Si la fracción priista en la Cámara de Diputados guarda alguna consideración a quienes son sus miembros y también forman parte del sector campesino del PRI, el veto presidencial a la ley de bioenergía puede constituirse en un nuevo obstáculo al consenso respecto de las reformas fiscal y electoral que están en curso. Es que la CNC ha denunciado la presentación de observaciones a ese instrumento legislativo como un incumplimiento panista a acuerdos legislativos, que privarían de credibilidad a las bancadas del blanquiazul en el Congreso y al propio presidente Felipe Calderón.
El primero de septiembre Calderón vetó la ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos aprobada por el Legislativo en abril pasado. Independientemente del contenido de las observaciones, a que me refiero enseguida, causó irritación en el sector campesino priista el que a sus diputados se les haya tomado el pelo en un caso de condicionamiento recíproco entre iniciativas de reforma legal, como el que ahora se ha establecido entre la fiscal y la electoral. El 26 de abril pasado se efectuó un canje de favores legislativos: los priistas accedieron a aprobar dos minutas que interesaban al Gobierno Federal y la bancada del PAN, referidas a las leyes de sanidad vegetal y animal, mientras que demandaron en reciprocidad apoyo a la ley de bioenergía, apoyo acordado por los panistas. Pero ahora el veto presidencial, tan extenso que equivale a la emisión de una nueva ley, deja en mal a los diputados panistas, señalados por la CNC por “faltar a su palabra e incumplir acuerdos pactados con los legisladores del Partido Revolucionario Institucional”.
El 5 de diciembre de 2005 el diputado Cruz López Aguilar, ahora presidente de la CNC y su colega José María de la Vega Lárraga presentaron un proyecto de ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos que fue aprobado en san Lázaro el 7 de febrero de 2006. Recibida la minuta en el Senado, esa Cámara celebró en marzo un foro sobre el presente y el futuro de la bioenergía en México y el 27 de abril del año pasado hizo enmiendas a la minuta de la Cámara de Diputados, por lo que le fue devuelta. Abordada de nuevo en San Lázaro, los diputados se allanaron a las enmiendas y la ley fue aprobada el 26 de abril de este año, ya con una nueva Legislatura en funciones. En junio fue remitido el decreto correspondiente al Ejecutivo para su publicación y en vez de hacerlo la Presidencia de la República decidió vetar la ley. El propósito básico es sacar el tema de los bioenergéticos del ámbito de la administración agrícola y rural, acaso por considerar que es vulnerable a la presión de las organizaciones campesinas que veían la ley como una conquista suya.
Por eso es relevante, entre las siete observaciones a la ley (a la que el veto presidencial se refiere como proyecto, acaso porque las objeciones fueron formuladas cuando aun mantenía ese status y no fueron provocadas por la norma ya acordada por el Legislativo) la que figura en la número tres, en que reivindica el papel rector que corresponde a la Secretaría de energía sobre la de Agricultura. Calderón piensa que “las facultades de la Sagarpa en materia de bioenergéticos deben circunscribirse a las cuestiones agrícolas, es decir a la promoción y desarrollo de insumos para bioenergéticos, mientras que a la secretaría de Energía debe otorgársele las facultades en materia de producción, transporte y comercialización de los propios energéticos”. Igualmente el veto objeta y propone modificar atribuciones en la materia de la Comisión intersecretarial para el desarrollo rural sustentable. Esta comisión, por cierto, se estableció en la Ley del desarrollo rural sustentable, cuya primera versión fue vetada por el presidente Vicente Fox y rehecha en términos que disminuyeron la presencia e influencia de las organizaciones campesinas.
Asimismo, Calderón reprocha a la ley el que “difícilmente tendrá como resultado el desarrollo óptimo del mercado… debido al enfoque primordialmente agrícola” en que se sustenta. La norma debe, en cambio, incluir el “desarrollo de nuevas tecnologías de conversión para diversificar las fuentes de biomasa”.
El veto repara también en un tema polémico, el de la seguridad alimentaria y la utilización del maíz para producir bioenergéticos, que la CNC percibió como una oportunidad para que los maiceros mejoren su actividad y la remuneración a su trabajo. En cambio, Calderón considera que la ley no toma “en consideración la dependencia nacional de las importaciones de maíz y la fragilidad de su precio, derivada de las especulaciones de mercados internacionales”. El veto a su vez no considera como incentivo para los productores nacionales, aunque cita las cifras, el que la OCDE estima que en los próximos diez años el precio del maíz aumentará entre 20 y 50 por ciento, “debido al rápido crecimiento del sector de los biocombustibles”
El veto presidencial comprende otros temas, como la distinción entre producción y consumo de biocombustibles, la introducción gradual de los bioenergéticos al mercado mexicano, la asignación del gasto público en la materia y aun la participación mexicana en el mercado de bonos de carbono. Desearía verlos incluidos en la ley que resulte de sus observaciones o tratados de otra manera. Veremos si el legislativo se allana a su exposición. Por lo pronto, la legislación en una materia que evoluciona rápidamente, sufrirá un retraso que puede durar no sólo semanas o meses, sino años.
