumidor debe comparar precios y debe castigar a quienes estén abusando con el precio y que no compren si lo están dando más caro?, enfatizó Morales de la Peña.
De acuerdo con el Artículo 153 del Código Penal ?dedicado a los delitos contra el consumo- se considera una falta grave el acaparamiento, la ocultación o la injustificada negativa para la venta de productos con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto de los consumidores
Esta práctica, de ser documentada y probada, puede alcanzar una pena que va de los tres a los diez años de prisión.
En este sentido el ex diputado federal originario de Aguascalientes aseguró en tono enérgico que no se permitirán prácticas de acaparamiento por parte de distribuidores y se actuará ?hasta las últimas consecuencias? en ese sentido.
En el caso de los especuladores de maíz, el Artículo 25 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor faculta a la Procuraduría a suspender la comercialización de productos cuando se afecte la economía de una colectividad de consumidores.
También en el Artículo 128 se determina que son ?casos graves? cuando se trate de productos básicos como alimentos de consumo generalizado, mientras que en el Artículo 66 se establece que se puede considerar como una práctica abusiva, el acaparamiento, el almacenamiento o el ocultamiento de productos para influir en el precio.
?Tenemos las atribuciones y la responsabilidad de actuar cuando se da un notorio incremento de precios a partir del acaparamiento, por eso este nuevo programa de revisión de bodegas?, explicó Morales de la Peña.
Además, dijo, se mantendrá una estricta vigilancia en los puntos de venta de tortilla en todo el país.
?Recibimos la instrucción presidencial de coadyuvar en poner un freno a los incrementos, pues si bien esto está originado en una parte por el alza en el precio del maíz a nivel mundial, resulta excesivo y sin justificación alguna el que haya lugares donde se estaba vendiendo a 15 o hasta a 18 pesos por kilo?, dijo.
En un primer balance a dos semanas de que se firmó el pacto nacional para frenar el precio de la tortilla, Morales de la Peña detalló que se han realizado más de mil 100 visitas de verificación, de las cuales se desprendieron 135 procesos administrativos por prácticas abusivas, se inmovilizaron 35 básculas por despachar kilos incompletos, se colocaron 12 sellos de advertencia y se cerraron definitivamente dos tortillerías.
Mencionó que en la página de Internet de esa dependencia se dispuso un link especial en el que el consumidor puede consultar el precio de tortillas en las distintas zonas del país.
Una Profeco ?con dientes?
A un par de meses de haber recibido el encargo de convertirse en el abogado de los consumidores, Morales de la Peña asegura que la Profeco cuenta con las atribuciones necesarias para vigilar e intervenir en casos de abusos contra la población.
?Uno podría decir que la Profeco no puede hacer nada si alguien quiere vender un producto a cualquier precio, pero tenemos las atribuciones suficientes para participar y vigilar que no se den estos actos graves?, aseveró.
El ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados durante la LIX Legislatura adelantó que entre sus prioridades al frente de la Profeco estará el fomentar una cultura inteligente y de prevención para que los consumidores conozcan sus derechos y dejen atrás el mal hábito de ser conformistas o de no presentar denuncias para evitar problemas.
Por ello, dijo, se facilitará el proceso para que los ciudadanos puedan presentar sus quejas, introduciendo la utilización de nuevas tecnologías como el Internet.
Mencionó que es indispensable mejorar la comunicación con los proveedores para que tengan pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones, con el objetivo de disminuir el número de quejas o aumentar nuestro porcentaje de conciliaciones inmediatas.
Como parte de este esfuerzo para generar una cultura del consumo inteligente, Morales de la Peña impulsa la puesta en marcha de un buró comercial, similar al Buró de Crédito, en el consumidor puede acceder para ver cuál es la trayectoria de un proveedor, cuántas quejas tiene y cuántas conciliaciones inmediatas ha logrado.
Buscará además la creación de un Registro Público de los Consumidores en el que las personas puedan registrar su nombre y se obligue a las empresas que utilizan el telemarketing a solicitar ese registro para impedir que molesten a horas indebidas.
Entre las prioridades operativas del nuevo procurador está la profesionalización de los inspectores, para erradicar la corrupción y darle certidumbre jurídica a los proveedores.
Reconoce que como último eslabón de la cadena de supervisión, el inspector representa un ?foco rojo? en los análisis de riesgos porque es una posición susceptible de corrupción, aunque hasta el momento no se ha detectado ningún caso.
