Según me ha contado mi estimado maestro Antonio Alanís, don Jesús Reyes Heroles, padre, solía decir que cuando una norma es obstáculo para solucionar un asunto de Estado, “hay que darle vacaciones a la Ley” y no fijarse en aquella norma para poder dar una respuesta adecuada a las exigencias de la ciudadanía.
Esto parece estarle sucediendo al presidente Felipe Calderón, que, contra lo que dispone el texto constitucional, está proponiendo la creación de un cuerpo de apoyo, de Fuerza federal, que es “una agrupación de militares que tendrán la misión de apoyar a los gobiernos estatales y locales, a contrarrestar actos de perturbación a la paz social, de restaurar el orden y la seguridad pública y de atacar el crimen organizado”.
Como se advertirá, la finalidad es muy clara y constituye una buena respuesta a los requerimientos sociales que demandan con urgencia se frene la violencia desbordada que se da en toda la República, de manera especial en ciertos estados, en donde día a día, se cometen homicidios y horrendos crímenes que alteran la tranquilidad ciudadana.
Pero resulta que el texto constitucional, concretamente, el Artículo 129, de la Carta Fundamental, establece claramente que: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Salta a la vista que las funciones que el presidente quiere asignarle a ese cuerpo que está por crear no es de las que tienen conexión con la disciplina militar y ahí es donde se platea el dilema. ¿A qué atender? ¿Al texto constitucional o a los requerimientos sociales?
Está visto que el Estado tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para combatir al crimen organizado, que se muestra incontenible. Pero la normatividad constitucional parece obstaculizar la consecución de la finalidad mencionada.
¿Qué hacer entonces? ¿Aplicar estrictamente la Ley y no formar, con militares, ese cuerpo? O por el contrario, recurrir a los elementos más experimentados y confiables que tenemos para enfrentar al crimen organizado, pero sin hacer caso a la norma constitucional.
He sido profesor de Derecho Constitucional durante muchos años. Puedo decir que amo y respeto profundamente el texto constitucional. Pero, ¿qué hacer en un caso como el comentado?
Lo primero que se me ocurre es proponer que el presidente envíe al Congreso una iniciativa para reformar el texto del 129, a fin de lograr la cobertura jurídica necesaria para poder lograr su objetivo. Y después crear ese cuerpo.
Pero, si como están las cosas en el Poder Legislativo, la iniciativa no prosperara, sin remedio, debe darle vacaciones a la Ley y crearlo sin más porque la finalidad es buena.
Claro está que se corre el riesgo de que, en adelante, el presidente pueda hacer lo mismo en algún aspecto o con alguna finalidad, que nos sea de innegable bondad para la sociedad, pero habrá que correr el riesgo y confiar en la prudencia del presidente.
Este tema dará, en las próximas semanas, elementos para comentar aún más. Por ahora baste con esta sencilla reflexión.
ADDENDA II
Respecto del tema que comenté aquí la semana pasada, debo hacer algunas precisiones.
En primer término, volamos de Monterrey a Torreón en Aerolitoral y no en Aerocalifornia, por lo que el temor de Claudia, no era del todo fundado, si bien se trataba de un avión chico, de ésos en los que ella afirma que no cabe parada y por tanto no le agrada utilizarlos. Tal vez se quedó acostumbrada al Campo Alianza y a trasladarse agarrada del tubo de aquellos camiones que fueron nuestro medio cotidiano de transporte en la época juvenil.
En segundo lugar, los que hicieron el favor de ir hasta Monterrey por Claudia y sus queridas hermanas, fueron César Ernesto y su esposa Claudia, cuya generosidad nunca ha estado en duda y nos la demuestran constantemente.
En tercer lugar y más importante que las precisiones anteriores, debo consignar que el lunes temprano me llamó el subdelegado de Migración, en Torreón, Wilebaldo Batancourt Solís, para aclararme que el personal a su cargo nunca recibió en la noche del jueves pasado, una solicitud de extensión para recibir a los pasajeros del mencionado vuelo de Mexicana, por lo que, si esta aerolínea no hizo las gestiones necesarias, la responsabilidad del desvío fue de ella y no de Gobernación.
Con ello se refuerza mi creencia de que el problema lo generó Mexicana y lo resolvió a su conveniencia y sin tomar en cuenta la seguridad de los pasajeros que transportaba a Torreón.
Para colmo, el sábado por la mañana me entero de que una de las camionetas en las que se transportaban algunos de los pasajeros, de Monterrey a Torreón, al detenerse a cargar combustible en una gasolinera de aquella ciudad, se vieron en medio de un fuego cruzado, por un enfrentamiento que se dio ahí entre delincuentes y el vehículo fue impactado por dos disparos de grueso calibre.
A eso y más exponen a la gente cuando no la atienden debidamente.
Reitero mi comentario final de la semana pasada. Qué le vamos a hacer. Así se dan algunas cosas en este país.
