Las noticias recientes que llegan al extranjero procedente de México son -en su mayoría- negativas y ligadas al clima de violencia que impera en varias regiones de la República.
Por un lado se anuncian planes y operativos en contra del crimen organizado, pero por el otro se reportan asesinatos en serie, secuestros, ola de robos y constantes denuncias sobre el contubernio entre autoridades y delincuentes.
En entidades del Norte del país como Tamaulipas y Baja California la colusión entre narcotraficantes y jefes policíacos es impresionante además de creciente en términos de volumen e intensidad.
La semana pasada se difundió un video en donde un supuesto operador del Cártel del “Chapo” Guzmán denuncia la colaboración en el crimen organizado del procurador de Baja California, Antonio Martínez Luna.
Por su origen la acusación resulta débil y en ocasiones contradictoria, pero los detalles que menciona el denunciante en cuanto a crímenes realizados por la mafia en dicha entidad son por demás escalofriantes.
El delincuente de nombre José Ramón Velázquez Molina ocupó un importante cargo de seguridad durante el Gobierno de Ernesto Ruffo y tiempo después se pasó del lado de los narcotraficantes.
El individuo fue ejecutado hace semana y media, unos días después de la grabación del video y para no dejar duda de la amenaza su cuerpo fue dejado frente al domicilio de la novia del procurador Martínez Luna, en la ciudad de Mexicali.
El video desató un gran escándalo en los medios locales e incluso en algunos nacionales, pero rápidamente el procurador Martínez salió a defenderse ante la radio, prensa y televisión bajo el argumento de que se trataba de una difamación más del crimen organizado para intimidar a las autoridades en su lucha contra el crimen organizado.
Esta es la segunda vez que un secretario del Gobierno de Eugenio Elorduy recibe un amenaza abierta por la delincuencia organizada. En abril del año pasado el secretario de Seguridad Pública, Manuel Díaz Lerma, fue baleado cerca de su casa en un atentado del cual salió ileso.
En los últimos meses varias decenas de policías de distintos niveles han sido asesinados en Baja California dentro de las guerras internas entre los cárteles de la droga. En enero de 2004, el subprocurador de Justicia de Baja California, Rogelio Delgado Neri, fue ejecutado en un bar de Tijuana, crimen que como muchos otros jamás fue aclarado.
La complicidad entre autoridades y narcotraficantes mexicanos es más que conocida e incluso tolerada por los órganos de justicia mexicanos.
Las denuncias que surgen en los medios de comunicación e incluso que son presentadas ante los tribunales correspondientes no son investigadas y en la mayoría de los casos son además cubiertas por los polvos del tiempo y el olvido.
Recordamos en nuestros primeros años de reportero, allá en la Ciudad de México, la nota policiaca más escandalosa por muchos años fue el asesinato de un ex funcionario público y su esposa que fueron acuchillados por su nieto debido a cuestiones familiares.
El caso fue cubierto durante varios años por los medios el cual se resolvió favorablemente con la detención, el juicio y la sentencia del joven asesino de nombre Gilberto Flores Alavez.
Hoy los crímenes y ajusticiamientos son de proporciones mayúsculas con evidencias múltiples y aún así la justicia se imparte sólo contadas ocasiones. ¿Qué pasa, pues, en México? ¿En dónde quedaron los valores y el respeto por el ciudadano y por la sociedad mexicana? ¿Hasta cuando?
Envía tus comentarios a
josahealy@hotmail.com
