Van contra empresas del DVR

Harán otro dictamen antes de iniciar la demolición.

Torreón, Coah.- El Gobierno del Estado prepara las demandas civiles contra las empresas que participaron en el proyecto, supervisión y construcción del Distribuidor Vial Revolución (DVR) para reclamarles el resarcimiento del daño causado al erario, al construir una obra mal hecha que costó 168 millones de pesos en 2003 y ahora implicará alrededor de 258 millones de pesos demolerla y reconstruirla.

Jesús Torres Charles, procurador de Justicia en el Estado, reconoció que ya vencieron las fianzas que en su momento depositaron la constructora Acolsa, la proyectista BM y Coordina, supervisora externa de la obra, estas dos últimas con oficinas en la Ciudad de México, sin embargo afirmó que hay los recursos legales para proceder contra ellas con el aseguramiento de sus bienes para garantizar que paguen, en la proporción de lo que fue su participación.

En conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario general de Gobierno, Homero Ramos Gloria, el procurador informó que se procederá civilmente contra las empresas en vez de la vía penal, ya que su responsabilidad es contractual. Para ambos funcionarios, hay confianza en recuperar el daño causado al erario, incluso se demandará ante el juez que no solamente se finque sanción penal contra Manuel Gómez Parra ex subsecretario de Caminos y Puentes, sino también se le exija la reparación del daño.

“La percepción de que Gómez Parra es un chivo expiatorio, es motivada por expectativas fundadas en creencias, nosotros estamos estableciendo quién tenía la obligación de hacer las cosas y la responsabilidad que conlleva. Gómez Parra era subsecretario de Obras Públicas y tenía esa responsabilidad legalmente de supervisar los caminos y puentes de acuerdo con las normas aplicables”, afirmó el procurador.

La averiguación previa de la PGJE, es una de las vías que se están siguiendo en el caso DVR ya que, según Torres Charles, abarca además una investigación administrativa en curso que consiste en “el inicio del procedimiento de responsabilidad oficial para reclamar a los servidores públicos por faltas administrativas en el cumplimiento de su función y pudieran representarles un apercibimiento, sanciones administrativas o la inhabilitación”.

El proceso civil contra las empresas, será realizado por la Secretaría de Gobierno y a este respecto Homero Ramos Gloria indicó que comenzará la semana próxima.

“Será a través de la subsecretaría de Asuntos Jurídicos que se trabaje para reunir los elementos necesarios tendientes a solicitar la reparación del daño resultante de una amputación de responsabilidades”.

El secretario de Gobierno declaró que hay interés del Gobierno del Estado en concluir por la vía penal y civil este caso y proceder a la demolición del DVR, lo que es una decisión tomada y fundada.

“A este respecto, se han manejado algunas políticas públicas de oposición por parte del alcalde y miembros del Ayuntamiento, en razón de lo cual, la postura es de rechazo a la politización de un asunto de naturaleza jurídica y civil. Y hacemos presente la preocupación real del peligro que representa la obra, por lo cual solicitamos la no-politización de una situación que debe tener un cariz real y la postura de José Ángel Pérez no es la adecuada en este caso”.

Un nuevo dictamen

Torres Charles dijo que por seguridad pública el DVR tendrá que demolerse, lo cual ocurrirá a mediados de septiembre. Pero antes, se tendrá que hacer un nuevo dictamen que es un procedimiento llamado “aseguramiento de pruebas” que significa practicarle un nuevo dictamen de manera que la evidencia de las fallas quede en poder del juez y se pre-constituye o acredita la prueba.

Es decir, antes de que inicie el juicio civil, ante la presencia de la autoridad judicial, nuevos peritos vendrán a Torreón para tomar muestras de concreto que sean necesarias del DVR y harán mediciones topográficas y se hará una inspección del puente en su totalidad. Este trabajo, junto a sus resultados, incluyendo las pruebas de laboratorio de concreto durará entre seis y siete semanas.

Yo avisé, dice Gómez Parra

Manuel Gómez Parra, ex subsecretario de Caminos y Puentes de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas, alegó ser inocente y aseguró que “daba aviso de todo a sus jefes entre ellos al secretario de Obras Públicas Jorge Viesca Martínez”, al presentarse voluntariamente el pasado lunes a declarar, luego de que se giró una Orden de Comparecencia en su contra por la jueza primero letrado penal, Silvia Ortiz Castañeda, como presunto responsable de las fallas en la construcción del Distribuidor Vial Revolución.

“En su declaración preparatoria en general niega los hechos y asegura que la responsabilidad que se le imputa no estaba entre sus funciones”, informó la jueza que lleva caso, Silvia Catalina Ortiz Castañeda.

Explicó la jueza que el domingo vence el plazo legal para declarar si Gómez Parra “queda sujeto a proceso penal o queda no sujeto a proceso”, lo que determinaría si el ex funcionario estatal se mantiene o no como único acusado penalmente por la obra defectuosa.

Sin embargo, ante la eventualidad de que haya elementos para ser procesado, Gómez Parra seguirá su juicio en libertad e incluso ante una eventual sentencia condenatoria no pisará la cárcel, pues el delito que se le sigue se castiga en Coahuila con entre un mes y cinco años de prisión.

Por su parte Jesús Torres Charles, procurador de Justicia del Estado, comentó que Gómez Parra no presentó pruebas de su dicho y su inocencia como pudieran ser tarjetas informativas, oficios dirigidos a sus jefes.

“El problema es que el ex subsecretario de Caminos y Puentes no sólo tenía que dar aviso a sus jefes sino también que, no exigió responsabilidades a las empresas y funcionarios involucrados en la construcción y permitió el uso de recursos públicos para corregir los defectos de la obra, con lo cual perjudicó además los intereses del Estado”, afirmó el procurador.

Durante los once meses que duró la averiguación de la PGJE comparecieron 40 personas, la mayoría de la Secretaría de Obras Públicas y entre ellas, actuales funcionarios públicos como Virgilio Verduzco, subsecretario de Obras Públicas, Ernesto Garza, director del área técnica y Jorge Martell, director de Construcciones y quienes participaron en las primeras fases de la construcción del DVR. Este último representó a la supervisora externa Coordina.