Aspecto del portal de Internet del Ayuntamiento de Gómez Palacio en donde se le promueve como un municipio transparente. El IFAI lamenta lo que ocurre en esta ciudad y en general en el estado de Durango, en materia de acceso a la información en donde, advierte, se da una simulación.
Lo que sucede en Gómez Palacio es un lamentable precedente, dice María Marván, comisionada presidente del IFAI
EL SIGLO DE TORREÓN
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) manifestó que existen leyes de simulación en la materia donde la aplicación de cobros por copia certificada, como sucede en el Estado de Durango y en particular en Gómez Palacio, representan una traba para quien solicita información, con lo que se inhibe la transparencia.
María Marván Laborde, comisionada presidente del IFAI, informó que en el ámbito nacional las leyes estatales de transparencia son heterogéneas no sólo en la composición del órgano que vigila la ley, “sino inclusive en lo que se puede pedir; en Durango, por ejemplo, no se puede pedir información del presupuesto. ¿Para qué queremos una Ley de Transparencia si no se puede solicitar esta información?”.
La funcionaria indicó que frente al derecho de acceso a la información “permanece la Ley, pero el incrementar los cobros y a nivel de Ley ponerle un costo de hasta 50 pesos por cada página de información, es ponerle una traba”.
Lo anterior lo dijo en relación al cobro de 46.7 pesos por copia certificada que realiza el Ayuntamiento de Gómez Palacio por concepto de derechos, que la Dirección Jurídica del Municipio fundamenta en la Ley de Ingresos Municipal aprobado por el Congreso del Estado de Durango.
Marván Laborde consideró que la aplicación de estos cobros “es como decirle al ciudadano no me pidas información porque te va a costar muy caro. Es verdaderamente una de las preocupaciones centrales: el cómo hay leyes de verdadera simulación y formas sutiles o grotescas de hacer inútil el ejercicio de este derecho”.
La comisionada presidente del IFAI consideró que lo que sucede en Gómez Palacio y en Durango en general es un lamentable precedente “porque en realidad lo que se hace es negar el acceso a la información, o lo que es peor, generar privilegios en esta materia: los ricos tendrán acceso a la información”.
El pasado 18 de marzo, El Siglo de Torreón informó sobre el cobro de más de 345 mil pesos para obtener información certificada del uso de recursos públicos, a través de facturas de las cajas chicas del Municipio; de la adquisición de cemento para el programa Mariana Trinitaria entre 2004 y 2006; del pago a compañías aseguradoras; sobre boletos de avión adquiridos por la Presidencia, de las facturas de pago telefonía celular y del proyecto ejecutivo de reubicación de vendedores ambulantes de la avenida Victoria.
INUTILIZAN EL DERECHO
“(Aplicar altos cobros) es como decirle al ciudadano no me pidas información porque te va a costar muy caro. Es verdaderamente una de las preocupaciones centrales: el cómo hay leyes de verdadera simulación y formas sutiles o grotescas de hacer inútil el ejercicio de este derecho”.
María Marván Laborde, comisionada presidente del IFAI
