Nuestros subagentes se pusieron a hurgar en archivos universitarios para ver qué calificación se sacó el vicealcalde Rodolfo Walss en la cátedra de Procedimientos cuando estudiaba para abogado. Y es que el principal arquitecto de la controversia constitucional que puso el Municipio contra la Secretaría de Desarrollo Regional omitió el detalle de pasar por el Cabildo la petición a la Suprema Corte para que levante la suspensión de obras que el mismo Municipio había pedido. Total que los ministros le jalaron bien feo las orejas al secretario del Ayuntamiento y el alcalde José Ángel Pérez, más rápido de lo que termina un par vial, metió el tema en la sesión del Cabildo el miércoles para que los regidores aprobaran la solicitud. Don Rodolfo se justificó diciendo que la Corte quería que las cosas estuvieran bien amarradas con una acta de Cabildo, pero ni eso lo salva, pues huelga decir que si las cosas se hubieran hecho bien, las obras ya podrían haberse reanudado, pero ahora tendremos que esperar unos días más. En la Presidencia Municipal, cuentan los subagentes disfrazados de pájaros en el alambre, crecen las voces entre los propios panistas que apuntan a don Rodolfo como la causa de los traspiés en la famosa controversia. El vicealcalde dice que la Corte no rechazó reanudar las obras, lo cual es técnicamente cierto, pero tan cierto es que tampoco las ha reanudado, o sea que para efectos prácticos seguimos en las mismas. El gober Humberto Moreira, contrario a su costumbre, se apretó la rienda y no empeoró las cosas con algún comentario sobre la destreza jurídica del Ayuntamiento. Por cierto, si alguien ve por ahí al vicegobernador Eduardo Olmos, favor de llamar al número telefónico de personas perdidas para decir que ya apareció.
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El que se metió en un pantano del que difícilmente saldrá con el plumaje intacto es el alcalde interino de Lerdo, Antonio Oliva, que al parecer heredó la Administración de Ciudad Jardín hecha un desastre que tiene la firma de Rosario Castro Lozano, alcaldesa entre septiembre de 2004 y febrero pasado, pues es difícil pensar que don Antonio, su sucesor, haya podido fastidiar todo en seis meses por mucho empeño que haya puesto. Resulta que el Municipio de Lerdo, así nomás, se quedó sin dinero y no tiene para pagar ni nómina ni proveedores, ni siquiera la gasolina para las patrullas o el recibo de luz. Esto último provocó que la CFE le cortara la energía, aunque los muchachos de Alumbrado remediaron rápido el problema con el clásico “diablito”, con lo cual la Administración municipal se puso en la misma categoría que un tabarete de ambulante poco serio. Esto, desde luego, enfureció más a la CFE, que volvió a cortar la luz, quitó el “diablito” y blindó las líneas y ahora amenaza con cortar la electricidad de dos norias, lo que dejaría a muchos sufridos lerdenses sin agua. Así están las cosas una semana antes de que el PAN entregue, a regañadientes, el Gobierno municipal al priista Carlos Aguilera, que desde antes de sentarse en la silla ya las ve negras. Y es que para empeorar la cosa, don Antonio se empecinó en retrasar la entrega-recepción hasta que el Tribunal Electoral de la Federación diga la última palabra sobre los comicios, luego de que el Tribunal estatal mandó por un tubo la impugnación del PAN. Don Carlos dice que él no ha visto ningún papel. El Gobierno del Estado, por su parte, le dejó el bulto a don Antonio con el argumento de que ellos ya se pusieron con un dinero. A pesar del caos, todo lo demás es armonía, como mostraron los regidores del PAN y PRI ayer cuando se fueron a tomar un cafecito antes de la sesión de Cabildo, pero se esfumaron en cuanto vieron a los fotógrafos que los andaban balconeando. Sin embargo, nuestros subagentes comentan que el alcalde saliente podría enfrentar una investigación de parte del Congreso local, que con gusto le entraría a meterle un calambre al clan Castro Lozano. Mientras tanto, doña Rosario ni se entera, contenta de vivir “fuera del error” en la nómina federal.
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Gómez Palacio también se prepara para el cambio de Gobierno y al parecer, el alcalde Octaviano Rendón cuenta con ansias los días para dejarle la silla a Ricardo Rebollo, que anduvo esta semana en Durango, recibiendo las últimas instrucciones del gober Ismael Hernández Deras. Don Ricardo sigue guardando con celo la lista de sus colaboradores, mientras los suspirantes se quedan mordiéndose las uñas en lugar de un “hueso”. Don Ricardo, cuentan por ahí, está esperando al último minuto para evitar las puñaladas traperas, pero esto puede dejar a oscuras a los futuros beneficiarios de la nómina sobre lo que ocurre en las dependencias que van a ocupar y que no se enteren de nada hasta que empiecen a trabajar. Para como están las cosas en Gómez Palacio, lo último que necesita la ciudad es un Gobierno que se pase los primeros meses aprendiendo cómo se maneja el changarro.
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Regidores de la peronera capital anduvieron por estas tierras para hermanar a Saltillo con Torreón ahora que cumplimos cien años. Los peroneros regidores también trajeron la noticia de la calle que bautizarán allá con el nombre de “Torreón 100” para corresponder, treinta años después, al detalle que, en un acto de extrema generosidad, tuvimos con la “Saltillo 400”. Lo curioso del asunto es que el anuncio de que iba a haber tal calle fue hecho originalmente por el gober Humberto Moreira que, al parecer, no ha dejado el puesto de alcalde de Saltillo. El gober, perdón, el Ayuntamiento de Saltillo, escogió un ancho bulevar allá por el sur de la ciudad que seguramente no tardará en poblarse de espectaculares de Humberto Moreira y José Ángel Pérez.
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Y hablando de anuncios, nuestros subagentes que transitan por la autopista a la peronera capital comentan irregularidades en los anuncios del gober Humberto Moreira promocionando la ampliación de la carretera. Por un lado, el gober Moreira está haciendo caravana con sombrero ajeno, pues los fondos para la obra son del Gobierno Federal. Pero además, es posible que los anuncios violen las disposiciones sobre señalamientos en carretera, tanto en sus dimensiones, como en los colores y en la ubicación sobre terrenos federales. Los anuncios no dejan de recordar al viajero que la ampliación de los acotamientos la debemos a la gracia del gober, pero es razonable pensar que los automovilistas preferirían mejor señalización de las carreteras del Estado que podrían salvar vidas, a los anuncios el “Gobierno de la gente”.
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